Históricamente, pero sobre todo en los últimos años, diferentes políticos y comunicadores han lanzado no sólo opiniones sino hechos y datos falsos que pretenden asociar al Grupo Clarín.



  El 2 de marzo del 2017, militantes del Partido Obrero junto a la ex comisión interna de AGR cortaron durante tres horas la Autopista 25 de Mayo. Durante la manifestación, el delegado Pablo Viñas sostuvo que:

“Los despidos son ilegales porque no se cumplió el procedimiento preventivo de crisis”.

Falso. Los despidos son absolutamente legales. Ese procedimiento no es una obligación, es una opción que la ley y la justicia laboral le dan a las empresas justamente para pagar indemnizaciones reducidas, es decir para beneficiar a las empresas. Aquí se decidió no utilizar esa opción y pagar las indemnizaciones legales completas más un plus adicional (20%) en beneficio de los trabajadores. También se les mantuvo la prepaga. En síntesis, se eligió el camino menos perjudicial para los trabajadores. Por eso más del 80% ya han cobrado sus indemnizaciones. La empresa lleva gastados 210 millones de pesos, un promedio de un millón por persona.

Viñas también dijo: “La empresa no está en crisis porque imprime las revistas de Clarín y otras que se venden en los kioscos. Es una maniobra para vaciarla y volverla a abrir con trabajadores precarizados”.

Falso. La empresa cerró el taller de barracas porque llevaba 4 años de pérdidas consecutivas, el último de más de 100 millones de pesos. Su producción cayó 70% en los últimos años. Sus productos centrales, guías telefónicas y catálogos comerciales, ya no se imprimen más. Las revistas sólo representan el 20% de sus ingresos y están lejos de alcanzar para revertir las pérdidas. Es la tercera planta de este tipo y tamaño que cierra por el cambio tecnológico. Los talleres que quedan en pie son mucho más chicos y por ende más competitivos para los clientes. La empresa viene alertando de esto desde hace cuatro años y proponiendo alternativas (retiros voluntarios, reasignación de tareas, reubicación en otras áreas). Todas fueron rechazadas sistemáticamente por la comisión interna. La decisión de cerrar la planta busca no agravar la crisis de la empresa para poder hacer frente a las indemnizaciones.


  El 23 de febrero de 2017 varios politicos y comunicadores kirchneristas dijeron que las frecuencias que Nextel compró para dar servicio 4G en realidad eran de la empresa estatal Arsat, y repitieron que Nextel las obtuvo en forma gratuita.

La afirmación es tan disparatada que hasta Alfredo Moreno, delegado de Foetra (Sindicato de las Telecomunicaciones) en ARSAT, lo negó y lo hizo en una entrevista en Radio Del Plata, uno de los medios que buscó instalar el falso rumor.

En abril del 2016, Cablevisión, a través de Nextel, pagó más de 150 millones de dólares para adquirir frecuencias de 900Mhz y 2,5 Ghz a través de cinco empresas que eran titulares de las mismas. Lo hizo con el objetivo explícito de comenzar a dar servicio 4G, ya que tanto Cablevisión como Nextel habían sido excluidas por el kirchnerismo de la licitación de este servicio, en 2014. Está operación fue pública y recibió la cobertura de todos los medios.

Para dejarlo más claro, las licencias que Nextel tiene para brindar servicio 4G las compró a empresas privadas. Se trató de una operación millonaria. No hubo ningún traspaso de licencias de Arsat hacía Nextel. Además, una reciente resolución del ENACOM obliga a Nextel a devolver parte de las licencias que compró para ser reasignadas entre sus principales competidores. Nextel terminará dándole frecuencias al Estado y no el Estado a Nextel.

Para poder usar sus frecuencias, Nextel -que tiene el 1% del mercado- tendrá que armar una red de cobertura desde cero (con miles de celdas, equipos, antenas, y terminales que no están en el mercado), lo que llevará una inversión adicional de 500 millones de dólares y 18 meses de trabajo.

O sea que para el segundo semestre de 2018 (cuando, en el mejor de los casos, la red esté en condiciones y Nextel pueda dar servicio 4G), el desembolso de Cablevisión/Nextel habrá sido superior a los 820 millones de dólares, sin haber sumado un solo nuevo cliente (los 170 millones de la compra de Nextel, los 150 millones de las frecuencias y los 500 millones de la red). Bastante más de lo que pagaron las telefónicas para dar 4G, con más del 30% del mercado cada una.


  El 22 de febrero del 2017, Ámbito Financiero –diario perteneciente a Cristóbal López- tituló “Gobierno le asignó (gratis) el 4G a Nextel, de Clarín”. La nota, que fue replicada por medios y voceros kirchneristas, dice que “la asignación de frecuencias para dar 4G a Nextel sin pagar un centavo, se venía gestando hacía varios meses” y que la empresa Telefónica tuvo que pagar sumas millonarias para poder dar ese servicio.

La afirmación es falsa por completo. Nextel terminará pagando por brindar 4G más que las telefónicas.

En abril del 2016, Cablevisión, a través de Nextel, pagó más de 150 millones de dólares para adquirir frecuencias de 900Mhz y 2,5 Ghz a través de cinco empresas que eran titulares de las mismas. Lo hizo con el objetivo explícito de comenzar a dar servicio 4G, ya que tanto Cablevisión como Nextel habían sido excluidas por el kirchnerismo de la licitación de este servicio, en 2014.

El valor pagado por Cablevisión/Nextel fue elevado para este tipo de frecuencias. Por ejemplo, en Chile por la banda de 2,5 Ghz se pagaron 12 millones de dólares.

Pero el costo fue aún mayor, porque los organismos regulatorios tardaron casi un año en autorizar a Nextel a utilizar estas frecuencias, y además le pusieron como condición “devolver” (en realidad entregar al Estado) una gran parte de las mismas, que serán reasignadas a las telefónicas que se reparten en tercios el mercado celular (Telefónica, Claro y Personal). Es decir que Nextel pagó por frecuencias que van a ser utilizadas por su competencia. Y lo hizo pese a ser el “operador entrante” o “cuarto operador”, con poco más del 1% del mercado. Este tipo de operadores son promovidos en los países desarrollados para favorecer la competencia, y se les otorgan frecuencias sin cargo o con pago diferido para facilitarles su instalación. Aquí eso no sucedió.

No sólo eso: las frecuencias que compró Nextel tienen un alcance y cobertura 10 veces menor que las frecuencias que adquirieron las telefónicas en la licitación del kirchnerismo. O sea, requieren 10 veces más inversión que las primeras en equipos y antenas para cubrir el mismo territorio. Si se usara la valuación de 2014, entonces las frecuencias deberían valer U$S 50 millones: lejos de los U$S 150 millones que pagó Nextel.

Además, para que Nextel pueda dar el servicio 4G no bastan las frecuencias, hace falta armar una red de cobertura desde cero (con equipos, antenas, y terminales que no están en el mercado), lo que llevará una inversión adicional de 500 millones de dólares y 18 meses de trabajo.

O sea que para mediados de 2018 (cuando, en el mejor de los casos, la red esté en condiciones y Nextel pueda dar servicio 4G), el desembolso de Cablevisión/Nextel habrá sido superior a los 820 millones de dólares, sin haber sumado un solo nuevo cliente (los 170 millones de la compra de Nextel, los 150 millones de las frecuencias y los 500 millones de la red). Nextel, una empresa argentina y entrante, terminará pagando más que las empresas globales y dominantes para poder empezare a brindar servicio en un mercado ya maduro, con más de 70 millones de líneas.

Pero las asimetrías entre Cablevisión y sus competidoras no se limitan sólo a inversiones. El Gobierno autorizó a las telefónicas a dar televisión por cable a comienzos del 2018, es decir que estas podrán dar cuádruple play (paquetes de telefonía fija, celular, internet y TV) desde enero próximo. Como se dijo antes, se calcula que recién para mediados de ese año, Cablevisión estará en condiciones de dar telefonía móvil.

Así, en la Argentina, las telefónicas –mucho más grandes que cualquier cable- tendrán un plazo de ventaja para dar los cuatro servicios. A contramano del mundo, donde ese plazo diferencial lo tienen los cables para compensar los desequilibrios de tamaño.


  Respuesta de AGR ante reiteradas falsedades del Partido Obrero:

El cierre del taller de AGR obedece a la crisis que atraviesa la industria gráfica comercial, que es de público conocimiento.

Es el tercer taller de los cuatro grandes que debe cerrar sus puertas. Antes lo hicieron Donnelley y Quebecor.

En los últimos años el taller de AGR sufrió una caída del 70% de su producción. Los principales productos que se imprimían allí, guías telefónicas y catálogos comerciales, ya no se imprimen más por el cambio tecnológico. Las revistas eran sólo el 20% de la producción.

El taller venía de cuatro años de pérdidas millonarias. Sólo en 2016, se perdieron más de 100 millones de pesos.

La decisión de cerrar el taller busca no agravar ese déficit, para poder hacer frente a las indemnizaciones y no comprometer otras áreas de la empresa.

Los afectados fueron 270 empleados en relación de dependencia, más 15 contratados y 9 jerárquicos, según consta en las actas oficiales.

Aunque AGR podría haber pagado legalmente indemnizaciones reducidas por la crisis, la compañía decidió pagar las indemnizaciones completas más un 20% adicional. También decidió extender la cobertura médica prepaga por seis meses.

El 80% de los empleados (incluyendo todos los que operaban las áreas críticas del taller) ya acordaron su desvinculación y cobraron sus indemnizaciones.

La empresa ya ha pagado 210 millones de pesos en indemnizaciones, lo que da un promedio de 1 millón por persona.

Al margen de esta situación puntual, el Grupo Clarín –titular de AGR- viene incrementando su dotación de empleados año tras año. Desde 2006, ha incorporado más de 7000 trabajadores. Y solo el año pasado, 1500.


  Víctor Hugo Morales y otros comunicadores alineados con el kirchnerismo quisieron instalar que la difusión de escuchas telefónicas a Daniel Angelici respondía a una operación del Grupo Clarín para quedarse con las futuras transmisiones del fútbol.

Falso. Como es de público conocimiento, el Grupo Clarín no está participando de las negociaciones por las transmisiones del fútbol. Tan ridícula es la acusación que el propio periodista que reveló los audios, Gustavo Grabia, tuvo que aclarar en varias oportunidades esta cuestión.


  Roberto Navarro intentó instalar que Cablevisión modificaba la ubicación de C5N en la grilla del cable para perjudicar a la señal.

Falso. La grilla de Cablevisión será modificada en las próximas semanas por motivos técnicos. El objetivo es poder ampliar el ancho de banda y así ofrecer un mejor servicio a los clientes. Esto requiere (como sucede en EEUU, por ejemplo) liberar los primeros lugares de la grilla y por ende reubicar a los canales que se encuentran en esas posiciones. Hablamos de todos los canales de noticias. Es decir, no se trata de una disposición arbitraria y mucho menos unidireccionada. Además, la nueva ubicación no los perjudica, ya que los pone más cerca de los canales abiertos con mayor audiencia.


  Por último, desde varios medios como Radio 10 y Radio del Plata, se dijo que el taller gráfico de AGR en Pompeya rebalsaba de trabajo y que su cierre tuvo como único objetivo precarizar a los trabajadores.

Falso. Al igual que otros talleres gráficos del país (de los cuales ya habían cerrado dos de los principales), en los últimos años la planta de AGR tuvo una caída de su producción del 70%. Los principales productos que se imprimían allí se discontinuaron, como las guías telefónicas y la folletería comercial. Esto tuvo como resultado cuatro años sucesivos de pérdidas millonarias e incrementales. Sólo en 2016 el déficit fue de más de 100 millones de pesos. La decisión de cerrar el taller, busca no profundizar ese déficit para poder hacer frente a sus obligaciones (incluyendo las indemnizaciones) y para no comprometer a otras áreas de la empresa.

También es falso que el cierre busque precarizar a los trabajadores. AGR siempre pagó sueldos muy por encima de los convenios colectivos de trabajo (aproximadamente un 30% por arriba) y otorga beneficios a los trabajadores que no se encuentran en el resto de la actividad (14 sueldos por año y medicina prepaga).

Además, a pesar de que la situación del taller de AGR la habilitaría a pagar indemnizaciones reducidas, la compañía decidió no hacerlo y pagar el monto total de las mismas más un adicional. También, se decidió extender la cobertura social de sus ex empleados por seis meses. En total la empresa lleva gastado en indemnizaciones un promedio de $1 millón por empleado, que en su totalidad suman $210 millones. De hecho, ya 210 trabajadores acordaron y efectivizaron su desvinculación, de un total de 270 (más 15 contratados y 9 jerárquicos).


  El 26 de octubre del 2016 tras salir de declarar del juzgado que lo investiga por enriquecimiento ilícito, el ex jefe del Ejército, César Milani, acusó al Grupo Clarín y a Héctor Magnetto de inventarle la causa.

Milani no pudo explicar por qué las pericias realizadas por especialistas de la Corte Suprema determinaron que la compra de su casa no podía justificarse con sus ingresos. Tampoco pudo explicar por qué tiene denuncias por la desaparición de un conscripto durante la dictadura. Lo único que supo decir, es lo mismo que dicen otros ex funcionarios investigados por la Justicia, que todo lo inventó Clarín. Esta justificación demuestra que el ex jefe del Ejército no es más que un militante y que como muchos otros militantes, a la hora de dar explicaciones no encuentra mejor respuesta que echarle la culpa a Clarín.


  El 13 de septiembre del 2016, Gustavo Sylvestre sugirió que Cablevisión había cortado la señal de C5N en varias localidades durante la emisión de su programa, Minuto Uno, con el fin de censurarlo. “En muchos lugares del país no se pudo ver Minuto Uno (...) Evidentemente, es algo adrede (...) Con un objetivo claro de censurar (...) No es la primera vez” manifestó el conductor. En otras oportunidades, otros presentadores de la señal como Roberto Navarro lanzaron la misma acusación.

Cablevisión jamás cortó la señal de C5N ni de ningún otro canal. En las pocas plazas donde alguna vez existieron problemas los mismos se debieron a fallas en la transmisión del propio canal C5N, y no de Cablevisión. En determinadas localidades, Cablevisión recibe la señal de los canales de su grilla a través de satélites contratados por esos mismos canales. Cuando estos satélites, que son contratados por las señales y no por Cablevisión, presentan algún tipo de fallas, se interrumpe la señal que transmiten. Esto es lo que ha sucedido en determinadas ocasiones con la señal de C5N. Otros sistemas que reciben la señal de C5N por satélite también sufrieron inconvenientes similares, incluso en el caso de la TDA. En cambio, jamás se registraron problemas en los lugares donde Cablevisión recibe la señal de C5N por fibra óptica, un sistema propio de Cablevisión que involucra a la inmensa mayoría de sus abonados. Es decir, los conductores de C5N culpan a Cablevisión por fallas que son responsabilidad del propio canal.


  El 23 de agosto del 2016 el diputado del FPV Remo Carlotto presentó en el Congreso un informe sobre la distribución de la pauta oficial durante la gestión del actual gobierno. El informe fue utilizado por comunicadores kirchneristas para intentar instalar que el Grupo Clarín fue “beneficiado” con el nuevo esquema de distribución de pauta.

La distribución de la pauta oficial no beneficia de ningún modo al Grupo Clarín.

Por precepto constitucional, la función de la publicidad oficial es llegar con un mensaje de interés público a la mayor cantidad de ciudadanos a los que ese mensaje esté destinado. No es subsidiar medios, ni convertirse en su fuente de financiamiento, ni hacerse cargo de su viabilidad empresaria. Todos los estándares internacionales dejan en claro que la publicidad oficial no puede ser utilizada como subsidio encubierto. Y recomiendan que existan criterios objetivos para su distribución.

Obviamente la audiencia de los medios es uno de esos criterios, el más relevante a nivel comparado, ya que asegura, de manera cuantificable y auditable, que los mensajes alcancen a determinada cantidad de personas, permitiendo medir la eficacia y eficiencia del dinero invertido.

Por eso llama la atención que medios que poseen limitados niveles de audiencia, o incluso que han visto cómo la misma se reducía sensiblemente en los últimos tiempos, reciban montos desproporcionados en relación a otros medios de mayor alcance.

Por el contrario, la asignación de pauta a medios del Grupo Clarín no resulta proporcional –por defecto- a la de sus competidores con menor audiencia.

Por ejemplo, los diarios que componen AGEA (Clarín y Olé) superan en circulación en un 74% a su competidor más cercano y recibieron un 44% más que este. En radio, aunque Mitre tiene a casi el 50% del share en AMBA, Mitre Córdoba es líder en su plaza y La 100 es segunda en FM por pocas centésimas, radios con mucho menor alcance reciben montos proporcionalmente superiores. En televisión, las señales de ARTEAR (El Trece, TN y otras) que lideran los ratings en televisión abierta y cable, reciben menos que su principal competidor, Telefe (que no posee señales de cable).

Por último, a diferencia de varios medios cuya casi totalidad de ingresos publicitarios provienen Estado, para el Grupo Clarín la pauta oficial representa sólo un 8% de toda la pauta, incluyendo aportes del Estado Nacional, las provincias y municipios.


  El 24 de julio Roberto Navarro dijo en su programa de C5N que Héctor Magnetto le había prometido a Jorge Lanata que si Mauricio Macri resultaba presidente “le deba 10 millones de dólares”. Luego, como supuesta prueba, dijo que “hubo una transferencia de VLG, la empresa que maneja Cablevisión, al HSBC de Miami dónde Jorge Lanata sacó un préstamo” y agregó “Es un pago de su patrón”.

La acusación es ridícula y fantasiosa. Ni Cablevisión ni ningún accionista del Grupo Clarín hicieron transferencia alguna a Jorge Lanata. También es falso que exista una transferencia hecha por VLG al HSBC de Miami.

Navarro, que durante los últimos años cobró millonarios montos en concepto de publicidad oficial por parte del gobierno kirchnerista, recurre a este tipo de operaciones para intentar desacreditar las investigaciones periodísticas más importantes de los últimos años. No es extraño que esta última surja en momentos en los que el dueño de su canal, Cristóbal López, está siendo investigado por evadir $8.000 millones en impuestos durante el kirchnerismo y usarlos para edificar su imperio.


  El 21 de julio de 2016 el empresario Carlos Ávila, ex dueño de Torneos y Competencias, dijo en declaraciones radiales que “El Grupo Clarín armó su gran multimedio con el fútbol”. Algunos periodistas repitieron frases por el estilo en los últimos días, sugiriendo que “usó” el fútbol para comprar cables o ahogar competidores. En su momento fueron rebatidas en esta sección.

Cuándo el Grupo Clarín participaba de la venta del fútbol televisado (a través de un 50% de la empresa TRISA), jamás ésta le negó los derechos a nadie. De hecho, TyC Sports, el canal que televisaba el campeonato argentino, está presente en el 95% de los cables de nuestro país, más que ningún otro canal nacional. Los escasísimos cableoperadores que en determinado momento no ofrecieron fútbol en su grilla, no quisieron adquirirlo por una decisión comercial propia.

El crecimiento de Multicanal primero y luego la fusión con Cablevisión fueron producto de inversiones millonarias que el Grupo Clarín realizó en infraestructura, actualización de servicios y tecnología (en este caso televisión por cable e Internet), tanto a partir de la extensión de la red propia como de la compra de operaciones en varios puntos del país. Ninguno de estos cables medianos y pequeños fue obligado a vender, ni amenazado con quitarle el fútbol para hacerlo. Es más, tan buen negocio era vender un cable a mediados y fines de los 90 (con precios en dólares que no volvieron a repetirse), que los cableoperadores del interior competían por seducir a los grandes MSOs nacionales (como Multicanal, Cablevisión o VCC), para venderles sus operaciones.


  El 4 de mayo del 2016 el periodista Javier Romero fue entrevistado por Daniel Tognetti a raíz de una nota publicada en el diario La Nación sobre los montos que recibió durante el kirchnerismo en pauta oficial. Para defenderse decidió atacar a Clarín y dijo falsamente que Cablevisión ”decidió cerrar todos los canales locales”.

La acusación es falsa. Justamente Cablevisión se encuentra en un proceso de fortalecimiento de todos sus canales locales. En abril, por ejemplo, lanzó la señal “Somos Zona Norte” en HD, que además de comenzar a transmitir en alta definición, presentó una programación veinticuatro horas, con más de seis horas de transmisiones diarias en vivo y dos ediciones de su noticiero. Lejos de cerrar canales, Cablevisión planea realizar procesos de actualización de tecnologías en todas sus señales e incluir mayor programación local. Esta iniciativa es un impulso a la producción periodística y cultural local que genera inversión en tecnología, capacitación de recursos humanos y empleo para decenas de familias en cada una de las localidades abarcadas.‎


  El 13 de noviembre del 2015 Carlos Zannini fue entrevistado por Alejandro Fantino en Animales Sueltos. Durante la entrevista, el candidato a vicepresidente del oficialismo repitió varios de los slogans que el kirchnerismo intentó instalar sobre Clarín. Dijo que Clarín es complaciente con los gobiernos durante los primeros años para pedirles cosas y luego los ataca, que el conflicto con Clarín surgió por un pedido de Héctor Magnetto de “bajar” la candidatura de Cristina Kirchner, que la gente no se entera de lo que hace el Gobierno porque Clarín no lo informa, y sugirió que Clarín era un “superciudadano” porque la Justicia frenó el desguace que pretendía la AFSCA.

Zannini resumió en pocos minutos todo el “relato K” en relación al periodismo en general y a Clarín en particular. Que la Justicia haya frenado la evidente aplicación discriminatoria de la ley de medios (que pretendía castigar únicamente a Clarín con la adecuación de oficio), lejos de convertir al grupo en un “superciudadano” simplemente logró evitar un burdo avasallamiento que violaba los principios de igualdad establecidos por la Corte Suprema cuando dictó su fallo sobre la ley. En todo caso “superciudadanos” serían los otros grupos de medios, que fueron beneficiados escandalosamente por la AFSCA con interpretaciones antojadizas o ficciones jurídicas, en la mayoría de los casos a cambio de alineamiento editorial. Respecto de la tesis de la relación de Clarín con los distintos gobiernos, no sólo es desmentida por los hechos sino por periodistas y autores independientes que han estudiado la historia reciente. Clarín informó ampliamente todos los hechos relevantes que tuvieron lugar en los distintos gobiernos de los Kirchner, tanto positivos como negativos. Entre estos últimos, la intervención del INDEC, los superpoderes, la ampliación del Consejo de la Magistratura, la crisis energética y de seguridad, los casos de corrupción como Skanska, Romina Picolotti, Antonini Wilson o Felisa Miceli tuvieron su correspondiente despliegue en sus páginas y medios audiovisuales, y fueron en los primeros años del kirchnerismo. La prórroga de licencias y la fusión del cable, que suelen citarse como beneficios a Clarín fueron, en el primer caso, una medida a favor de los canales 9 y 2, que estaban en concurso preventivo. Y en el segundo, la aprobación de una operación enteramente privada, una inversión genuina de 1000 millones de dólares, que seguía la estrategia de las empresas de cable en todo el mundo para competir con las telefónicas, estrategia avalada por cualquier gobierno de cualquier país que quisiera favorecer la competencia en el sector telecomunicaciones y generar redes alternativas. Finalmente, y como ya se ha dicho, también es ridículamente falso que Héctor Magnetto haya “pedido bajar” la candidatura de Cristina Kirchner. Este disparate ya fue desmentido por el propio Magnetto en reportajes y entrevistas que dio para diversos libros. Este invento pretende encubrir que fue el propio Néstor Kirchner el que en su gobierno ya estaba obsesionado con Clarín: pidió al grupo español PRISA que instalara un diario en Argentina para competirle, favoreció e impulsó a canales de noticias como C5N frente a TN, y hasta llegó a insultar públicamente a Magnetto por coberturas que no le agradaban. Todas estas teorías buscan encubrir que la razón del conflicto del kirchnerismo con la prensa es su intolerancia a la crítica y a que se difundan noticias que no le gustan. Por último, Zannini subestima a los ciudadanos al sostener que si consumen Clarín viven engañados. Además de todos los medios que compiten en el país con los de Clarín (número superior al de cualquier país de América Latina), a la enorme cantidad de publicidad oficial gastada, y a todos los medios que el oficialismo creó y cooptó, los medios del Grupo siempre difundieron los actos de gobierno, aún cuando muchos le merecieran críticas. Sostener que la gente vive engañada es subestimarla groseramente: es desconocer su contacto diario con la realidad, su capacidad de procesar la información y sacar conclusiones, en definitiva, su propio rol de ciudadanos.


  El 25 de agosto del 2015, un día después de la represión a los manifestantes en Tucumán, Víctor Hugo Morales lanzó una de sus acusaciones más irracionales y perversas contra Clarín. Lo cual es mucho decir, ya que esta obsesión patológica es moneda corriente en su programa. Dijo que las protestas estuvieron organizadas por Héctor Magnetto con el fin de conseguir “uno, dos o tres muertos”. Morales dijo: "Lo que vimos anoche fue uno de los peores crímenes mediáticos" (…) “Lo que necesita el Grupo Magnetto es una muerte” (...) “Están muy desesperados, muy locos y son, a cada minuto, cada vez más peligrosos” (…) "El Grupo Clarín de Héctor Magnetto está lanzado a un golpe antes de octubre" y en ese plan se enmarca la "operación espantosa organizada en Tucumán".

No por reiteradas pueden dejarse pasar este tipo de barbaridades. Quizás porque nunca fue periodista, Morales desconoce la función de la profesión. No mostrar o minimizar esos hechos sería una grave falta ética para cualquier medio o periodista en cualquier lugar del mundo. Quizás él lo vea de otro modo porque no se asume como periodista sino como vocero del poder político. Que para el locutor mostrar una protesta multitudinaria y su posterior represión en una provincia en la que se acababa de votar, tenga la intención de generar caos, muerte o desestabilización, muestra hasta dónde es capaz de llegar. Ni los más conspicuos referentes K de la provincia se animaron a un exabrupto como ese. El propio gobernador de Tucumán y el candidato presidencial del FPV reconocieron los excesos policiales luego de que Morales sostuviera su siniestra tesis. Quizás lo que le incomode a Morales es percibir cómo la amplia red de medios estatales y paraestatales silenciaron el tema (entre ellos la casi totalidad de los canales de noticias), en uno de los ejemplos más vergonzantes de los que se tengan memoria. Quizás también le incomode que otros medios gráficos, radiales y televisivos que no tienen nada que ver con Clarín hayan difundido los hechos con la misma dimensión y jerarquización, entre ellos un canal abierto de Tucumán, testigo de los acontecimientos aún antes que TN. Quizás lo que busque, con esta nueva insensatez, es distraer la atención de su propia actitud frente a este hecho de indiscutible relevancia.


  El 19 de agosto de 2015 Víctor Hugo Morales asumió otra vez más la defensa de los Kirchner, sus empresas y su socio Lázaro Báez e intentó deslegitimar investigaciones periodísticas sobre la causa Hotesur con argumentos que rozaron el absurdo. En términos similares, el ministro Julio De Vido salió al cruce de una información que publicó el diario La Nación en la que aseguraba que Lázaro Báez había recibido $8000 millones por obras públicas. A través de un comunicado titulado “Una vez más La Nación y Clarín mienten”, De Vido aprovechó para también atacar a Clarín. También el Twitter de la Casa Rosada y la agencia Télam defendieron a la empresa de la Presidenta y criticaron a Clarín y al programa Periodismo Para Todos./em>

Evidentemente la causa Hotesur es la que más preocupa e irrita al Gobierno. Cada vez que el periodismo o la Justicia dan cuenta de las múltiples irregularidades que existen en las empresas de los Kirchner, sus voceros son capaces de ensayar las explicaciones más inverosímiles aunque no aporten ningún dato concreto ni desmientan prueba alguna.

Víctor Hugo Morales fue una vez más el precursor, con explicaciones bochornosas para cualquier estudiante de periodismo. Para Morales el alquiler por parte de las empresas de Lázaro Báez de habitaciones y salones no utilizados en los hoteles de la Presidenta, no tendría nada de objetable ni se vincularía con lavado de dinero. Según él, las habitaciones estuvieron vacantes debido a que muchas personas cancelaron sus vacaciones en el sur por la erupción de un volcán chileno: “Veinte mil camas no fueron utilizadas de las que normalmente están vendidas (...) No se ocuparon porque el país vivió una situación muy desgraciada”. Morales no explicó por qué las empresas de Lázaro (que tienen sede en Santa Cruz) necesitarían esas camas para vacacionar, si teóricamente eran contratadas por cuestiones laborales.

El ministro De Vido emitió un comunicado en el que comienza atacando a Clarín aunque busca desmentir una nota del diario La Nación sobre el cobro de más de 8800 millones de pesos por obras públicas adjudicadas a los Báez. El comunicado reconoce que entregó contratos de obras públicas a las empresas de Báez por $1.019 millones y también que los restantes $7.847 millones fueron entregados por gobiernos provinciales y municipales. O sea que la cantidad total de obra pública (la mayor parte de ella en Santa Cruz, manejada a la distancia con mano de hierro por los Kirchner) era correcta.

Por último Morales, la cuenta de Twitter de la Casa Rosada y la agencia Télam apelaron a un comunicado de la AFIP en el que busca desmentir que el domicilio en Calafate de la agencia recaudadora coincida con el domicilio de otra empresa de la Presidenta, Co.Ma., tal como había revelado Periodismo para Todos, basado en un acta judicial y en fotografías que obran en la causa judicial. Lo que no indicaron ni Morales, ni la AFIP, ni Télam, ni la Casa Rosada, es dónde está la nueva empresa de la Presidenta.


  El 5 de agosto del 2015 la presidenta Cristina Kirchner utilizó la cadena nacional, en plena veda electoral, para atacar a Clarín y acusarlo por delitos de lesa humanidad, lavado de dinero y estafa a jubilados.

Una vez más, la Presidenta prefirió atacar a los medios antes que aclarar o brindar datos precisos sobre las investigaciones judiciales que se llevan adelante sobre su patrimonio y sus funcionarios. Cristina volvió a reflotar viejas acusaciones inventadas por el kirchnerismo en estos últimos años sobre lesa humanidad, lavado de dinero y estafa a jubilados a través de las AFJP. Las tres cosas son totalmente falsas y ninguna de las denuncias pudo avanzar mínimamente por descabelladas. Clarín tiene todas sus cuentas y fondos debidamente registrados y por eso en 8 años ni siquiera la AFIP (manejada por el Ejecutivo) pudo llevar a cabo una acción concreta en su contra. Ni qué decir sobre las perversas acusaciones de delitos de lesa humanidad cuyo relato se derrumbó estrepitosamente tanto en el caso Noble Herrera como en la pretendida denuncia por Papel Prensa, a la que jamás se le pudo aportar una prueba relevante en más de 5 años. Y finalmente, lo de las AFJP es otra obra maestra del relato. Las acciones de Clarín se cotizan en Londres y en Buenos Aires y su precio se movió siempre al compás del resto de las empresas argentinas y de los movimientos de la macroeconomía nacional e internacional. Adicionalmente, si algo pudo haber afectado específicamente su precio durante el conflicto del gobierno con la prensa, ha sido el acoso administrativo, regulatorio y judicial que el kirchnerismo llevó a cabo contra la empresa.


  El 16 de julio de 2015, por cadena nacional, la presidenta Cristina Kirchner atacó a Clarín por el embargo preventivo que la Justicia ordenó contra Víctor Hugo Morales por no pagar una deuda derivada de una sentencia judicial.

La Presidenta habló de allanamiento pero no existió tal cosa. Se trató de un embargo preventivo judicial, que está previsto por la ley para el caso de los deudores que no pagan sus obligaciones.

La mandataria intentó vincular el caso con la libertad de expresión, exigiendo comunicados de entidades, pero se trató de una deuda derivada de un juicio comercial. Un tema estrictamente patrimonial por falta de pago de obligaciones.

CFK se refirió a causas de lesa humanidad y lavado de dinero e intentó compararlas con el juicio que perdió VHM. Pero esas causas fueron inventadas y amañadas por el kirchnerismo para criminalizar a medios críticos. Esta causa es real y concreta, data del año 2000, y tiene fallos de primera y segunda instancia.

Resulta insólito asimismo que justamente el día que el gobierno logró sacar la causa Hotesur de un juez que avanzó en una investigación contra la familia presidencial, la Presidenta hable del “miedo de los jueces a los medios”.

CFK ironizó con la frase “allanamientos para todos”, confundiendo otra vez un allanamiento con un embargo preventivo de alguien que oculta sus bienes, lo cual es un grave error técnico.

La mandataria dijo que el embargo a VHM fue por sus “manifestaciones” como periodista. Otra falsedad absoluta. El embargo fue por una sentencia comercial que lo condenó a pagar por robar imágenes de un partido de fútbol del que no poseía los derechos.


  Durante la primera semana de junio del 2015 el zar del juego, Cristóbal López, alineó a todos sus medios y periodistas para difundir una nueva embestida contra Clarín. No contento con la frustrada operación de querer inventar conexiones entre Clarín y la investigación por corrupción en la FIFA, esta vez acusó al Grupo Clarín y a Cablevisión de evadir impuestos. Esto fue difundido por las nuevas adquisiciones de López, Ámbito Financiero y Bs. As. Herald y repetido incontables veces en sus canales y radios por varios de sus periodistas.

Los informes de López son una burla a la labor periodística, llaman hallazgos o primicias a informaciones que el Grupo Clarín suministra en forma oficial a la Comisión Nacional de Valores, pero además las tergiversan para construir operaciones tan burdas como calumniosas. Tanto el Grupo Clarín como Cablevisión cumplen acabadamente con todas sus obligaciones impositivas en el país, siendo uno de los grupos empresarios que más impuestos tributa. Sólo en el 2014 Cablevisión pagó en concepto de impuesto a las ganancias $ 490 millones. Tampoco se evaden ni eluden impuestos a través de compañías holding, como VLG Argentina (una sociedad de inversión, perfectamente declarada en el país, que posee el 51% de Cablevisión) cuya ganancia contable es, simplemente, el 51% de lo generado por Cablevisión. Por lo tanto, VLG no debe pagar el impuesto a las ganancias toda vez que dichos resultados pagaron en la empresa origen, es decir Cablevisión. Incluso si VLG (que fue creada antes de que el Grupo Clarín adquiriera Cablevisión) fuese una sociedad local, tampoco pagaría impuesto a las ganancias en razón de que su única actividad es la de poseer la tenencia accionaria antes citada de Cablevisión. Además, VLG es una sociedad adecuadamente inscripta en la Inspección General de Justicia en cumplimiento del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales.

El diario Tiempo Argentino se sumó a esta particular cadena oficial y basándose en la información difundida por López y por el periodista Alejandro Giuffrida, dijo que la empresa VLG “tuvo en tres meses una abrupta reducción de su patrimonio” pasando de $ 3000 millones a $300 millones.

Quien hizo esta nota solamente pudo haberla escrito desde el desconocimiento total de cómo analizar estados contables o con una clara intención política difamatoria. Tal como figura en sus balances, el patrimonio de VLG en diciembre del 2014 era de $3.000 millones mientras que el patrimonio a marzo del 2015 era de $3.500 millones. Por otro lado, los resultados del primer trimestre del 2015 para VLG fueron de $300 millones. Un periodista económico mínimamente tendría que poder diferenciar entre el patrimonio de una compañía y los resultados trimestrales de esta.

La operación de López se extendió a otros temas. El 1 de junio Ámbito Financiero publicó una nota titulada “Clarín, de urgencia en EE.UU. para calmar a inversores” en la que aseguraba que el pasado 29 de mayo un directivo de Clarín, que menciona como Pablo Casey, viajó a último momento a Estados Unidos para amortizar posibles inconvenientes derivados de la investigación a la FIFA.

Tal viaje nunca existió. El directivo al cual hace referencia la nota es Pablo Casey, Gerente de Asuntos Públicos del Grupo Clarín, quién estuvo todo ese fin de semana en la Argentina. Lo asombroso es que la nota lo ubica a Casey en el Salón VIP de Ezeiza pese a que este nunca estuvo ahí. Los que sí viajaron ese fin de semana, pero como asistentes al Congreso de la Asociación Mundial de Diarios en Washington, fueron un ejecutivo y un editor del diario. ¿La información pasada a Cristóbal López proviene de Migraciones, o sea del Gobierno? No es la primera vez que el kirchnerismo utiliza el Estado para perseguir a los que piensan distinto. Basta recordar las imágenes de Nisman en Ezeiza, también facilitadas al “zar del juego”.

Siguiendo esta lógica de inventar conexiones dónde no existen, el 2 de junio el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que el Grupo Clarín reconoció a través de su cuenta de Twitter que es socia de Torneos y Competencias.

Luego de que se conociera la investigación a la FIFA y el pedido de detención de un accionista de Torneos y Competencias, comenzó una bizarra campaña en los medios oficialistas que intentaba vincular a Clarín directamente con el escándalo, diciendo que era accionista de Torneos. El Grupo Clarín difundió mediante sus redes sociales la verdad frente a lo que en ese momento se estaba diciendo. Entre otras cosas dijo que no posee ningún tipo de participación accionaria en dicha compañía (cuyos socios son DirecTV, el fondo suizo DLJ, la familia Nofal y el propio Burzaco) y que tampoco explota ningún derecho de fútbol en asociación con la empresa Torneos y Competencias S.A.


  El 27 de mayo del 2015 distintos medios kirchneristas, principalmente la agencia estatal de noticias Télam y los medios de Cristóbal López, iniciaron una grotesca y previsible campaña que intentó vincular al Grupo Clarín con la investigación por corrupción en la FIFA. La bajada de línea en los medios de López fue más bizarra que en el resto de los medios K, en cada nota sobre el tema obligó a sus periodistas a mencionar a Clarín y hasta su diario Ámbito Financiero inventó una modificación del sitio institucional que jamás existió.

Rápidamente el Grupo Clarín difundió una serie de tweets con datos fehacientes desmintiendo esta operación. Informó que no posee ningún tipo de participación accionaria en la empresa Torneos y Competencias S.A. Reiteró que, como es de público conocimiento, los accionistas de dicha empresa son DirecTV, el fondo DLJ, Alejandro Burzaco y la familia Nofal. También informó que no explota ningún derecho de fútbol en asociación con la empresa Torneos y Competencias S.A. Y recordó que esta última es únicamente accionista del canal de cable TyC Sports, cuyo 50% restante pertenece a Inversora de Eventos, del Grupo Clarín, canal de cable que tampoco explota derechos de fútbol.


  El 6 de mayo del 2015 la AFSCA le solicitó al juez Horacio Alfonso que modifique la medida cautelar que frena la adecuación de oficio del Grupo Clarín, y que le prohíba a Cablevisión suscribir nuevos abonados.

La insólita petición ratifica una vez más la conducta de la AFSCA de usar la ley de medios como instrumento de represalia y persecución, en este caso no sólo contra los medios que no le gustan, sino contra la propia ciudadanía, a la que pretende restringir su derecho de elegir libremente los medios que consume, vulnerando en definitiva la libertad de expresión. En efecto, se pretende penalizar a Cablevisión y a los usuarios por una medida de la propia AFSCA que la Justicia encontró arbitraria e ilegal, como la adecuación de oficio. Si este intento de desguace de oficio no hubiera ocurrido, hoy la adecuación ya estaría completada. En contraposición a sus pregonadas banderas de pluralismo y competencia, la distorsionada lógica de la AFSCA pretende eliminar a un participante del competitivo mercado de la televisión paga, donde siempre coexisten 2, 3 o más ofertas para el ciudadano. O sea, esta petición traería menos, en lugar de más, competencia. Y al mismo tiempo funcionaría como un nuevo guiño para las grandes empresas extranjeras telefónicas, recientemente beneficiadas por la Ley TIC, que podrán dar servicios de video y cuádruple play, en discriminación con la TV por cable. No parece casual, tampoco, que hace pocos días distintos medios oficialistas hayan reproducido un cable de Télam que sin tapujos decía que los usuarios debían bajarse de Cablevisión y solicitar el decodificador de la TDA. En su pedido, la AFSCA alude a participaciones de mercado sin fuente conocida. De hecho, el mercado de la TV paga no fue medido de manera oficial desde antes de la sanción de la ley de medios. Todas las mediciones que existen son privadas. También en este punto la AFSCA está incumpliendo previsiones de la propia ley de medios. Cabe destacar que Cablevisión no ha incrementado su participación en el mercado de la TV paga desde la aprobación del plan de adecuación voluntaria hasta la fecha, con lo cual el pedido de la AFSCA carece de sentido también en este punto. Finalmente, como es usual, la AFSCA tampoco ha explicado por qué los restantes grupos mediáticos aún siguen en el limbo y no completan sus adecuaciones, con la tolerancia y complicidad del organismo. Cablevisión es la empresa argentina que más ha invertido en el país en televisión paga e Internet, con el único objetivo de brindar más y mejores servicios. El burdo intento de limitar la oferta tiene un único perjudicado, el usuario.


  El 5 de mayo del 2015 la agencia estatal de noticias, Télam, difundió un comunicado que luego fue replicado por distintos medios oficialistas en el que decía que la última Asamblea de Accionistas del Grupo Clarín decidió no repartir la totalidad de las ganancias del último año entre sus accionistas, y que por consiguiente se perjudicó a la ANSES. También, reiteró la mentira de que los directores del Grupo Clarín aumentaron sus salarios en un 82%. El título del comunicado fue el siguiente: “Clarín elude el reparto de ganancias por $554 millones, de los cuales $50 millones hubieran ido a la Anses”.

Cables como este son el mejor ejemplo de cómo la agencia estatal abandona su rol informativo y se pone al servicio de campañas difamatorias. En primer lugar, hay que aclarar que el Grupo Clarín no tiene estipulada una política fija de reparto de dividendos, y por consiguiente, no tiene obligación de distribuirlos anualmente. Esto es información pública que conocen todos los accionistas de la empresa, incluida la Anses. El Grupo Clarín es una compañía holding, esto quiere decir que su liquidez depende de sus compañías subsidiarias; y por lo tanto su habilidad para pagar dividendos depende de la capacidad de generar fondos de esas compañías, parte de los cuales fueron a reinversiones y pago de deuda, con lo cual la liquidez de las mismas se reduce sensiblemente. Que las empresas paguen o no dividendos no las hace ni mejor o peor administradas: en muchos casos elevar el pago de dividendos conspira contra la reinversión, la innovación y el sano desarrollo de las mismos, y por ende, el valor de capitalización que posee el accionista. En el caso del Grupo Clarín, a principio de año la compañía había estipulado en su Memoria que no se iban a pagar dividendos y que el total de los resultados se destinaría a distintas compañías y eventual adecuación a la ley de medios. Sin embargo, luego de que se produjeran las reuniones de directorio de cada una de las subsidiarias y que estas hayan reportado una buena performance en los primeros meses del año, el directorio del Grupo Clarín propuso destinar un porcentaje de sus resultados al pago de dividendos. Esta propuesta se sometió a votación y fue aprobada. La Anses, como titular de un 9% del Grupo Clarín, recibió $22 millones. Es importante aclarar que la Anses no se opuso en esta votación. El destino del resto de los fondos tiene como objetivo seguir potenciando a las distintas empresas del Grupo Clarín y así poder brindar más y mejores servicios de cable e Internet, implementar los nuevos avances en televisión de aire, potenciar las transmisiones de radio, desarrollar nuevos contenidos digitales, estimular las investigaciones periodísticas y mantener una base económica tal que le permita a la compañía no depender de la publicidad estatal ni de negocios concesionados por el Estado. Cabe destacar que ni la ANSES ni ninguno de los accionistas pierden valor con estas decisiones: todo lo contrario. Justamente al reinvertir gran parte de las ganancias, todos los accionistas ven incrementado el valor de sus tenencias. Por último, el aumento de un 82% de los sueldos de los directores del Grupo Clarín es completamente falso y ya se desmintió en esta misma sección, lo curioso es que siguen contradicciones en el mismo gobierno. El viceministro de Economía, Emanuel Alvarez Agis, había dicho que el aumento a los directores había sido de un 156%. Aunque lo de Alvarez Agis era un disparate descomunal, lo de Télam no se queda muy atrás. El aumento de los sueldos de los directores con tareas administrativas promedió el 25-27%, y los honorarios de los miembros del directorio un 30%. Para más información, leer el disparate del 28 de abril del 2015. Y si quiere una comparación algo incómoda, se puede consultar los honorarios de los directores de YPF, cuyo monto alcanza a 118 millones, lo que da un promedio de director de $ 300.000 de honorarios por mes.


 

Kiciloff: Cuatro horas en la Asamblea del Grupo Clarín

El 28 de abril del 2015 el ministro de Economía Axel Kicillof concurrió a la Asamblea Anual del Grupo Clarín acompañado por una nutrida comitiva de altos funcionarios, que incluyó a su viceministro Emanuel Alvarez Agis, el titular de la SIGEN, Daniel Reposo, el presidente de la CNV, Cristian Girard, y el coordinador de empresas con participación de ANSES, Federico Gosman. Entre otros puntos, el ministro cuestionó palabras usadas en la redacción de la Memoria, preguntó por las cuentas de Cablevisión en el HSBC de Suiza y sobre la calle Ascasubi en Barracas. Al día siguiente Alvarez Agis sostuvo que la asamblea había decidido aumentarle el sueldo a los directores del Grupo Clarín en un 156%.

Por tercera vez el ministro Kicillof acudió a una asamblea del Grupo Clarín y lo volvió a hacer con un móvil de Canal 7, aunque en este caso “casualmente” acompañado por cámaras de C5N (Cristóbal López) y CN23 (Szpolski). Ya dentro de la Asamblea, defendió su gestión frente al ministerio, objetó las palabras “paraestatal” y “persecución” de la Memoria y preguntó por cuestiones ajenas al orden del día, que fueron puntualmente respondidas por el directorio. En el caso de la calle Ascasubi de Barracas, por ejemplo, se le explicó que no fue cortada por Clarín y que cuando el diario compró los terrenos la misma ya terminaba donde termina hoy. También, se le precisó que las cuentas de Cablevisión en el HSBC de Suiza estuvieron, como lo sabe la AFIP, debidamente declaradas y pagaron impuestos desde su apertura hasta su cierre, y que se abrieron para el pago de la reestructuración financiera de la empresa tras la crisis del 2001. Al día siguiente, el viceministro Alvarez Agis dijo que en la asamblea se aprobó aumentarle el sueldo a los directores del Grupo Clarín en un 156%. Lo extraño de este exabrupto es que el viceministro estuvo presente cuando se explicó que el aumento de los sueldos de los directores con tareas administrativas promedió el 25-27%, y los honorarios de los miembros del directorio un 30%, ambos un porcentaje similar al de la mayoría de las empresas y muy lejanos al disparatado 156% que ahora el viceministro quiere instalar. Los dichos del funcionario alarman por su liviandad. Alvarez Agis parece querer sumar los honorarios de todo el directorio y compararlos con la suma de los honorarios del año anterior, pero no repara en que el número de directores que cobró honorarios aumentó de 4 a 10 entre un año y el otro, lo cual hizo que la cantidad de honorarios a pagar sea mayor. De todos modos, el número de Alvarez Agis simplemente “no da” haciendo ninguna cuenta. Además contradice al propio Kiciloff, que el día anterior había hablado de 82%, explicándosele que la razón era la modificación de la base cómputo, lo que el ministro entendió y aceptó perfectamente.


  El 22 de abril del 2015 el programa Minuto Uno, conducido por Gustavo Sylvestre y emitido en C5N se dedicó (como casi todo el último mes) a atacar a Clarín y La Nación por haber investigado a su dueño, el zar del juego Cristóbal López. En el piso estuvieron Víctor Hugo Morales y Aníbal Ibarra. El locutor dijo un sinfín de barbaridades (que los terrenos de la planta impresora de Clarín se adquirieron en la década del 70, que la Dictadura le construyó a Clarín un muro para dividir la calle, que Clarín le regala el cable a los vecinos y que por eso lo agredieron, etc). Luego Ibarra dijo que hasta hace poco menos de 3 años Clarín “también” obstruía la calle Ascasubi a la altura de Magaldi.

La compraventa por la cual Clarín adquirió los terrenos en los que hoy se encuentra su planta impresora se concretó en diciembre de 1983, fecha de la la escritura. Hasta ese momento los terrenos pertenecían a la empresa Citroen Argentina S.A. Cuando Clarín compró los terrenos, la calle Ascasubi terminaba donde termina hoy. En ese momento existía un muro con alambrado en la parte superior en la intersección de Ascasubi y Luna. También, en la intersección de Ascasubi y Magaldi, existía un portón con una garita de seguridad. Este portón fue removido por Clarín hace más de 20 años y no hace menos de 3 como sostiene el ahora legislador Aníbal Ibarra, quien cuando fue jefe de gobierno nunca denunció ningún corte de calle cerca de la planta de Clarín. También es falso que las personas que agredieron a Víctor Hugo Morales lo hayan hecho porque Clarín les brinda servicio de cable o electricidad. La empresa Cablevisión únicamente ofrece, dentro de su programa de RSE, servicio sin cargo a establecimientos de bien público, entre los que se encuentran escuelas, centros de salud y asilos de ancianos. Hoy llegan a los 10 mil establecimientos.


  El 20 de abril del 2015, en el programa Bajada de Línea, conducido por Víctor Hugo Morales, se presentó un informe en el que se dijo que Clarín dividió en dos la calle Ascasubi, donde se encuentra su planta impresora. También, se mostró un video en el que el locutor es intimidado por un grupo de vecino mientras filma desde afuera de la planta de Clarín imágenes para su programa. Morales dijo que quiénes lo amenazaron responden a Clarín y que la empresa a cambio les da en forma gratuita los servicios de luz y cable: “Ahora me animo a decir que era una patota de Clarín”. “No es la policía la que libera la zona, es Clarín, con la luz gratis, la televisión gratis, y provocaron el encontronazo que se vio”.

A horas de conocerse el hecho el Grupo Clarín emitió un comunicado en el que condenó la agresión a Morales y solicitó su rápido esclarecimiento. También, dejó en claro que las personas que aparecen filmadas no tienen ningún vínculo con la empresa. Sin embargo, el relator, a sabiendas de que lo que decía era falso, prefirió decir que se trató de “una patota de Clarín” y así intentar sostener un informe sesgado y manipulado. Si Víctor Hugo Morales hubiera acudido a documentos históricos o consultado a las fuentes correspondientes, hubiera sabido que al momento en el que Clarín adquirió los terrenos en donde hoy funciona su planta impresora, la calle Ascasubi terminaba donde termina hoy. Es más, en el año 1983, cuando se concretó la compra del terreno, la calle Ascasubi estaba interrumpida en sus dos extremos:

  • En el cruce con Luna (donde se produjeron los incidentes con el relator) había un muro con alambrado en la parte superior, como se ve en la imagen adjunta, que data de 1978.
  • En el cruce con Magaldi, en el que había un portón y una garita de seguridad, que fueron quitados cuando Clarín compró el terreno.

Por otro lado, es falso que Clarín les dé a los vecinos de la Villa 21-24 los servicios de luz y cable en forma gratuita. La empresa, como otras de la zona, colabora con el barrio a través de programas sociales que incluyen capacitación laboral, donación de material bibliográfico para escuelas y programas de voluntariado con empleados de las distintas empresas del Grupo Clarín.

 


  El 16 de abril del 2015 Martín Sabbatella acusó a Clarín de ser responsable de las agresiones que sufrió Víctor Hugo Morales mientras filmaba en las inmediaciones de la planta impresora del diario Clarín: “Es difícil creer que la agresión a Víctor Hugo no está impulsada por Clarín”.

La declaración de Sabbatella, que fue copiada por algunos comunicadores K, vuelve a ratificar su animadversión y falta de imparcialidad. Desde bien temprano Clarín emitió un comunicado en el que rechaza la agresión, pide que se esclarezca el hecho y desmiente semejante acusación. A continuación el comunicado completo: Respecto de la agresión denunciada por Víctor Hugo Morales, el Grupo Clarín rechaza la misma y solicita su investigación. Asimismo informa, como lo sostuvo el mismo Morales, que durante la presencia del relator ayer en la calle Ascasubi, en su tramo contiguo a la planta de impresión y depósitos de AGEA S.A. (Clarín), no se registró inconveniente alguno. Los hechos denunciados por el locutor ocurrieron fuera de la planta de AGEA y del tramo de la calle contiguo a la misma. Respecto del pleito sobre dicha calle, nos remitimos al Disparate publicado el 11 de septiembre del 2013 en el que aclaramos que Clarín nunca cortó la misma. Ya desde antes que AGEA (la empresa editora del diario) adquiriera los terrenos en donde hoy se encuentra su planta impresora, la calle Ascasubi terminaba donde termina hoy.


  El 7 de abril del 2015, diputados del Frente para la Victoria reflotaron una vieja acusación, desmentida varias veces, de que Cablevisión y directivos del Grupo Clarín tiene cuentas en el HSBC de Suiza sin declarar. Aún sabiendo que se trata de una denuncia falsa, los medios que responden al oficialismo la reprodujeron hasta el cansancio.

Una vez más, debemos repetir que ambas cosas son falsas. Como Cablevisión ya acreditó con documentación ante la AFIP y la Justicia, las dos cuentas que agita el gobierno (una de Cablevisión y otra de Multicanal) son absolutamente legales y están declaradas ante los organismos competentes. Fueron incluidas en sus libros contables y en sus declaraciones juradas, habiendo tributado los impuestos correspondientes. Dichas cuentas no se usaron para fugar divisas sino que se abrieron para la cancelación de pasivos en el exterior, algo obligatorio para ambas compañías. Por otra parte, los directivos del Grupo Clarín que se mencionan nunca fueron titulares de dichas cuentas sino meros apoderados de Cablevisión o Multicanal, autorizados para operar las mismas. Después de cinco meses de desmentidas con pruebas fehacientes, resulta claro que los funcionarios y comunicadores que insisten con este invento incurren en una difamación deliberada.


  Más disparates de Cristóbal López A través de sus medios y voceros, la semana del 23 de marzo del 2015 el “zar del juego” volvió a lanzar una catarata de ataques contra Clarín.

En el marco de las investigaciones por cuentas sin declarar en Suiza, el diario Ámbito Financiero publicó una nota titulada “El Grupo Clarín, en la mira” en la que acusa con nombre y apellido a directivos de Cablevisión y el Grupo Clarín de tener cuentas sin declarar ante la AFIP. Esta acusación ya fue desmentida infinidad de veces. Todas las cuentas de Cablevisión y del Grupo Clarín están debidamente declaradas ante la AFIP. Por otro lado, ninguno de los ejecutivos de Cablevisión a los que se les adjudicaron falsamente cuentas sin declarar son titulares de esas cuentas: son o fueron simplemente directores o apoderados de Cablevisión o de Multicanal. Y las cuentas, que están declaradas, son de las empresas, no de ellos. Por segunda semana consecutiva Minuto Uno, el nuevo programa insignia del relato que es conducido por Gustavo Sylvestre, volvió a dedicar casi la totalidad de su emisión a reflotar la falsa acusación de que la compra de Papel Prensa estuvo ligada al secuestro de la familia Graiver, una versión falsa que en más de treinta años de democracia ni siquiera fue sugerida por alguno de los involucrados. Es más, en las reiteradas declaraciones que Lidia Papaleo efectuó ante la Justicia desde 1983 jamás atinó a deslizar semejante acusación. Otro disparate lo protagonizó el periodista militante Roberto Navarro, quién aseguró que en el 2001, a raíz de una investigación por fuga de divisas, el director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, Jorge Rendo, le pidió que no publique información sobre una supuesta cuenta suya no declarada porque su esposa no sabía del tema. Lo de Navarro es realmente triste: Rendo lo llamó pero para aclararle que sus cuentas estaban declaradas y que no tenía nada en negro: todo lo contrario a lo que ahora, sin ninguna vergüenza, afirma Navarro. Pero no sorprende, Navarro viene actuando no solo como vocero sino como anticipador de las maniobras del kirchnerismo: fue él quien rompió notas de Clarín un día antes de que lo hiciera Capitanich.


  Ráfaga de Disparates en el multimedios de Cristóbal López La semana del 16 de marzo de 2015, luego de que distintos medios periodísticos publicaran investigaciones que comprometen al empresario K Cristóbal López (cuentas en Nevada, alquiler por cifras millonarias de departamentos de la familia presidencial e intentos de apoderarse de los bingos capitalinos) los medios de su grupo “Indalo” lanzaron una campaña contra Clarín y La Nación, que incluyó programas especiales producidos a último momento sobre Papel Prensa y la familia Mitre, la aparición reiterada de periodistas de C5N y Radio 10 como voceros del empresario, falsas denuncias de censura en TN e inventos disparatados, como reuniones entre López y Magnetto. A continuación, algunos de los conceptos más desopilantes y bizarros:

Primero a través de su nueva adquisición, Ámbito Financiero, y luego mediante la repetición constante de sus voceros, López intentó instalar la idea de que se reunió con Héctor Magnetto para firmar un contrato por $1500 millones. Pero esa reunión jamás existió, como así tampoco la cifra mencionada. Lo que sucedió hace más de 20 días (y no en las últimas horas) fue la prórroga de la emisión de Showmatch en la pantalla de Canal 13. Desde el año 2006 el programa se emite allí y la renovación entre ambas partes es algo habitual. López recién ingresó a la productora en Octubre de 2013. No se entiende el sentido del invento, salvo que la intención del Grupo Indalo sea sugerir que, por existir un programa de Ideas del Sur en Canal 13, el Grupo Clarín debería dejar de hacer periodismo y no informar sobre las noticias que involucran a Cristóbal López. Esa mirada transaccional de los medios es la que abiertamente muestra el Grupo Indalo al reaccionar con una brutalidad caricaturesca cuando su dueño es aludido con información de interés público. Pero la saga no terminó allí. El conductor de C5N Eduardo Feinmann, devenido en uno de los voceros de López, acusó a TN de censurar periodistas. “El Grupo Clarín silenció dos voces: el de Tenembaum y Zlotogwiazda (…) Era el programa más objetivo. (…) Para TN la línea del programa se volvió un programa demasiado tibio para los intereses del Grupo Clarín. (…) También levantaron otros programas como el de Santo Biasatti. (…) También levantaron a María Laura Santillán". Este disparate sólo puede entenderse como el intento por tapar o diluir la propia conducta del multimedio que integra. “El ladrón cree que todos son de su misma condición”, dice el refrán. Es casi una burla que el grupo que más periodistas despidió por razones políticas en los últimos años, hable de silenciamiento. Lo hizo en cada uno de los medios que fue adquiriendo: allí están los casos de Marcelo Longobardi, Débora Plager, Antonio Laje o Roberto Pettinato, sólo por nombrar los más publicitados, pero no los únicos. TN jamás fue acusado de despedir o de presionar a alguien por sus opiniones. Desde el año 2008 hasta principios del 2015, “Palabras más, palabras menos” se emitió por TN y nunca los conductores o productores del programa denunciaron algún acto de censura por parte de la señal. A fines del 2014 y con motivo de la renovación de su pantalla, desde la gerencia de programación de TN se le ofreció a la productora del ciclo modificar el día de la emisión del programa, ofrecimiento que fue rechazado por la productora que prefirió finalizar el contrato ya establecido. Si la teoría de Feinmann fuera cierta, además, ¿cómo se explicaría el fin de otros ciclos? Los ataques en los medios de López continuaron con un libreto perfectamente guionado, que siguieron al pie de la letra varios de los conductores y periodistas del multimedio. Con los mismos latiguillos que el kirchnerismo viene desgastando en los últimos años. El ejemplo más claro fue la aparición de un “informe especial” sobre Papel Prensa, producido a las apuradas con material que ya había editado el kirchnerismo en Canal 7, y al que prestó su conducción Gustavo Silvestre. El informe obviamente reflejó, sin matices y con un férreo disciplinamiento, la falsa versión que el kirchnerismo quiere instalar desde hace años sobre Papel Prensa. Con un criterio estético primitivo y un abordaje periodístico de una rusticidad y liviandad poco frecuentes, el programa formó parte del ciclo “Minuto Uno”, nuevo espacio para la difusión acrítica del relato kirchnerista en su versión más dogmática. Comenzó con un video que manipulaba fechas, imágenes y audios. Luego tuvo como invitados especiales a Lidia Papaleo y Rafael Ianover (testaferro de David Graiver), que volvieron a repetir libretos con hechos falsos, que jamás denunciaron en democracia pese a haber declarado ante la Justicia varias veces luego de 1983. Aunque quizás involuntariamente, terminaron reconociendo el rol del matrimonio Kirchner en la utilización política de este tema. Obviamente, a tono con la estrategia del gobierno, el programa atacó al juez de la causa y defendió al fiscal K Leonel Gómez Barbella, nombrado irregularmente por la procuradora Alejandra Gils Carbó hace algunas semanas con el único fin de perseguir a los diarios. No casualmente, el programa se da luego del fallido pedido oficial para llamar a indagatoria a los accionistas de Clarín y La Nación.


  El 26 de febrero en la oficialista Radio 10, Martín Sabbatella habló sobre la polémica aprobación por parte de la mayoría kirchnerista del AFSCA de un par de resoluciones clave del organismo que tienen como fin el de favorecer a medios amigos a expensas de los medios independientes. Demostrando una vez más su falta de imparcialidad y su total adicción al discurso K, volvió a atacar, sin ningún motivo y mediante rotundas falacias al Grupo Clarín: “Nosotros tenemos un problema con la adecuación que es que el Grupo Clarín se resiste a cumplir la ley, lo que hace daño es la concentración mediática, lo que hace daño es el gigante toma todo que no dejan que estén los otros”.

Sabbatella demuestra ser un alumno ejemplar, capaz de aprender y repetir el mismo guión cínico hasta el cansancio. La realidad es que quien se resiste a cumplir la ley de medios es el mismo Gobierno a través de Sabbatella. Desde la puesta en vigencia de la ley, que el AFSCA ha permitido violaciones sistemáticas por parte de empresarios amigos. Es así que admitió el pase de licencias sin autorización por parte de Hadad a Cristóbal López o aprobó el plan de adecuación de Telefónica (empresa de servicios públicos y de capital extranjero) con el argumento ridículo de que Telefé es de la telefónica española y no de la argentina. Al mismo tiempo, con complicidad de Sabbatella, la concentración de medios es cada vez más mayor y la diversidad que existía antes de la ley es cada vez menor: cada vez que el AFSCA autorizó a empresarios K a comprar medios ya existentes, la primera medida que tomaron fue la de despedir a los periodistas que no mostraban sumisión o alinear su línea editorial con el gobierno. Por otro lado, el plan de adecuación presentado por el Grupo Clarín no presentaba ninguna irregularidad, por eso fue aprobado en tiempo récord por unanimidad por el directorio de la AFSCA. Luego, en una maniobra típica del kirchnerismo, Sabbatella tuvo que inventar una gran cantidad de absurdos para intentar legitimar, al menos ante la propia tropa, la avanzada de oficio al Grupo Clarín. La Justicia, en dos fallos distintos, resolvió suspender esta medida (de la cual el Grupo Clarín ni siquiera había podido ni siquiera defenderse) para que el gobierno no pueda apropiarse de sus medios a la fuerza. Las constantes manifestaciones de Sabbatella buscan únicamente presionar a la Justicia para que avale sus atropellos.


  El 18 de febrero del 2015, durante las reuniones de Comisión en la Cámara de Diputados para reformar la Secretaría de Inteligencia y a horas de la marcha por la muerte del fiscal Nisman, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, acusaron al Grupo Clarín de disparates varios, y en particular por la cobertura sobre la muerte del fiscal Nisman. Zannini dijo: "El Gobierno está bajo un tiroteo permanente de parte de Clarín y la UIA cuando opera la gente de Rocca y Techint. Lo dijo Rodríguez Saá: a él lo sacó Clarín porque no quiso aplicar el proyecto económico que le presentaron".

La acusación es tan impresentable que ni el mismo Rodríguez Saá la puede explicar, o siquiera sostener. No se entiende como Clarín pudo haber pedido la devaluación (lo que ha sugerido Rodríguez Saá) cuando fue una de las empresas más afectadas por esa medida, ya que el Grupo tenía más del 95 por ciento de su deuda en dólares en el exterior. Es directamente grotesco sugerir ese disparate. Zannini, al igual que Rodríguez Saá, son ejemplos de quienes, antes de asumir sus propios fracasos, eligen acusar a la prensa para desviar responsabilidades.

El Secretario también dijo: "¿Un hombre que se fue apropiando de los diarios argentinos con una ley de la dictadura como la de Papel Prensa puede estar preocupado por la libertad de expresión y la democracia en la Argentina?”

Clarín jamás se apropió de ningún diario y tampoco compró ninguno en las décadas del 70 y 80, cuando se puso en marcha Papel Prensa, que es la empresa que le provee papel a todos los diarios de la Argentina. No por una ley, sino porque lo hace con calidad a precios competitivos. Los únicos diarios que compró Clarín fueron La Voz del Interior, Los Ándes y La Razón, lo hizo a fines de la década del 90, y pagó precios millonarios por ellos, que no volvieron a repetirse en el mercado. Muchos más diarios compraron los empresarios kirchneristas en la última década, con fondos provenientes de negocios con el Estado, y luego se vieron beneficiados con la arbitraria distribución de la publicidad oficial. Basta recorrer los títulos de Buenos Aires para ver cuántos de ellos terminaron en manos del Gobierno.

Y por último remató: “Están tratando de recuperar el lugar central en el que Menem los había puesto".

Pocos medios se enfrentaron tanto contra el menemismo como Clarín. Ya en el 93 el ex presidente lanzó una batería de medidas contra Clarín en represalia por sus investigaciones. Tras ser reelegido presidente en el 95, Menem dijo “le gané a los medios” en referencia a Clarín en particular. Fue justamente durante su segunda presidencia que Menem se dedicó a crear un multimedio propio con apoyo estatal para destruir a Clarín: se llamó el CEI.

Luego durante su intervención, Parrilli dijo sobre la testigo que presenció el primer allanamiento al departamento del fiscal Nisman: “Están armando la nueva Farjat, la nueva Telpuk, la inventó Magnetto para que dejemos de discutir las cosas verdaderas y ver que pasó esa noche”.

La testigo no la inventó Clarín; por el contrario, el diario hizo un trabajo periodístico como debe hacerse. La testigo se expresó en las páginas de Clarín sobre un hecho que justamente está en discusión: lo que pasó esa noche. Cualquier aporte periodístico frente a la confusión reinante, alimentada en muchos casos por declaraciones oficiales, es un deber del periodismo.


  El 22 de enero del 2015, en su segunda carta en Facebook sobre el caso Nisman, la presidenta Cristina Kirchner sostuvo que el Sr “Jorge (sic) Aranda, directivo de Clarín, triangula operaciones de venta de arroz a Irán a través de la firma Molinos Libres S.A.”.

Aunque esa operación comercial no tendría nada de objetable ni sospechoso, ni mucho menos vinculación alguna con el caso Nisman, se trata de otra mentira. El Sr. José Aranda (no Jorge como erróneamente se lo menciona), accionista del Grupo Clarín y productor de arroz en la provincia de Corrientes, no vendió ni vende –ni directamente ni a través de terceras empresa- arroz a la República Islámica de Irán. Otro disparate y van…


  El 19 de enero del 2015, luego de que se conociera la muerte del Fiscal Federal que imputó a la presidenta Alberto Nisman, los Diputados y Senadores del Frente para la Victoria brindaron una conferencia de prensa en la que el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, intentó vincular a Héctor Magnetto con la muerte del fiscal: “El lunes inmediatamente después del atentado de Francia había un clima de incertidumbre que quiso imponer Héctor Magnetto (CEO de Clarín). El miércoles Nisman interrumpió sus vacaciones y el jueves Clarín titula: AMIA: acusan a Cristina de encubrir a los iraníes y le piden la indagatoria (...) Tenemos interrogantes, qué sector mafioso llevó al fiscal Nisman a tomar esa decisión.”

Aunque parezcan delirantes, las declaraciones de Domínguez y otros referentes K son de una bajeza que preocupa: que en una situación tan dolorosa y delicada el representante del oficialismo pretenda seguir echándole la culpa a Clarín es directamente perverso. Héctor Magnetto nunca tuvo contacto alguno con Alberto Nisman y los medios del Grupo Clarín lo único que hicieron desde que se conoció la denuncia del fiscal, fue informar sobre ello (al revés de muchos medios oficialistas y funcionarios, que se concentraron en atacarlo). El mismo criterio periodístico, similar al de todos los diarios de referencia del mundo, fue el que tuvo Clarín al cubrir el atentado en Francia. Frente a los hechos que lo descolocan, el kirchnerismo no puede seguir buscando como chivo espiatorio a Clarín y mucho menos intentar hacer algo tan descabellado y ruin como vincular la muerte de una persona a Héctor Magnetto.


  El 23 de diciembre del 2014 el AFSCA presentó un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que interceda en el juicio que suspendió la adecuación forzosa del Grupo Clarín. En declaraciones periodísticas, Sabbatella justificó la presentación del AFSCA diciendo que: “Es una barbaridad que un juez inferior se aparte sin fundamento de lo dicho por la Corte, lo que pone en evidencia que una parte del Poder Judicial se rinde ante el poder económico y permite que se consagren privilegios y se vulneren derechos como el de garantizar una comunicación plural, democrática y diversa”. “Es obvio que Magnetto no quiere cumplir la ley y, por eso es una vergüenza que parte del Poder Judicial nos quite las herramientas legales que tenemos para obligar a que la ley se cumpla”.

Es el colmo de la manipulación que justamente a días de haber aprobado planes de adecuación escandalosos por sus incompatibilidades con la ley, Sabbatella diga que el Grupo Clarín es quien no quiere cumplirla. La Justicia está analizando la ilegal avanzada de oficio sobre los medios del Grupo Clarín que pretendió hacer el AFSCA, y por eso dictó una medida cautelar suspendiéndola, un recurso legal que se utiliza en cientos de conflictos. Este avance de facto perpetrado por Sabbatella se comunicó en conferencia de prensa, a espaldas del resto de los representantes del AFSCA, sin la notificación previa a la empresa y argumentando una serie de falsas incompatibilidades con la ley de medios en el plan presentado por Clarín. Lo curioso es que el juez que ahora Sabbatella critica, Horacio Alfonso, es el mismo que en primera instancia declaró la constitucionalidad de la ley de medios en un fallo que todos los representantes del kirchnerismo, incluyendo Sabbatella, se encargaron de alabar. La Justicia ya no analiza la constitucionalidad de la ley, la Justicia analiza la ilegalidad de avanzar de oficio sobre el único grupo de medios que presentó un plan serio. Avanzar basándose en mentiras, en una clara violación a derechos constitucionales (como los de libre expresión, propiedad y defensa en juicio) y un atropello al fallo de la Corte Suprema. Todo esto mientras que al mismo tiempo se le permite a grandes jugadores internacionales y a grupos locales violar abiertamente la ley a cambio de líneas editoriales complacientes con el poder político.


  Durante las últimas semanas del 2014 el Gobierno y todo el aparato de medios que controla lanzaron la falsa versión de que el Grupo Clarín, Cablevisión y sus directivos tienen cuentas sin declarar en Suiza.

No es casual que semejante acusación coincida con el avance de investigaciones por corrupción que enfrentan los más altos funcionarios del kirchnerismo. La denuncia es tan burda que se lanzó sin siquiera chequear las propias declaraciones juradas de la compañía. En efecto, y como lo informó de inmediato en su desmentida, todas las cuentas de Cablevisión se encuentran registradas ante la AFIP. La denuncia se lanzó públicamente sin siquiera chequear que las cuentas de Cablevisión y de su antecesora Multicanal que fueron mencionadas están en las declaraciones juradas que se presentan periódicamente a ese organismo. Por otro lado, ninguno de los ejecutivos de Cablevisión a los que se les adjudicaron falsamente cuentas sin declarar son titulares de esas cuentas: son o fueron simplemente directores o apoderados de Cablevisión o de Multicanal. Y las cuentas, que están declaradas, son de las empresas, no de ellos. Pese a que Cablevisión desmintió rotundamente, con datos y documentos, estas acusaciones, y a que rápidamente presentó un contundente descargo ante la AFIP, el aparato de medios K siguió poniendo a la empresa de cable y al Grupo Clarín (que ni siquiera había sido mencionado en la denuncia), como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. Surrealista.


  El 12 de noviembre de 2014 Aerolíneas Argentinas difundió un newsletter digital titulado “Hasta Clarín reconoce el buen servicio y se suma a Aerolíneas Plus” en el que menciona el beneficio que tienen los clientes de la tarjeta Clarín 365 para comprar pasajes y pretende usarlo para relativizar la información que el propio diario viene brindando sobre las anomalías operativas, financieras y de gestión de la empresa estatal. El comunicado concluye: "al elegir el servicio de nuestra línea aérea de bandera, el Grupo Clarín contradice a sus propios medios que ponen en duda el buen funcionamiento de Aerolíneas".

La existencia de un acuerdo comercial entre Aerolíneas Argentinas y Clarín 365 (como el que existe con más de 4000 marcas en el país) no desacredita ninguna información ni investigación periodística del diario. Muy por el contrario, reafirma la independencia editorial y la lógica periodística con la que se manejan las redacciones de los medios del Grupo Clarín. En efecto, las áreas periodísticas y las áreas comerciales o de marketing son autónomas, y cada una de ellas tienen sus canales de comunicación específicos al público. Justamente la mejor prueba de ello es que no se ha modificado en nada el interés y el foco periodístico sobre los manejos, problemas y conflictos de la empresa aérea (tanto en Clarín como en otros medios del Grupo) desde que existe este acuerdo comercial entre Aerolíneas y Clarín 365. Pareciera que el Gobierno está acostumbrado a la lógica transaccional que utiliza con sus medios amigos y pretende extrapolarla al resto de los medios. El comunicado que lleva la firma de la empresa (dirigida por miembros de La Cámpora) no hace más que ratificar el patológico concepto que el Gobierno tiene sobre los medios de comunicación.


  El 4 de noviembre del 2014, el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, solicitó al juez en lo Civil y Comercial Federal, Horacio Alfonso, que evalúe una sanción al Grupo Clarín por haber realizado "una notificación maliciosa", tras alcanzar una medida precautelar dictada por ese magistrado. También, acusó a Clarín de "hacer daño y prejuicio a la democracia" por haber demandado civilmente a los directores K de la AFSCA.

Evidentemente, para Sabbatella la defensa de los derechos ante la Justicia es atentar contra la democracia. Justamente lo contrario a lo que prevé la Constitución, que le da esa herramienta a los ciudadanos para defenderse frente a los abusos del gobierno de turno. En primer lugar, la notificación enviada al AFSCA por parte del Grupo Clarín es sólo el cumplimiento de los pasos que marca el Código Procesal luego de la decisión de un juez. En este caso, darle aviso a la otra parte sobre la existencia de la misma. No se entiende cómo puede ser malicioso algo que ordena la ley y un magistrado. Salvo que Sabbatella esté considerando malicioso el accionar del juez, lo cual revelaría su intolerancia a cualquier decisión que no le sea funcional. Claramente antidemocrático. O salvo que la intención de Sabbatella tenga como objetivo presionar al juez para intentar hacer caer la medida precautelar que frena momentáneamente el avance de oficio sobre los medios del Grupo Clarín. Una medida basada en la gravedad y el trato discriminatorio evidente que reveló la adecuación forzosa del Grupo Clarín. En segundo lugar, cuestionar una demanda judicial contra funcionarios públicos por los daños y perjuicios que causa su accionar abusivo e irregular, revela el mismo desprecio por la división de poderes y las garantías constitucionales. Frente a la arbitrariedad y la discriminación estatal, Clarín no tiene otro recurso que acudir a la Justicia, que es lo que viene haciendo desde que el kirchnerismo decidió poner todo el aparato estatal a hostigarlo y perseguirlo. Por otra parte, es casi un chiste que la misma semana en la que el Congreso tratará con urgencia el proyecto de ley de las telefónicas, que viola abiertamente artículos de la ley de medios con el fin de favorecer a grupos extranjeros y monopólicos, Sabbatella acuse a Clarín de causarle "daños y prejuicios a la democracia". Los daños los causó el mismo funcionario cuándo durante años le permitió a Telefónica evadir la ley de medios hasta esperar a que el Gobierna presentara una ley que les permitiera esto en forma legal. Mientras que al mismo tiempo, pretende avanzar de oficio sobre los medios de Clarín, que son de los pocos que se mantienen independientes y que ofrecen una voz distinta a la del Gobierno.


  El 3 de noviembre del 2013, Mariana Moyano publicó una nota de opinión en el diario Página 12 titulada “El vínculo empresarial entre Paul Singer y Clarín” en la que a través de datos falsos, se intentan tejer nexos entre los fondos buitre de Paul Singer y el Grupo Clarín. Según Moyano hay una empresa llamada IPG Mediabrands que fue fundada por Interpublic (empresa de la que Paul Singer posee el 6,7%) que a su vez fundó Magna junto a las empresas A+E Network, AOL, Clear Channel y Cablevisión. “Sí, así como suena, son Interpublic y Magna las empresas en las cuales Cablevisión y Elliott se vuelven socios, donde Clarín y Paul Singer poseen una zona común” dijo Moyano.

Moyano, que firma como periodista y docente, debería chequear la información. Con sólo poner los datos que ella presenta en cualquier buscador de Internet, salta la verdad. La empresa “Cablevision” (en inglés y sin acento) que fundó Magna, no es el operador de cable argentino, sino que es una empresa norteamericana fundada en 1973 y que nada tiene que ver con la empresa del Grupo Clarín. Sólo tienen un nombre parecido. La empresa Cablevisión de Argentina no fundó ni es socia de Interpublic o de Magna. Sin embargo, no es extraño que Moyano incurra en semejante disparate. Procede de la misma forma en la que lo hicieron los titulares del AFSCA que intentaron endilgarle a Clarín empresas y sociedades que no le pertenecen con el único objetivo de confundir a la opinión y así poder legitimar una avanzada de oficio sobre la única empresa que cumple con la ley de medios y que no necesita de nuevas leyes para poder ajustarse a ella.


  El 10 de octubre del 2014, Martín Sabbatella denunció al Grupo Clarín ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con los mismos argumentos con los que pretendió cuestionar su plan de adecuación.

La presentación de Sabbatella forma parte del show mediático que el titular del AFSCA intenta mostrar a 5 años de la sanción de la ley de medios y se da el mismo día en que Clarín desmintió con pruebas precisas las afirmaciones hechas por el titular del AFSCA sobre la existencia de vínculos societarios entre accionistas de las Unidades 1 y 2. Desde hace años distintos funcionarios del kirchnerismo inventan causas de lavado de dinero contra el Grupo Clarín y no hubo ni una sola investigación que haya prosperado. Es que todas las sociedades en las que participa el Grupo Clarín o sus accionistas están debidamente registradas, algo por lo que no se caracterizan los lavadores de dinero. Por otro lado, mostrar como supuestas pruebas sociedades que pertenecen a terceros y no tienen nada que ver con el Grupo Clarín o con sus accionistas no hace más que demostrar lo burdo de las denuncias. Y ratifica el único interés del gobierno: avanzar contra Clarín aunque esto implique inventar causas, falsear datos y utilizar todos los organismos del Estado para intentar sostener la mentira.


  El 10 de octubre del 2014, Martín Sabbatella intentó desacreditar una nota de Clarín en la que se demostró, punto por punto, que las supuestas vinculaciones entre accionistas de Clarín denunciadas por el funcionario eran totalmente falsas. La nota en cuestión rebatió con elementos contundentes todos los gráficos que había presentado Sabbatella en su conferencia de prensa. Pero, en otra vergonzosa pirueta, el titular del AFSCA la interpretó al revés: "Clarín reconoció hoy que todo lo que dijimos era cierto. Que hay vínculos societarios, están reconociendo que esos abogados son socios en otras empresas", dijo. Y sostuvo que el Grupo "armó una trampa para no cumplir con la ley de medios".

Lo de Sabbatella excede el disparate y confirma la mala fe del funcionario. La nota publicada por Clarín desmiente, con pruebas precisas y de manera contundente, las afirmaciones hechas por el titular del AFSCA sobre la existencia de vínculos societarios entre accionistas de las Unidades 1 y 2. Primero, la mayoría de las sociedades que mostró Sabbatella no tienen nada que ver con el Grupo Clarín ni con sus accionistas. Pertenecen a terceros, no a los accionistas del Grupo Clarín. Hay varias de ellas que pertenecen a estudios de abogados que atienden a cientos de clientes externos al Grupo; incluso dos de estas son las sociedades en las que están organizados dichos estudios de abogados. Por otra parte, las vinculadas a accionistas del Grupo no están ocultas, son sociedades registradas por sus legítimos titulares en sus correspondientes declaraciones. Al contrario de lo que dijo Sabbatella, en ninguna de ellas existen participaciones cruzadas entre los accionistas de la Unidad 1 y los de la Unidad 2. En una de ellas, el absurdo llega al punto de que se trata de la sociedad titular del departamento donde vive Héctor Magnetto. En otras, se omite que los accionistas de Clarín no son, ni nunca fueron, socios de las mismas. Por otra parte, es ridículo pensar que Clarín le tenga que informar al AFSCA sobre la existencia de sociedades que nada tienen que ver con la empresa, sus accionistas, ni el sector mediático, y de las que ni siquiera Clarín sabía de su existencia por tratarse de sociedades de terceros.


  El 30 de septiembre del 2014, la presidenta Cristina Kirchner acusó a varios bancos de querer desestabilizar la economía del país. Al otro día, la agencia oficial Télam, publicó un cable en el que intentó vincular a uno de esos bancos, el Mariva, con el Grupo Clarín, con la clara intención de sumar al Grupo a la denuncia hecha por la presidenta el día anterior. En la nota, Télam citó a Hérnan Arbizu, prófugo de la justicia norteamericana, quién volvió a reflotar viejas difamaciones y agregó que el Mariva “tiene su porcentaje en el Grupo Clarín”.

La necesidad del kirchnerismo de culpar a la prensa no adicta, y en particular a Clarín, de cualquier situación negativa que atraviese el gobierno, lo lleva a inventar conspiraciones burdas y canallescas. El prófugo Arbizu viene denunciando falsamente al Grupo Clarín desde 2008, con aval del gobierno nacional y con el objetivo de lograr protección política para no ser extraditado y encarcelado en los Estados Unidos. La falta de asidero de sus denuncias ha quedado plenamente de manifiesto, luego de 6 años, tanto en el trámite judicial como ante los organismos de control del Ejecutivo, que pese a ser usados como herramienta de persecución y represalia, no pudieron sostener esas temerarias acusaciones. Lo que ahora agrega Arbizu es tan disparatado como lo anterior. Ni el Banco Mariva tiene participación o porcentaje alguno en el Grupo Clarín, ni el Grupo Clarín tiene participación o porcentaje alguno en el Banco Mariva. Sólo basta con consultar la información pública del Grupo, obrante en la Comisión Nacional de Valores y otros organismos del Estado, para confirmar que se trata de otra mentira. Por otra parte, intentar vincular transacciones bancarias legales, públicas y registradas hace muchos años, con supuestas acciones de desestabilización financiera del presente, sólo puede obedecer a un tosco intento por desviar el eje de las noticias y amedrentar a quienes ejercen su tarea informativa.


  El 15 de agosto del 2014 el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, denunció penalmente al Grupo Clarín por un supuesto incumplimiento de la grilla del cable con el objetivo de seguir hostigándolo y discriminándolo frente a otros grupos que sí se encuentran al margen de la ley.

No por insólita, la denuncia deja de tener una gravedad inocultable. La misma demuestra hasta dónde es capaz de llegar Sabbatella y el organismo que dirige un su estrategia de persecución y hostigamiento contra un grupo. Es otra muestra más –por si faltaran ejemplos- del trato desigual y discriminatorio de la AFSCA, que ha sido la constante desde su creación. Cablevisión es la única empresa que cumple con los compromisos asumidos ante el propio organismo respecto de la grilla del cable. A diferencia de otros operadores de cable y TV satelital que transmiten canales medio día, y otros directamente no los transmiten, todos los canales exigidos por la ley son transmitidos por Cablevisión. Incluso a principios del 2014 Cablevisión modificó el orden de su grilla de canales a partir de una presión del AFSCA, que le exigió eso para tratar su plan de adecuación, algo ilegal que no había sucedido con ningún otro operador. Sin embargo, el AFSCA mantiene dilaciones incomprensibles para la ejecución del plan y es el único responsable de que el mismo aún no esté terminado.


  Los días 12 y 13 de agosto de 2014 el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, volvió a lanzar una andanada de ataques contra Clarín acusándolo de "dilatar la adecuación a la ley de medios", de ser "inescrupuloso", de "extorsionar hace años a los poderes públicos" y de "resistirse a cumplir una ley democrática". Al mismo tiempo, junto a la mayoría kirchnerista del directorio del AFSCA, amenazó con aplicarle la adecuación de oficio al Grupo Clarín a través de una intimación del organismo.

Las declaraciones de Sabbatella y la intimación del AFSCA son la demostración más flagrante del trato discriminatorio y la persecución del organismo contra el Grupo Clarín, lo que violenta no sólo la letra y el espíritu de la ley de medios, sino el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es verdaderamente insólito que el organismo que no aplica la ley o genera subterfugios para la inmensa mayoría de los grupos que deben adecuarse, justamente pretenda castigar a aquel que ha llevado adelante un plan de adecuación absolutamente ajustado a derecho. Un plan que viene cumpliendo todos los pasos procesales y trámites administrativos requeridos, en los plazos estipulados. La intimación ratifica que la AFSCA no está dispuesta a garantizar el trato igualitario que exigió el fallo de la Corte. Que pretenda pasar a "adecuación de oficio" el único plan que se está llevando adelante en tiempo y forma, cuando hay planes que tienen casi dos años en el organismo sin tratarse (u otros que una vez aprobados son prorrogados "in eternum" o no ejecutados) es la demostración más clara del trato discriminatorio. El plan está avanzando de acuerdo a lo estipulado: las actuaciones pendientes son responsabilidad de organismos del Estado, no de Clarín. El fideicomiso de la Unidad 4 (aprobado por asamblea) es una transferencia a terceros y una desinversión, que es lo que exige la ley de medios y lo que proponía el plan. O sea que se cumple perfectamente lo que se dijo que se iba a hacer. La unidad 4 sólo podrá volver al Grupo Clarín si la Justicia le da la razón, mientras tanto está afuera. Decir que eso da pie a la transferencia de oficio es una muestra más de la persecución y del trato discriminatorio. Justamente el fideicomiso nace a partir del trato desigualitario al Grupo Clarín respecto de DirecTV y Grupo Uno, grupos a los que se les permitió mantener señales de contenido. El fideicomiso refleja la voluntad del Grupo de no poner trabas y asegurar el cumplimiento. De otro modo, ni siquiera hubiera habido un fideicomiso, directamente el Grupo se habría quedado con esas señales para garantizar el trato igualitario. Por si fuera poco, amenazar con dar por caído todo el plan por una cuestión atinente a una unidad, es otro exabrupto que demuestra que el verdadero interés del gobierno no es la adecuación sino el silenciamiento. Respecto de las adecuaciones de otros grupos, pendientes de tratamiento, seguir postergándolas implica otra burla al fallo de la Corte, porque esto le impide a los grupos ya analizados exigir trato igualitario antes de terminar sus procesos de adecuación. Es particularmente grave que el AFSCA -no sólo en las palabras de su titular, sino en las propias resoluciones tomadas por la mayoría kirchnerista- siga mostrando sin disimulo su animadversión e interés de ir contra un grupo en particular, como evidente represalia por su línea editorial. La mejor muestra de esta persecución es que los directores por la oposición votaron en contra de este nuevo avasallamiento.


El 6 de agosto del 2014 el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, lanzaron un combo de Disparates contra Clarín.

  Capitanich cargó contra Clarín por haber publicado la denuncia que la legisladora Graciela Ocaña realizó contra los últimos tres jefes de Gabinete por los presuntos desvíos de dinero del Fútbol para Todos. Capitanich dijo: “existía el uso extorsivo del fútbol por parte de una empresa privada (…) extorsión y estafa como mecanismos de extorsión a dueños de cable (…) Le pido a los medios que dejen de mentir: Primero, decir que estamos indagados (…) dejen de mentir, dejen de envenenar a la gente con datos falsos”.

Lo que hizo Clarín fue publicar información sobre el allanamiento que la jueza María Servini de Cubría hizo en la sede de la AFA para investigar los supuestos desvíos de dinero en el programa Fútbol para Todos. En ninguno de los 5 artículos que publicó Clarín en su edición del 6 de agosto sobre esta investigación se dice que Capitanich, Fernández o Abal Medina están siendo indagados, lo que si se dice es que el fiscal Eduardo Taiano los imputó. Por otro lado, las referencias indirectas a Cablevisión no hacen más que repetir la gastada estrategia de culpar a la prensa por cada una de las investigaciones judiciales que enfrenta el Gobierno. Varias veces en esta sección hemos desmentido alusiones como las de Capitanich referidas al fútbol, los cables y la falsa extorsión, basta leer los Disparates del 4/4/2014 y del 15/5/2012.

El mismo día pero durante una entrevista televisiva, el actual senador y ex presidente Adolfo Rodríguez Saá dijo que su renuncia abrupta de la presidencia después de una semana en el cargo fue por que el Grupo Clarín, junto a empresarios e industriales, le pidieron “la pesificación asimétrica” y él se opuso.

Al igual que Capitanich (que fue su ministro interino de Economía), Rodríguez Saá se encolumna en la táctica de eludir sus responsabilidades poniendo culpas afuera. Pero sus falsedades caen por su propio peso. El Grupo Clarín jamás impulsó (ni durante la presidencia de Rodríguez Saá ni durante la de Duhalde) la devaluación o la pesificación asimétrica. Como ya se explicó en esta sección, Clarín fue una de las empresas más perjudicadas por la devaluación, ya que el 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país. Por ello, lejos estuvo de cualquier pesificación o licuación de deuda. En otras palabras: en pocos días, su deuda se multiplicó por cuatro mientras sus ingresos se mantenían en pesos y además se reducían por efecto de la recesión. Esa deuda se renegoció y se restructuró de manera enteramente privada, con sus acreedores internacionales, con los que se llegó a sendos acuerdos de refinanciación a fines del 2003. Esos acuerdos fueron cumplidos con recursos propios del Grupo Clarín.


  Los dias 21, 22 y 23 de julio del 2014 Víctor Hugo Morales dedicó grandes espacios de su programa radial para atacar al periodista Jorge Lanata por una mención en su ciclo PPT y por indagar acerca de lo que habría cobrado Morales por parte del canal multiestatal Telesur (del que el Estado argentino es socio del venezolano). Entre sus "acusaciones", Morales dijo que Lanata también recibía dinero del Estado debido al 9% que la ANSES posee del Grupo Clarín.

El razonamiento de Morales es insólito. Desde que el Gobierno estatizó a las AFJP y absorbió los porcentajes accionarios que estas tenían en distintas empresas, incluyendo al Grupo Clarín, nunca la ANSES en su condición de accionista minoritario puso un solo peso en la compañía. Muy por el contrario, todos los años los resultados fueron positivos, y más aún, cada vez que la Asamblea de Accionistas resolvió repartir dividendos en efectivo (2011, 2012 y 2014), la ANSES los cobró puntualmente. En el 2008, año en el que el Gobierno estatizó a las AFJP, la acción de Clarín estaba a $3,59 y al día de la fecha la acción está a $40. Este crecimiento implicó un doble esfuerzo por parte de la compañía debido a la situación macroeconómica de la Argentina y a los constantes ataques al Grupo por parte del Gobierno. Por otro lado, el programa Periodismo para Todos, que siempre ha presentado excelentes mediciones de rating y que ha obtenido distinciones en el ámbito local e internacional, le reporta ganancias a El Trece y en consecuencia al Grupo Clarín, por lo tanto, siguiendo el razonamiento de Morales, quién si ganó plata por el éxito del programa de Lanata fue la ANSES. Un dato adicional pero no menor, vinculado a la “preocupación” que dice tener Morales por los recursos del Estado, tiene que ver con el juicio que debió enfrentar por la transmisión ilegal, en el programa Desayuno de Canal 7, de la final de la Copa Intercontinental (Boca-Real Madrid) en el año 2001. En ese juicio, Morales pretendió desligarse de su responsabilidad en el hecho y transferir íntegramente el costo del resarcimiento al canal estatal. O sea que pretendió que todos los argentinos pagaran por una decisión de la que él fue corresponsable, como se encargó de publicitar varias veces. De hecho, su propio productor confirmó que la decisión de emitir ese partido fue del relator.


  Durante las primeras semanas de julio Víctor Hugo Morales volvió a dedicar gran parte de sus programas a lanzar un compendio de disparates contra Clarín, sus periodistas y sus directivos. El 9 de julio dijo:“¿Para qué vas a hablar de Papel Prensa? Ellos jamás lo van a hacer, jamás van a hablar de un tema en el que Magnetto va contra mi libertad de expresión, en la que yo me tomo la posibilidad de decir que a lo mejor tiene las manos ensangrentadas, chorreando sangre, de la historia de Papel Prensa.”

Desde que el Gobierno lanzó en el año 2009 su falso relato de la adquisición de Papel Prensa por Clarín, La Nación y La Razón, todos los medios del Grupo han tratado este tema. Inclusive, en nuestra página institucional hay secciones enteras dedicadas a esta cuestión y documentos completos con datos históricos. Por otro lado, decir que Magnetto tiene las manos manchadas con sangre es una difamación gravísima. En más de 30 años, nunca hubo ningún tipo de sugerencia o sospecha de que el secuestro de miembros de la familia Graiver haya tenido algo que ver con la adquisición de Papel Prensa. Tan es así, que cuando el Gobierno lanzó semejante acusación, los mismos familiares de David Graiver y de Lidia Papaleo salieron a desmentirlo.

“Libertad de expresión que Magnetto no tiene la misma condescendencia conmigo, y reclama millones de pesos y todo lo que haya de costas y demás, y rectificaciones. Para rectificarme de lo que pienso de esta persona, yo no sé qué tendrán que hacerme. Llevarme a los camastros donde torturaban a Lidia Papaleo. Es probable que yo no tenga el aguante que tuvo esa señora, lo más probable es que no, pero si no hacen una cosa por el estilo, yo no voy a abdicar de lo que digo de Magnetto.”

La demanda civil entablada por Héctor Magnetto está lejos de limitar el derecho de libre expresión del relator. En primer lugar, no se trata de una denuncia penal sino de una demanda civil por daños y perjuicios, que no busca silenciarlo de ningún modo, sino que se haga cargo de sus falsas denuncias, rectificándolas o haciéndose responsable de los daños que causa. Es muy importante recordar que la demanda contra Víctor Hugo Morales es por afirmaciones asertivas, no por opiniones, luego de que el relator utilizara en reiteradas oportunidades sus programas para imputarle a Magnetto hechos concretos y absolutamente falsos, como la responsabilidad en delitos aberrantes, conductas mafiosas, actividades criminales, etc. En los más de 60 años de vida de Clarín, distintas personas públicas han expresado opiniones –algunas muy virulentas- en contra del diario o de sus accionistas, pero nunca fueron demandados. Por ejemplo, Julio Ramos fue un crítico obsesivo y acérrimo del Grupo Clarín pero nunca cayó en la infamia de imputar delitos aberrantes a sabiendas de su falsedad.

“Los tuiteros sabían que Caamaño tenía una tarjeta, creo que American Express en la que había determinado tipo de gastos. Yo sigo pensando que el gobierno está bien dormido en un tema que se llama Impripost. Emite todo lo que nosotros tenemos en nuestro bolsillo, todos estos papeles, todas estas boletas, todo lo emiten ellos.”

Esto ya es el disparate del disparate. La empresa Impripost no imprime ningún resumen de ninguna tarjeta de crédito. Esta falacia fue inventada por Morales y es tan poco creíble que ni siquiera es repetida por los ultrakirchneristas.

El 15 de julio dijo: “la cobertura de la gente de Magnetto, de Clarín, en TN, al tema de la venta de las entradas. (...) Aquí hay viejas facturas que han ido esperando todo lo necesario para pasárselas al que les quitó el fútbol para dárselo al Estado."

La reventa de entradas por parte de directivos de la AFA es un tema que fue descubierto y tratado extensamente por la prensa brasileña, y luego por todos los medios argentinos, ya que se trata de un tema de indudable interés y actualidad informativa. Muy por el contrario, desde que Morales adoptó el discurso oficial, temas como éste (que en otro momento de su carrera hubiera merecido horas de “relato”) u otros de fuerte interés público (por tratarse de investigaciones de corrupción que involucran a funcionarios de primer nivel), directamente son ignorados o, en el mejor de los casos, mencionados para defender a los acusados o cuestionar a los medios que los difunden.

El 16 de julio habló de los desmanes que se produjeron en el Obelisco y dijo: “Nosotros no estamos lejos de alguna desgracia, no lo estamos. La están empujando y la están impulsando, la televisan en directo si es posible, como sucedió el otro día con lo de TN, esto es empujar a una desgracia.”

Las cámaras de TN y de El Trece estaban cubriendo (con más móviles y periodistas que cualquier otro medio) los festejos de los argentinos en el Obelisco por el Mundial de Fútbol. Ese era el objetivo único y exclusivo de la cobertura, similar a la que se había hecho para la semifinal. Fue en medio de la misma cuando comenzaron los desmanes. Los primeros destrozos fueron incluso contra el móvil de TN. La gran mayoría de los medios (salvo 678) los cubrió in extenso. En definitiva, lo único que hicieron los periodistas que estaban apostados en el lugar fue cubrir los hechos de violencia que estaban ocurriendo. Algo que cualquier periodista que se precie de tal tenía la obligación profesional y ética de hacer. El problema no fue de los que transmitieron, sino de los que ocultaron o silenciaron.


  El 11 de junio del 2014 el titular del AFSCA Marín Sabbatella salió a criticar a dirigentes políticos, empresarios y sociales por haber asistido al primer debate del ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín: “Resulta vergonzoso que muchos dirigentes políticos y sociales le hagan el juego a un empresario como Magnetto, que si algo no hizo fue consolidar la Democracia y el Desarrollo”. “El camino de ayudar a parir nuevas voces, de permitir que emerjan los que fueron aplastados y negados por el gigante de la comunicación es más empinado y con más obstáculos que el de ponerse al servicio de las corporaciones; pero es el más justo y eso basta para sentirnos felices de dar la pelea y enfrentar la mentira y la agresión”.

Las expresiones de Sabbatella no hacen más que ratificar su falta de neutralidad a la hora de ejercer su cargo sobre todos los medios del país, además de su nula vocación de pluralidad. Al ciclo organizado por Clarín asistieron políticos de todos los partidos, incluyendo el de gobierno. Además uno de los expositores es intendente del Frente para la Victoria. La idea de este ciclo de debates –como otros que organizó Clarín a lo largo de su historia- es generar espacios plurales donde lo importante sea pensar y discutir, respetando disensos y buscando coincidencias. Donde referentes políticos, empresarios, sociales y público en general puedan encontrarse sin importar sus ideologías. Para la lógica de personas como Sabbatella, dónde sólo existen militantes o enemigos, este tipo de encuentros no tiene sentido. Esto queda evidenciado en la falta de pluralismo que existe en los medios estatales y paraestatales, donde se estigmatiza al disidente y no se permite el debate verdadero. El contraste con esa mirada cerrada y excluyente no sólo tuvo lugar el martes a la mañana en el MALBA sino esa misma noche en TN, donde el vicepresidente Amado Boudou fue entrevistado para dar su versión de los hechos sobre la causa que lo involucra en supuestos delitos de corrupción. Por otro lado, quien incumple las leyes de la democracia es el propio Sabbatella, cuando permite, por parte de grupos afines al gobierno, seguir incumpliendo la ley de medios.


  El 26 de mayo del 2014 Víctor Hugo Morales se sumó a las voces oficialistas que manipularon declaraciones de Adrián Suar para intentar enfrentarlo con los actores. El relator dedicó gran parte de su programa para atacar al Gerente de Programación de El Trece y redobló la apuesta llegando hasta acusar y condenar a los actores que trabajan en los canales y productoras del Grupo Clarín.

En más de una oportunidad, Morales condenó a los periodistas que trabajan en Clarín por el simple hecho de cumplir con su función informativa. Pero esta vez, con tal de legitimar los exabruptos de las usinas oficialistas, cargó directamente contra los actores que trabajan en Canal 13. Pareciera que para Morales los únicos que están autorizados a trabajar y opinar son los que lo hacen en los medios estatales o paraestatales, medios que presentan una única voz y pensamiento. Desde hace más de 25 años el Grupo Clarín, a través de Artear y sus productoras, es el principal empleador de actores, autores y técnicos argentinos y lleva producidas más de 25 mil horas de ficción en el país. Nunca, en todos estos años, se discriminó a nadie por su ideología. La única condición para trabajar en sus programas es el talento. Incluso, actores que han manifestado abiertas críticas hacia el Grupo Clarín fueron convocados para importantes proyectos. De ello pueden dar fe todos y cada uno de los actores que han trabajado en Canal 13 a lo largo de estos 25 años. Pueden dar fe no sólo desde las ficciones, sino desde numerosos programas de nuestras pantallas, dónde cada uno puede decir lo que piensa y siente con absoluta libertad.


  El 20 de mayo del 2014 Ernesto Tenenbaum entrevistó a Martín Sabbatella en su programa Tierra de Locos. Durante la entrevista, el funcionario pretendió instalar el curioso razonamiento de que los supuestos efectos positivos de la ley de medios estarían comprobados a partir de “la resistencia de Clarín a cumplirla”. El periodista, en tanto, también se preguntó por las razones de la impugnación legal de Clarín a la misma durante los últimos años, si después presentó el plan de adecuación conocido.

En primer lugar, llamar "resistencia a cumplir la ley" a una impugnación judicial prevista por nuestro ordenamiento constitucional y garantizada a cualquier ciudadano es, al menos, desconocimiento del sistema de derechos y garantías de nuestra Carta Magna. Cualquier individuo o empresa tiene derecho a objetar una ley, reglamento o acto administrativo que lo afecte, y el Poder Judicial es el que define si la misma se suspende, se valida o se anula para ese reclamante. La suspensión de ciertos artículos de la ley que obtuvo Clarín fue absolutamente legítima. Cuando la misma cesó, el Grupo presentó su plan de adecuación. En cambio, sí podría hablarse de "resistencia" en el caso de grupos que no acudieron a la Justicia pero incumplieron la ley durante 5 años, y aún hoy lo siguen haciendo con la aquiescencia del gobierno. Más allá de esto, la interpretación de que la presentación del plan de Clarín torna inexplicable o injustificado el planteo judicial anterior es a todas luces incorrecto. Si Clarín no hubiese impugnado la norma, habría resignado una convicción que tiene aún: que la misma vulnera principios básicos del derecho como la irretroactividad de la ley, los derechos adquiridos, la irrazonabilidad de restringir los medios que no usan espectro y la discriminación abierta del cable frente a otros prestadores (como DirecTV o las telefónicas). Su planteo fue tan serio y sustentado, que obtuvo un fallo unánime de Cámara Federal (segunda instancia), en el cual los 3 jueces consideraron inconstitucionales los puntos centrales impugnados. Incluso el voto de la Corte fue muy dividido, y la constitucionalidad en el artículo de la desinversión fue de 4 a 3. En otras palabras, la razonabilidad del planteo de Clarín fue más que comprobada judicialmente. Pero hay un dato no menor a la hora de evaluar la estrategia que parecen cuestionar tanto Sabbatella como Tenembaum: la presentación del plan de Clarín luego del fallo y su tratamiento posterior por el AFSCA (ciertamente no bajo condiciones de igualdad ni trato equitativo), están enmarcados por las estrictas condiciones que puso el mismo fallo de la Corte a la hora de exigirle a la autoridad de aplicación transparencia, independencia y neutralidad. Esas condiciones (los ya famosos "obiter" del fallo), brindan el contexto necesario para una aplicación de la norma con determinados estándares, que ciertamente están lejos de cumplirse, pero que brindan una protección a los medios sobre los que el gobierno quiere avanzar y aún destruir, como Clarín. Obviamente, lejos de ser una pérdida de tiempo o algo gratuito, el juicio tuvo razón y tuvo sentido. Hoy se comprueba. De todos modos, y más allá del plan presentado, se mantienen los perjuicios y efectos nocivos de la norma sobre la sustentabilidad de los medios y la competitividad del cable. Las unidades periodísticas tendrán un mayor grado de vulnerabilidad frente al poder político de turno (máxime si éste mantiene conductas distorsivas como la discriminación en la pauta oficial) y frente a los medios que dependen de intereses extraperiodísticos vinculados con el Estado (casinos, servicios públicos, obra pública, energía). Y el cable tendrá un corset que lo dejará en inferioridad de condiciones para invertir y crecer en relación a las telefónicas y empresas satelitales, que además son globales. En síntesis, todos perjuicios sin beneficio alguno ni para la competencia ni para la pluralidad.


  El 18 de mayo del 2014 el programa ultraoficialista 678 dispuso la totalidad de su emisión para que el vicepresidente Amado Boudou intente dar algún tipo de explicación sobre los motivos por los cuáles la Cámara de Casación Penal le negó el sobreseimiento en la causa Ciccone. Ante la falta de creatividad, Boudou aseguró que se trata de una causa motivada por los medios de comunicación en represalia por haber impulsado la estatización de las AFJP. Sugirió que lo hicieron por una supuesta pérdida de publicidad de Clarín y La Nación por dicha estatización y repitió el viejo latiguillo de la "estafa a la Anses" por la salida a la Bolsa del Grupo Clarín.

Quién negó el sobreseimiento de Boudou y quién mantiene abierta la causa que lo involucra es la propia Justicia, no los medios de comunicación. En cualquier sociedad, la investigación de un vicepresidente por supuestos actos de corrupción es noticia. Es descabellado decir que el tratamiento de semejante información es la consecuencia de una represalia. Y mucho menos que esta represalia es producto de lo que las AFJP dejaron de invertir en publicidad por su estatización. Con ese criterio, no se entendería por qué desde dicha estatización, en 2008, hasta el descubrimiento del caso Ciccone, en 2012, Boudou no fue especialmente noticia. En segundo lugar, Boudou intenta nuevamente distorsionar la historia y vuelve a insistir con un disparate que ya fue respondido en más de una oportunidad en esta misma sección. Luego de la salida a la Bolsa del Grupo Clarín, el 18 de octubre de 2007, más del 80% de las acciones fueron vendidas a inversores internacionales. La demanda más que duplicó la oferta. Dentro del tramo local, las AFJPs adquirieron un porcentaje menor, que no llegó al 1% de sus carteras. Las acciones de Clarín registraron una suba de más del 12% pocos días después de salir a la Bolsa, tendencia positiva que se mantendría durante varias semanas. Luego, con la crisis económica global se generó una baja generalizada que afectó a todas las compañías cotizantes en Bolsa, de la que nunca terminaron de recuperarse por el contexto macroeconómico del país, que hace que los activos argentinos valgan mucho menos que los de países vecinos. Posteriormente, luego de desatada la feroz ofensiva oficial contra Clarín desde marzo de 2008, las acciones del Grupo reflejaron además este acoso administrativo y regulatorio. Al hacer este tipo de afirmaciones, el Gobierno pretende tapar el sol con las manos y esconder uno de los motivos principales que afecta el valor tangible e intangible de la empresa: esta brutal campaña de hostigamiento que ya suma más de 700 ataques, bloqueos, amenazas, regulaciones e iniciativas legislativas con nombre y apellido.


  El 16 de mayo del 2014 Ámbito Financiero publicó una entrevista a Norberto Berner, secretario de Comunicaciones del gobierno, en la que asegura que Fibertel "no existe más". Ante una pregunta de la periodista, el Secretario dijo que piensa invitar a Telefónica y Telecom para integrar la futura Comisión Argentina de Políticas de Internet (CAPI) pero que no va a hacer lo mismo con Fibertel por que según él, "No puedo invitar a Fibertel. No me deja la Justicia, porque la resolución 100 determinó que no existe, que no tiene licencia para brindar el servicio. No es mi problema".

La afirmación de Berner es absolutamente falsa. Hoy en día existen medidas vigentes confirmadas por diversos tribunales de apelación del país que suspenden la aplicación de la resolución número 100 a Cablevisión, que fue la que decretó en forma arbitraria la caducidad de la licencia de Fibertel. Incluso más, existen amparos iniciados por usuarios ante diferentes juzgados donde se ordena al Estado que garantice la existencia y prestación del servicio de Fibertel. Las declaraciones del Secretario no resultan extrañas, se ajustan perfectamente al guión oficial según el cual las resoluciones judiciales no existen si de perjudicar al Grupo Clarín y beneficiar a las telefónicas extranjeras se trata.


  El 12 de mayo del 2014 el ministro de Economía Axel Kicillof acusó a la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat de ser “muy antiargentina”. La denuncia del ministro fue luego de que Niebieskikwiat le preguntara a las presidentas de Chile y de Argentina si durante el encuentro que tuvieron las mandatarias surgió el tema del conflicto protagonizado por La Cámpora contra la empresa LAN.

Resulta paradójico que un gobierno que no duda en favorecer y publicitar a empresas extranjeras, en desmedro de las nacionales, acuse a una periodista con semejante exabrupto por el sólo hecho de preguntar. El de ser parte de una “campaña antiargentina” es paradójicamente el mismo discurso que usaba la dictadura militar para cuestionar a los medios y periodistas locales e internacionales que se animaban a denunciar la represión ilegal. Pero volvamos al gobierno: en varias oportunidades la presidenta Cristina Kirchner expresó su preferencia por empresas o productos internacionales, sobre todo en materia de medios. Repitió varias veces que DirecTV (de capitales norteamericanos) era su sistema de TV paga preferido y participó en numerosos eventos desde la sede de esa empresa, pese a que la misma no produce contenidos locales y ni siquiera transmite los canales del interior del país. La mandataria también nos ilustró varias veces respecto de que sus series favoritas se producen en el extranjero, más allá de que las mismas no dan trabajo ni a artistas, ni a técnicos ni a autores locales. Lejos de promover la ficción nacional, la Presidenta publicita la ficción extranjera. Más cerca en el tiempo, no hubo que esperar mucho para que Kiciloff se contradijera a sí mismo luego de su desafortunada acusación. Un día después de increpar a la periodista de Clarín, el Ministro anunció la intención de licitar espacio radioeléctrico para la tecnología 4G entre empresas celulares, todas de capitales extranjeros (Telecom, Telefónica, Claro) con el fin de aumentar su participación en el mercado y hacer cada vez más difícil que las compañías nacionales puedan competirles (a las que además se les dificulta el financiamiento para participar de esas licitaciones). El propio Kiciloff justificó el tamaño de las compañías celulares hablando de la inversión que supuestamente deben hacer. El mismo argumento que el gobierno rechazó cuando fue esgrimido por Cablevisión para explicar por qué el desguace de la ley de medios iba en contra de su desarrollo e inversión tecnológica. El episodio del 4G no es aislado, y se inscribe dentro de una clara estrategia del oficialismo. La ley de medios, por ejemplo, prohíbe a las empresas de cable llegar a más de 24 localidades mientras que a las empresas de televisión satelital o a las telefónicas (todas de capitales extranjeros) se les permite llegar a las 2200 localidades del país. Otra desventaja para las empresas argentinas es que a los cables nacionales se les permite producir una sola señal audiovisual mientras que los principales cableoperadores del mundo como SKY o Comcast producen en el país decenas de señales audiovisuales. Pero las discriminaciones no surgen sólo de la aplicación de la ley. El AFSCA ya trató los planes de adecuación de empresas nacionales como Clarín pero todavía no hizo lo mismo con los planes de adecuación de Telefónica o Prisa (ambos de capitales españoles) a quienes les permite estar al margen de la ley pese a que nunca fueron a la Justicia. Y un caso no menor: el famoso y disparatado “Fibertel no existe más” de De Vido, lo que hacía era pretender “regalarles” a las dos telefónicas extranjeras 1 millón de abonados a Internet, simplemente… porque Fibertel era del Grupo Clarín. Objetivo que hubiera logrado si la Justicia no hubiera frenado esa arbitrariedad bochornosa.


  El 29 de abril del 2014, luego de la Asamblea de accionistas del Grupo Clarín, el Ministerio de Economía emitió un comunicado plagado de falsedades e inexactitudes criticando la gestión del Directorio de la compañía. Según el comunicado: “el Grupo Clarín ha impedido la designación de representantes del Estado en el directorio de la compañía” (…) "la gestión del Grupo continúa desarrollándose en total hermetismo y a espaldas de los accionistas minoritarios, que no son otros que todos los jubilados argentinos, a quienes representa el Estado nacional" (…) “la gestión de la compañía se ha orientado en los últimos años hacia una estrategia de confrontación judicial con el Estado sobre la base de criterios políticos ajenos a la marcha de los negocios y el crecimiento de la compañía".

El Grupo Clarín no impidió ninguna designación, se votaron diversas mociones y las mismas se aprobaron según el régimen de mayorías de la ley de sociedades. Respecto a la gestión del Grupo, lejos de desarrollarse a espaldas de los accionistas, tiene un nivel de apertura y publicidad como pocas empresas en la Argentina. Tal es así que una semana antes de la Asamblea el Grupo envió por escrito respuestas a todas las preguntas que formuló la ANSES. Además, trimestralmente habilita una “conference call” con sus accionistas para evacuar cualquier interrogante respecto de la gestión y los resultados de la compañía. Paradójicamente, jamás la ANSES ha participado de las mismas pudiendo hacerlo. Lejos de haber llevado una estrategia de confrontación judicial ajena a la marcha de los negocios, el Grupo acudió a la Justicia para defender el derecho de propiedad de sus accionistas y para defenderse de la inédita campaña de hostigamiento que llevan adelante todos los organismos del Estado contra la empresa desde hace más de seis años, con el fin de afectar su sustentabilidad económica y su independencia periodística. El Directorio explicó además que los resultados de la compañía en un contexto tan hostil han sido por demás satisfactorios considerando además ataques puntuales como el cepo publicitario, la discriminación en la publicidad oficial y otras medidas específicas contra sus empresas.


  El 27 de abril del 2014 durante el acto de la militancia en el Mercado Central, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, actuó como principal orador y dedicó gran parte de su discurso reflotar viejos slogans y denuncias falaces contra Grupo Clarín: “Sólo la tenencia de Papel Prensa hace posible que hayan tenido 30 años niños apropiados de los que todavía no se sabe la identidad. No es con la el gobierno, es con la democracia el problema de Magnetto”.

Pareciera que la euforia del acto habilitó a Zannini a incurrir una vez más en acusaciones temerarias y desafortunadas. Como bien se contestó en días anteriores ante frases de similar tenor dichas por Oscar Parrilli, hace ya años que el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que los hermanos Noble Herrera no son hijos de personas desaparecidas. Como en muchos casos de hijos adoptivos la identidad de sus padres biológicos es desconocida y así lo expresaron ellos públicamente. Es perverso que los dos funcionarios de mayor confianza de la presidenta los hostiguen psicológicamente de esa manera, sabiendo que lo que plantean es imposible. Tras pronunciar semejante intimidación, el propio Zannini debería preguntarse quién es el que tiene un problema con los valores de la democracia.


  El 23 de abril del 2014 el relator Víctor Hugo Morales volvió a insistir con una falacia que él mismo inventó y es que Clarín imprime resúmenes de tarjetas y que por eso tiene la información de lo que gastan los argentinos: "Si ustedes en este momento meten la mano en el bolsillo van a sacar algo de la tarjeta de crédito, lo que pagaron anoche, etcétera, el que emite todo eso, todo lo de facturas, todo lo que recibimos (...) es la gente de Clarín con la gente de Techint, 50 y 50. ¿Cuánto nivel de información podrá haber?”

Esta información ya fue desmentida en esta misma sección el 3 de septiembre del 2012, que fue el día en que Morales comenzó con este invento. Ninguna imprenta de Clarín imprime ni imprimió resúmenes de tarjetas de crédito. Tal es el grado del disparate que en todo este tiempo no hubo otra voz oficial que deslizara algún indicio o prueba que puedan apoyar semejante nivel de fabulación.


  El 21 de abril del 2014 el Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Oscar Parrilli y el senador Aníbal Fernández, se refirieron a los hijos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Parrilli fue entrevistado en Radio 10 y aseguró que los medios del Grupo Clarín intentan “cambiarle la identidad al funcionario Carlos Liuzzi” y para justificar ese exabrupto incurrió en otro: “Ya tenemos historia en la Argentina, y el Grupo Clarín, y el señor Magnetto y la señora Herrera de Noble, saben muy bien lo que es cambiar la identidad. Porque sería bueno que después de tantos años nos dijeran cuál es la identidad de los hijos de la viuda de Noble, de quiénes son hijos, nunca lo dijeron. Y las actas de nacimiento fueron declaradas nulas (…)se demostró que no eran hijos de los que tenían datos en el Banco Nacional de Datos Genéticos, nada más. Eso no quiere decir que sean hijos de desaparecidos, sería bueno saber de quiénes son hijos, para saber la identidad. Esto es gravísimo”.

Los dichos de Parrilli revelan hasta dónde es capaz de llegar el gobierno. Luego de una inédita persecución política y mediática, y pese a que no existía ningún elemento objetivo que pudiera vincular a Marcela y Felipe con la represión ilegal, el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que ambos no son hijos de desaparecidos. A diferencia de otros casos, las muestras se confrontaron en tres etapas (para alargar más el conocimiento del resultado), y hasta se exhumaron cadáveres, siempre con resultado negativo. Lo que en otros casos duraba días, en el caso Noble demoró más de dos años. Del mismo modo, las muestras de los hermanos Noble Herrera se compararon con todas las existentes en el BNDG, pese a que un fallo judicial obligaba a hacerlo sólo hasta mediados del 1976, cuando los hermanos vivían indubitablemente con la señora de Noble. Exigir como hace Parrilli la identificación de los padres biológicos de ambos hermanos, cuando ellos mismos señalaron en una carta pública que, como en tantos casos de hijos adoptivos, la identidad de esos padres biológicos es desconocida, es revictimizarlos con un grado de perversión inaudito. Cabe destacar que la misma Estela de Carlotto o el legislador Juan Cabandié terminaron por admitir que Marcela y Felipe no son “los nietos que buscábamos” y que el “caso está cerrado por ley”.

Por su parte, el senador Fernández concedió una entrevista a Jorge Lanata y a Magdalena Ruiz Guiñazú en la que aseguró “yo no hostigué nunca a los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble. Sólo pedía que se hicieran los exámenes. Nunca hostigué. Jamás (…) Con los pibes no hay que meterse nunca.”

La frase de Aníbal Fernández, como tantas otras, prefiere olvidar selectivamente lo que le conviene al actual senador. Mientras era Jefe de Gabinete, Fernández llegó a decir que los hijos de la directora de Clarín no tienen derechos. Textualmente: "porque tienen su vida sucia, no resuelven el tema de los hijos apropiados (...) No hay un derecho en este caso por parte de los menores (...) Con la brutalidad que significa lo que voy a decir, no tienen derecho los chicos". Si eso no es hostigarlos ¿qué es?


  El 10 de abril del 2014 el relator Víctor Hugo Morales dedicó gran parte de su programa a apoyar a las empresas extranjeras de telecomunicaciones para así poder atacar al Grupo Clarín. Según Morales, Clarín fue el responsable de que la actual ley de medios no le permita a las telefónicas brindar servicio de televisión por cable: “Speedy que podría dar cable pero no lo puede hacer porque ataron de pies y manos en la ley, en un error posiblemente, y bastante lo dijimos, en su momento. ¿Qué consiguió Magnetto? Que el mercado no le discuta nada”.

Distorsionar la historia reciente forma parte del cada vez más insólito guión de Morales para despotricar contra el Grupo Clarín. La prohibición a las telefónicas para que ofrezcan televisión por cable fue una concesión abierta del Gobierno a ciertos sectores de la oposición para que aceptaran votar a favor de la ley de medios. Ni los kirchneristas más fabuladores han llegado a esbozar semejante teoría. El problema en la Argentina no es la competencia en TV paga o Internet, que es intensa y dinámica, sino justamente en telefonía, donde se mantiene de hecho un monopolio en las dos regiones que se dividió el país para la privatizacion de la ex Entel. Paradójicamente, Morales omite que, pese a tener licencia, Cablevisión no puede ofrecer triple play (es decir telefonía) porque el Gobierno no le otorga, con arbitrariedad y discriminación manifiesta, la numeración para hacerlo, como sí la tiene Telecentro y otros operadores.


  El 4 de abril del 2014 el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a utilizar su conferencia de prensa diaria para atacar a la prensa y lanzar una serie de exabruptos contra el Grupo Clarín. Ajustado al guión oficial, acusó a los medios por el problema de la inseguridad y luego lanzó varios latiguillos K. Dijo "no nos podemos extrañar respecto a quién lidera este debate desde el punto de vista de la agenda comunicacional, si lo hicieron primero para apropiarse ilegítimamente de Papel Prensa para subordinar a los diarios de la competencia asociándose a la dictadura militar más genocida, luego a través del fútbol extorsionar a los cables para comprarlos a precio vil, y luego generar presiones sistemáticas a los gobiernos para tener mayor participación en la televisión digital y también respecto al tema de la apropiación de parte del capital accionario de las compañías telefónicas para tener un monopolio estructurado con el objeto de eliminar la competencia, ¿qué nos va a sorprender ataques mediáticos (…)?"

El nivel de agresividad e inventiva de Capitanich va superando récords todos los días. En primer lugar, nadie discute que la inseguridad es hoy un problema central para la ciudadanía y por eso encabeza todas las encuestas sobre preocupaciones sociales. Tan es así que incluso referentes del kirchnerismo lo vienen reconociendo. Más allá de eso, las acusaciones particulares contra Clarín solo demuestran su sumisión a un discurso único y vaciado de contenido.

  • Clarín no se apropió de Papel Prensa, la compró en una operación absolutamente legal y legítima, qué jamás fue objetada por sus vendedores y que fue avalada por todos los gobiernos democráticos, que participaron como socios de la papelera y aprobaron su gestión y sus balances (ver disparates Papel Prensa).
  • Clarín jamás compró operadores de cable que no quisieran vender. Todo lo contrario, pago sumas altísimas en dólares que luego nunca se repitieron en el mercado argentino. Ninguno de esos vendedores se quejó nunca, ni objetó las operaciones, ni intentó impugnarlas. Simplemente porque estaban más que satisfechos con ellas. Fue parte de un proceso de consolidación de la industria del cable que se llevó adelante en todo el mundo a partir de la década del 90 y que continua hoy, para competir con las telefónicas en el marco de la convergencia (ver disparates Cablevisión).
  • Clarín nunca buscó ningún negocio o beneficio vinculado a la TV digital. Por el contrario, es el único perjudicado por la TDA creada por el gobierno, que jamas subió sus canales (El Trece o TN, por ejemplo) a esa plataforma.
  • Clarín no tiene nada que ver con las empresas telefónicas: compite con ellas en Internet y lamentablemente no puede hacerlo aún en telefonía porque el gobierno le niega ilegítimamente la numeración para hacerlo.

 


  El 2 de abril del 2014 el piquetero K Luis D´Elía fue entrevistado en Radio 10 y cuando se lo consultó por el fenómeno de los linchamientos de vecinos a ladrones, el dirigente acusó a Clarín de ser el responsable de que la gente reaccione de esta manera: "Creo que en el país hay juzgados, que delitos hubo ayer, hoy y va a haber siempre, por eso una sociedad tiene comisarías y juzgados, y creo que este asunto de los linchamientos es un tema que está azuzado por el Grupo Clarín, que empuja de manera desesperada la candidatura presidencial de Sergio Massa".

Nunca desde ningún medio del Grupo Clarín se alentó a que la gente haga justicia por mano propia, cada vez que algún periodista hizo referencia al tema lo hizo en forma condenatoria. Por el contrario, quién siempre alienta a la violencia es el mismo D´Elia. Cada vez que ha podido, ha utilizado sus intervenciones en los medios de comunicación para estigmatizar a determinados sectores de la sociedad. Conocidas son las imágenes del piquetero pegándole a manifestantes contrarios a su ideología o sus expresiones de “odio” hacia “los blancos”.


  El 18 de marzo del 2014 Víctor Hugo Morales fue entrevistado por Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos. Durante los más de 40 minutos que duró la entrevista, Morales atacó de manera enfermiza, con múltiples mentiras, exabruptos y difamaciones al Grupo Clarín, sus directivos y sus periodistas. Repitió hasta el cansancio calificativos como “mafiosos” y “corruptos” y repitió numerosos disparates que ya había lanzado antes: dijo que Clarín “plantó un testigo falso” en el caso de Ángeles Rawson, que Héctor Magnetto pergeñó las privatizaciones de los 90, que se reunió con los torturadores de los Graiver, que envió un mail masivo acusando al relator de haber sido comprado por el Gobierno, que los medios buscan que el Papa “caiga en desgracia", que mienten en casos como los de Boudou y Echegaray, etcétera.

Ya no sorprende que el relator use cada espacio que le conceden para atacar con un nivel de agresividad y falsedad pocas veces visto a Clarín. Su obsesión es tan grande que le ha quitado cualquier atisbo de seriedad. La mayoría de las acusaciones fueron respondidas en esta misma sección:

Asimismo, es absolutamente falso que Magnetto o Clarín hayan enviado o mandado enviar un mail masivo relativo a Morales; también es falso que el CEO de Clarín haya estado reunido con el torturador de los Graiver, etc. Ni qué hablar de los casos Boudou o Echegaray: basta leer las causas judiciales o las investigaciones periodísticas sobre enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias para comprobar de qué lado están los hechos y de cuál las protecciones y defensas vergonzosas para alguien que dice hacer periodismo.

 


  El 26 de febrero del 2014 el vicepresidente Amado Boudou eligió el programa radial de Víctor Hugo Morales para intentar correr el eje de las imputaciones que pesan sobre él en la causa judicial por la ex imprenta Ciccone. Boudou dijo que se trata de una operación mediática y que el Grupo Clarín "tiene tanto interés en la causa porque quería asociarse con la familia Ciccone". También aseguró que Clarín tenía el 5 por ciento de las acciones de la firma que imprime billetes y que quería quedarse con el 51 por ciento.

El nivel de fabulación al que recurre el vicepresidente para intentar desligarse de las acusaciones que enfrenta, supera todos los límites. Jamás el Grupo Clarín tuvo acciones de Ciccone. Tampoco interés en asociarse o adquirir dicha compañía. Estas falsedades se suman a tantas otras que el vicepresidente viene lanzando desde que comenzó a ser investigado por sospechas de corrupción, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. Boudou sigue la vieja estrategia de culpar a los medios para desviar el foco de su situación judicial.


  El 19 de febrero del 2014, el dueño -junto a José Luis Manzano- del Grupo Uno, Daniel Vila, habló sobre la ley de medios y la aprobación del plan de adecuación del Grupo Clarín. Además de distorsionar el fallo de la Corte Suprema, hasta llegó a hablar de un pacto entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional. "La Corte le entregó al gobierno un arma cargada para que la AFSCA actúe con el procedimiento de adecuación forzosa, porque estaban vencidos los plazos” (…) "Sabbatella incumpliendo la ley se presentó en el Grupo Clarín y le dijo: apúrense y preséntenme un plan".

La hipótesis de un pacto entre el gobierno nacional y Clarín es tan disparatada que no resiste el menor análisis. Aunque Vila no da precisiones, si el supuesto pacto implicaba una transformación de la línea editorial de Clarín, entonces basta con leer todos los días el diario, sintonizar radio Mitre o mirar algún noticiero de TN para advertir que la línea editorial de ninguno de estos medios sufrió algún tipo de alteración. El Grupo Clarín continúa siendo de los pocos medios independientes del poder político que subsisten en el país, sobre todo en el mundo audiovisual. Todos los temas que el gobierno trató de ocultar o disimular en los últimos meses (crisis energética, policial, corrupción, inflación, caída de reservas, devaluación, narcotráfico, etcétera) tuvieron y tienen amplia difusión en nuestros medios. Los periodistas independientes más reconocidos del país trabajan en sus redacciones, que incluso sumaron nuevas voces. Es falso asimismo que la Corte le “haya dado un arma cargada” al Gobierno. Todo lo contrario: el fallo de la Corte (que el Grupo Clarín criticó en cuanto a la constitucionalidad por considerarlo alejado de los precedentes del sistema interamericano de DDHH) establece claramente que la aplicación de la ley de medios debe hacerse de modo igualitario, equitativo y transparente. Jamás habilitó una adecuación de oficio, sino todo lo contrario: que exigió que se le diera a Clarín el mismo trato que tuvieron el resto de los grupos, empezando por la posibilidad de un plan voluntario. Más aún, dos de sus miembros (Lorenzetti y Zaffaroni) dejaron entrever que el Grupo podría tener el plazo de un año adicional del que gozaron los demás grupos, plazo que finalmente el Grupo no utilizó. Cabe destacar que Clarín presentó su plan antes de que entrara en vigencia el fallo de la Corte (el mismo tenía 5 días hábiles antes de quedar firme), con lo cual para el Grupo lejos estaba de vencerse cualquier plazo. La teoría de Vila pareciera reflejar sus propias actitudes. Apenas se sancionó la ley de medios, al igual que Clarín, recurrió a la Justicia para preservar sus derechos, pero terminó levantando el juicio y sugestivamente su grupo de medios pasó a ser uno los mayores beneficiarios de la publicidad oficial, con un incremento del 900%. Luego de esto, se los vio a él y a su socio en actos de la Presidenta. En realidad, este y otros grupos fueron los que durante años estuvieron al margen de la ley, porque no tenían medidas judiciales de suspensión, como el Grupo Clarín.


  El 19 de febrero del 2014 el titular del AFSCA habló con Jorge Rial sobre la aprobación del plan de adecuación del Grupo Clarín a la ley de medios. Durante toda la entrevista atacó a Clarín y volvió a exhibir su falta de imparcialidad a la hora de aplicar la ley. Llegó a decir que: “que uno tenga dudas en relación al comportamiento de estos personajes es lógico porque uno mira la historia y te genera dudas, porque obviamente si uno mira como construyeron esta situación de privilegios, con vínculos con la dictadura, ven que crecieron en los '90 cuando el país se hundía ellos crecían, ves que creció su poderío extorsionando a los cableoperadores PYMES, fundiéndolos cuando tenían el monopolio del fútbol, ves que resistieron durante cuatro años el cumplimiento de la ley haciendo distintas cosas, y ves como mienten todos los días, decís, bueno, evidentemente uno tiene que tener cierto cuidado porque puede tener dudas de que estos personajes se decidan a cumplir la ley y punto”. Y luego agregó que “Como cualquier hijo de vecino Clarín tiene que hacer lo que tienen que hacer todas las empresas, que es vender lo que están excedidos de los límites de la ley (…) y a eso se resistió el Grupo Clarín inventando objetivos de la ley que no eran ciertos, mintiendo, diciendo que la ley era para lesionar la libertad de expresión, que la ley era para afectar las fuentes de trabajo, que la ley era para que no vayan a tal programa, que la ley iba contra esto, contra lo otro”. Luego para justificar el porque no aprobó el plan de adecuación que Telefé presentó en diciembre del 2012 dijo que Clarín ya lo había presentado el 5 de diciembre de 2012 cuando el socio minoritario de Cablevisión presentó una mera consulta: “si no hubiese presentado Martínez el 5 de diciembre del 2012, Clarín no podía hacer la adecuación voluntaria”.

Las acusaciones de tono beligerante de Sabbatella son las mismas que vienen esgrimiendo los políticos y comunicadores K desde hace años y ya todas fueron respondidas en distintas oportunidades en esta misma sección. De todos modos, resultan aún más graves en la boca del funcionario que debe mostrar imparcialidad y trato igualitario en la aplicación de la ley. La intolerancia, la agresividad y la difamación permanente de Sabbatella son de una claridad pasmosa: esos dichos no le permiten juzgar con objetividad a Clarín. Y la pregunta surge de inmediato: ¿como podrían ser licenciatarios a quienes se asocia con el delito, la mafia y la desestabilización? Por otro lado, los verdaderos objetivos de la ley no dejan de ser los de lesionar y sacarle sustentabilidad a los medios independientes. La ley de medios no puede ser vista y analizada por fuera de la escalada de hostigamientos del Gobierno contra la prensa independiente en general y contra Clarín en particular. Esta escalada incluyó el desembarco de 50 gendarmes en Cablevisión, 200 inspectores de la AFIP en Clarín, amenazas y escraches a periodistas, ahogo financiero a través del cepo publicitario y la publicidad oficial, el intento por expropiar Papel Prensa y la compra por parte de empresarios amigos de canales de televisión, radios y productoras. Desde que las empresas de medios tuvieron que dividirse y salir a rematar sus medios a empresarios kirchneristas, muchas voces fueron censuradas por las nuevas administraciones. Finalmente, intentar justificar la dilación que muestra la AFSCA para analizar otros planes de adecuación diciendo que el de Clarín ya se había presentado en el 2012 y que por lo tanto los tiempos son los mismos, demuestra las incongruencias del funcionario. Cuándo todavía pensaba que iba a poder entrar de oficio a Clarín por el 7D, Sabbatella admitió en el 2012 que la presentación hecha por el socio minoritario de Cablevisión fue una mera consulta y que no se trataba de un plan de adecuación. Clarín presentó su plan de adecuación voluntario luego del fallo de la Corte Suprema en el 2013, en cambio Telefé y otros lo hicieron en el 2012. El funcionario debería reconocer que no le urge tanto aprobar otros planes más que el de Clarín.


  Los días 17 y 18 de febrero del 2014, tras la aprobación por parte del AFSCA del plan de adecuación del Grupo Clarín, distintos políticos y comunicadores K salieron a atacar fuertemente a Clarín y sus periodistas: El vice gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex titular del AFSCA, Gabriel Mariotto, dijo: “La adecuación de Clarín es noticia porque por muchos años el grupo se sintió excluido de cumplir con la ley” y “Que el grupo se divida en seis refleja lo inmenso del holding”. La ex titular de asuntos jurídicos del AFSCA, Graciana Peñafort, se acopló a los dichos de Mariotto y sostuvo que para ella es ”importante que todos, sin importar su tamaño o su poder, cumplan las leyes, porque es obligatorio para todos”.

En primer lugar, Clarín siempre cumplió con la ley, desde su sanción hasta la actualidad. De los 166 artículos que posee la ley de medios Clarín cumplió siempre con todos los vigentes. Al ver que esta ley violaba derechos y garantías hizo lo que la Constitución indica y recurrió a la Justicia. Fue el propio Poder Judicial –en todas sus instancias- quién suspendió en forma parcial dos artículos de la ley. Cuando el juicio culminó y la suspensión de estos artículos dejó de estar vigente, Clarín se presentó en tiempo récord en las oficinas del AFSCA a presentar su plan de adecuación voluntario. En cambio, otras empresas de medios, que no tenían suspendidos estos artículos, sí los incumplieron y fue la AFSCA quien les dio las herramientas para poder hacerlo. Por otro lado, la división en 6 unidades distintas que Clarín tuvo que hacer no hablan de su tamaño, sino de cómo fue hecha la ley. Desde el principio Clarín advirtió que esta ley se hizo con nombre y apellido, que se hizo una radiografía de cómo estaba compuesto el Grupo Clarín para así poder destruirlo “quirúrgicamente”. Esto queda evidenciado en que muchos artículos de la ley van a contramano del mundo y establecen prohibiciones e incompatibilidades que son ridículas si no se las piensa con el objetivo central de desmembrar a determinadas empresas. Los casos más típicos son los de la prohibición para explotar cable y TV abierta en la misma área (no existe en todo el mundo porque no compiten), la restricción a 24 licencias locales de cable (mientras sus competidores pueden llegar a 2200 localidades), o la prohibición de producir más de una señal de contenidos (mientras los extranjeros pueden producir las que quieran). Es paradójico que una ley que se supone que debe fortalecer a los medios de comunicación nacionales termine por fragmentarlos y dejarlos sumamente vulnerables a las presiones del poder político. También, es extraño que las empresas de medios que dependen de negocios extra periodísticos hayan sido las más beneficiadas por la ley.

El diputado por el partido de Sabbatella, Carlos Raimundi, dijo que “ellos habían dicho que iban a desaparecer TN y Volver y no va a desaparecer nada”. Lo mismo sostuvo Víctor Hugo Morales: “No era verdad que TN iba a desaparecer. No era verdad que Volver iba a desaparecer”.

La ley de medios establece claramente que un canal abierto o un sistema de cable sólo pueden operar una señal audiovisual. TN, Volver o Magazine son señales producidas por Artear (Canal 13), y por eso sólo una de ellas puede subsistir junto a Artear. Las otras deben escindirse e ir a otra empresa, que no necesariamente las mantendrá o mantendrá sus contenidos como lo hizo el Grupo Clarín. Esta restricción es además insólita, pues las señales no usan espectro radioeléctrico, generan trabajo argentino y favorecen la diversidad artística e informativa. Por eso, limitarlas no tienen ningún otro sentido más que intentar silenciarlas. Eso es lo que quería el gobierno, y por eso insistió dos veces con desembarcar en la sede de Clarín para iniciar una “adecuación de oficio”, que la Justicia frenó en ambas oportunidades. Con esa adecuación de oficio, el gobierno podía determinar qué medios le quitaría a Clarín y entregaría a terceros. Y Sabbatella ya había anticipado que iba a elegir “los de menor valor económico”. Estos eran, justamente, Canal 13 y TN, ya que Cablevisión factura más que aquellas. En su momento, el Grupo había alertado: “TN puede desaparecer”. Y eso fue exactamente así. Pudo desaparecer. No sucedió porque el gobierno no pudo imponer la adecuación de oficio, por decisión judicial.


  El 21 de enero del 2014 el presidente del AFSCA, Martín Sabbatella, aseguró en el canal CN23 que la aprobación por parte del AFSCA del plan de adecuación voluntario a la ley de medios presentado por el Grupo Clarín estaba sujeto a que Cablevisión reordene su grilla de programación: "Como lo dijimos desde el primer momento, sin ordenamiento de la grilla no hay adecuación posible. Por lo tanto, hasta que no modifiquen la grilla de Cablevisión no vamos a avanzar en el tratamiento de su plan de adecuación". Luego agregó que "lo que empezó a hacer el Grupo Clarín no es más que cumplir la ley como todo el mundo. Tal vez suene raro porque durante décadas lo único que hicieron fue violar todas las leyes que no les gustaban".

No es sorpresa que Sabbatella vuelva a utilizar en forma discrecional su poder al frente del AFSCA. La ley no exige que la aprobación del plan de adecuación a la ley de medios de cualquier grupo mediático está sujeto a cambios en la grilla de los operadores de cable. Por otra parte, es falso decir que Cablevisión este fuera de la ley respecto a la grilla. Tal como exige la ley, Cablevisión ofrece sin ningún costo adicional las señales Paka Paka, Incaa TV y Telesur tanto en su “servicio analógico” como en su “servicio digital”. Además, la Justicia se ha pronunciado disponiendo que el AFSCA no puede sancionar a Cablevisión por este tema. Situaciones análogas a la de Cablevisión poseen otros operadores de cable, sin embargo Sabbatella nunca amenazó con aprobar sus planes de adecuación sólo si reordenan su grilla. Por otro lado, la denuncia de que Clarín siempre violó la ley es falsa y ridícula. A lo largo de toda su historia, el Grupo Clarín siempre estuvo sujeto a las leyes que regulan su actividad y a las disposiciones de la Justicia referidas a estas leyes. Tanto es así que a lo largo de sus más de 60 años nunca fue objeto de este tipo de denuncias. No sucedió así con otros grupos. Miremos dos ejemplos: en los 90, el principal competidor de Clarín, el CEI (impulsado por el menemismo), se expandió en abierta violación de la ley de radiodifusión de entonces, por lo cual el ex presidente debió dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia para sanear su situación. A principios de los 2000, dos canales abiertos de Buenos Aires competidores del 13 deberían haber perdido sus licencias por estar en concurso preventivo, tal como marca la ley. Sin embargo, los gobiernos miraron para otro lado y no los objetaron. Con este tipo de declaraciones, Sabbatella vuelve a demostrar que su objetivo es bien claro, ir contra el Grupo Clarín.


  El 21 de enero del 2014 Martín Sabbatella brindó una entrevista al canal paraestatal C5N en el que se refirió al reordenamiento de la grilla de cable y aseguró que “Clarín empieza a entender que Argentina tiene leyes, normas (…) y las tiene que cumplir le guste o no. (…) Son muchos años de maniobras para no cumplir la ley (…) Son muchos años de maniobras para no cumplir la ley. (…) Hay 40 planes de adecuación presentados antes del 7 de diciembre".

Suena raro que el principal aliado de los grupos que se encuentran al margen de la ley acuse de no hacerlo al único que estaba respaldado judicialmente. Con respecto a la ley de medios, cuando creyó que sus derechos estaban siendo vulnerados, el Grupo Clarín acudió a la Justicia y esta ordenó la suspensión parcial de dos artículos. Mientras el juicio se desarrolló Clarín cumplió con el resto de los artículos de la ley. A días de concluir el juicio y en menos tiempo del exigido por la Justicia, Clarín presentó su plan de adecuación voluntaria. El resto de los grupos mediáticos debían presentar sus planes de adecuación antes del 28 de diciembre del 2011, pero los distintos titulares del AFSCA idearon maniobras para evitar complicarlos y les dieron sucesivas prórrogas. Sabbatella llegó a decir que Telefé no era de Telefónica, algo que ahora él mismo duda. También dijo que no sabía quién era el titular de los medios del Grupo Moneta o que la transferencia de los medios de Hadad a Cristóbal López no violaban la ley.


  El 19 de diciembre del 2013, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich eludió responder una pregunta de Gonzalo Asís, periodista de TN, y optó por increparlo con cuestiones atinentes al Grupo Clarín, que nada tenían que ver con el periodista ni con la conferencia de prensa. Las "preguntas" de Capitanich partían de premisas falsas, que luego fueron repetidas en una serie de tweets.

Es falso que el fallo de la Corte Suprema de Justicia hable sobre la grilla del cable. Dicha sentencia no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de la grilla que mencionó el Jefe de Gabinete de Ministros. Es falso asimismo que Cablevisión este fuera de la ley respecto de la grilla. La ley es clara cuando ordena a los cableoperadores incluir las señales estatales en la grilla sin codificación ni costo adicional. Según la disponibilidad técnica de cada plaza, Cablevisión tiene Paka Paka, IncaaTV y Telesur, o bien en el "servicio analógico" o bien en el "servicio básico digital", ambos servicios sin cargo alguno, codificación ni costo adicional. Por lo tanto, se ajusta estrictamente a lo que establece la ley de medios. La justicia además se ha pronunciado disponiendo que el AFSCA no puede sancionar a Cablevisión por este tema. Cabe destacar, asimismo, que todos los operadores de TV paga poseen situaciones análogas a la de Cablevisión, pero jamás el AFSCA los ha mencionado ni intimado, volviendo a mostrar una actuación arbitraria y discriminatoria. Finalmente, Cablevisión ha celebrado acuerdos con señales privadas oficialistas de noticias, no alcanzadas por la ley de medios, incluyendolas en el servicio digital. Una vez más, el AFSCA pretende inmiscuirse en la libertad de programación de los medios, y peor aún, en la libertad de contratación e información del público, sin sustento legal alguno.


  Los días 11 y 12 de diciembre del 2013, el relator Víctor Hugo Morales volvió a lanzar un compendio de disparates contra el Grupo Clarín, sus directivos y periodistas. El 11 de diciembre, a raíz de las protestas policiales, el locutor aseguró que “es evidente que hubo una intencionalidad de otro tipo, política, etcétera, abonada, preparada por medios de comunicación, todos los días minuto por minuto, desestabilizadores”. Ese mismo día insistió con su teoría conspirativa de que Clarín destituyó a Alfonsín y reiteró textualmente que “Magnetto tuvo el tupé de decirle a Alfonsín, esa expresión famosa de ‘usted ya es un estorbo’.” Por último, el día 12 justificó el intento de destitución al fiscal Campagnoli que investiga por lavado de dinero al empresario K, Lázaro Baéz, acusándolo de haber emitido un fallo escrito por los abogados de Clarín.

Víctor Hugo ya no se esfuerza en disimular su encolumnamiento ciego y militante con el kirchnerismo. Al igual que los funcionarios del gobierno, recurre al latiguillo de acusar a Clarín de todos los males del país, aunque caiga en el terreno de la fantasía pura. El rol del periodismo es el de informar e investigar y eso fue lo que hicieron los medios del Grupo Clarín durante las protestas llevadas a cabo en todo el país por la policía, al igual que el resto de los escasos medios independientes que quedan en el país. Ni el gobierno se animó a acusar a los medios de tamaño disparate. En segundo lugar, la única persona que asegura que Alfonsín fue presionado por el CEO del Grupo Clarín para que dejara antes de tiempo la presidencia es Morales. Nunca se escuchó al ex presidente, ni a ninguno de quienes lo acompañaban en el gobierno, sugerir semejante barbaridad. Tanto es así que luego de dejar la presidencia, Alfonsín utilizó en varias oportunidades los medios del Grupo Clarín para expresar sus ideas (Ver Disparates de Octubre 2012). La frase “usted ya es un estorbo” es tan burda y falsa que merecería ser parte de una ficción kirchnerista producida por Guillermo Moreno y su mujer Martha Cascales (los productores de la fallida “El Pacto”, igualmente impresentable). Por último, jamás el Grupo Clarín y sus abogados han tenido otro rol –respecto de causas judiciales que involucran al poder político- que el de difundir información, en el primer caso; o el de defender los derechos de periodistas, ejecutivos o accionistas de Clarín, cuando el gobierno pretende involucrarlos judicialmente. Lo de Campagnoli es otro burdo disparate de VHM y la prensa ultraoficialista, también ya desmentido.


  El 2 de diciembre del 2013 Martín Sabbatella fue entrevistado por Rodo Herrera en Radio Milenium. Durante la entrevista, el titular del AFSCA lanzó una serie de afirmaciones y conjeturas totalmente falsas sobre el Grupo Clarín. Primero, aseguró en forma tendenciosa que el Grupo Clarín fue la única empresa que no presentó su plan de adecuación antes del 7 de diciembre del 2012 y que luego del fallo de la Corte Suprema, “se acaba esa sensación de que estábamos el común de los mortales por un lado que cumplíamos la ley y quienes por otro lado podían estar por encima de ello”. Sabbatella continuó diciendo que “Quienes decían que ser presidente era un puesto menor, y que al lado de un CEO de una corporación con cuatro o cinco tapas de un diario se podía marcar el rumbo de un país, tienen que venir como cualquier hijo de vecino insisto terminando con esta idea de que alguien podía tener coronita, y presentarse con su plan” Y terminó asegurando que “con el Grupo Clarín estamos planteándole con mucha claridad que el cumplimiento de la ley es el cumplimiento integral de la ley, por lo tanto ahí tenemos un conflicto con la grilla que ellos tienen que resolver”.

Con este tipo de declaraciones, Sabbatella vuelve a demostrar su falta de imparcialidad. El titular del AFSCA bien sabe que la Justicia había dictado una medida cautelar que establecía que hasta que no se resolviera el juicio de fondo por la ley de medios el Grupo Clarín no debía presentar su plan de adecuación, cosa que sí hizo cuando la Corte Suprema emitió su fallo. Quien por el contrario sí incumple la ley es el propio AFSCA que hasta el momento no ha dado curso al proceso de adecuación de ninguno de los grupos de medios que durante años estuvieron por fuera de la ley, y cuyo plazo de presentación había vencido el 28 de diciembre de 2011. También esos grupos estuvieron fuera de la ley, ya que demoraron un año desde esa fecha (ratificada por la Corte) en presentar sus planes. Por otro lado, las afirmaciones de Sabbatella sobre supuestas declaraciones al parecer atribuidas al CEO del Grupo Clarín son totalmente falsas, como hemos repetido varias veces. Jamás ni Magnetto ni nadie de Clarín dijo alguna vez que el rol de presidente es un “puesto menor” ni tampoco que con las tapas de un diario se podía marcarle el rumbo a un Gobierno. Simplemente porque nadie en Clarín cree semejante cosa. Por último, Cablevisión cumple las previsiones sobre la grilla del cable establecidas en la ley de medios: esto es, la incorporación de los canales con participación estatal sin codificación ni costo adicional.


  Durante las últimas semanas de noviembre del 2013 el relator Víctor Hugo Morales lanzó una batería de difamaciones contra Clarín, sus periodistas y directivos. Un verdadero “combo de disparates”. Para el locutor, Clarín fue el ideólogo y artífice de la política económica de Carlos Menem en los 90 y buscó culpabilizar a la familia de Ángeles Rawson por su asesinato. Morales además calificó de neutral y objetivo un documental kirchnerista que se emitió en Canal 7 contra Clarín.

1) Intentar querer instalar a Clarín como el ideólogo y articulador de las políticas de la década de los 90 es directamente bastardear la historia. Los medios del Grupo cuestionaron muy tempranamente las políticas económicas del menemismo –contrarias a la tradicional línea editorial desarrollista del diario-, señalaron su impacto en la industrialización y el empleo y denunciaron irregularidades en las privatizaciones, entre otros resonantes casos de corrupción de la época. Al igual que el kirchnerismo, Menem y sus ministros manifestaron públicamente expresiones contra Clarín cada vez que el medio investigaba algún caso que los involucraba. Es recordada la frase de Menem al lograr su reelección en 1995: “Les gané a los medios” (en referencia a Clarín). 2) Insistir en que el Grupo Clarín quiso instalar un testigo falso en la investigación por el crimen de Ángeles Rawson, roza lo perverso. Cuando a la redacción de Telenoche llegó un llamado que podría ser de interés para la investigación, se actuó con extrema prudencia: no se lo difundió públicamente sino que se lo derivó a la Justicia para que estuviera al tanto, todo lo contrario a intentar operar sobre la investigación. 3) Por último, considerar a la serie “Clarín, un invento argentino” como objetiva o neutral es casi una tomadura de pelo. El director de la serie manifiesta diariamente su toma de posición militante contra el Grupo Clarín. Lo hace desde su cuenta de Twitter, en Radio Nacional y en las notas que publica en el diario paraoficial Tiempo Argentino.


  El 28 de noviembre del 2013 el tándem Tiempo Argentino- Fiscal Osorio volvieron a intentar vincular a los accionistas del Grupo Clarín con una maniobra de lavado de dinero por operaciones públicas, legales y registradas por ellos mismos.

Tanto los fondos a los que se refiere la nota del diario oficialista como la transferencia de los mismos son operaciones legales, legítimas y que fueron informadas por el propio Grupo Clarín a los organismos competentes. Los fondos en cuestión se derivan del pago de dividendos del Grupo Clarín surgidos de su balance anual cerrado a fines del 2007. El pago de dividendos está en las antípodas del lavado de dinero, y todas las transacciones financieras realizadas con dichos dividendos son públicas y están debidamente registradas, por lo que resulta imposible que las mismas puedan ser calificadas de sospechosas y/o injustificadas.


  El 28 de noviembre del 2013 el diario oficialista Tiempo Argentino público una respuesta al disparate del 17 de noviembre. Bajo el título “Réplica y confirmación”, Tiempo Argentino insinuó que el Grupo Clarín confirmó la supuesta investigación hecha por el diario.

No se entiende qué confirmó el Grupo Clarín. Todo lo que afirma la nota (incremento patrimonial injustificado de sus accionistas, operaciones que implicarían lavado de dinero y “estafa” a jubilados), fueron oportuna y previamente desmentidos con datos concretos y documentación registrada por el propio Grupo Clarín.


  El 18 de noviembre del 2013 el titular de la UIF, José Sbatella, acusó falsamente a los accionistas privados de Papel Prensa del delito de “lavado de dinero” y le solicitó al juez federal Julián Ercolini que embargue e inhiba los bienes de la empresa.

No es casual que la acusación de Sbattella se de la misma semana en la que el gobierno reflotó los falsos testimonios del prófugo de la justicia norteamericana, Hernán Arbizu, contra los principales accionistas del Grupo Clarín. El titular de la UIF ha demostrado con su histórico accionar que la oficina que él dirige sirve únicamente para hostigar y perseguir a todo aquel que sea considerado como “enemigo” por el gobierno. No es casual que este tipo de acusaciones sólo se den contra empresarios, políticos opositores o dueños de medios y que hasta el momento ninguna de estas acusaciones termine siendo considerada seriamente por la Justicia.


  El 17 de noviembre del 2013 el diario paraestatal Tiempo Argentino publicó una nota en la que acusó a los principales directivos del Grupo Clarín de haber lavado dinero. El informe se ampara en una falsa acusación lanzada por uno de los fiscales más cercanos al gobierno, Miguel Osorio, quién también solicitó un embargo de 800 millones de pesos alegando incrementos en el patrimonio de los directivos del Grupo Clarín.

La nota toma como pruebas de una supuesta maniobra ilegal información pública que fue suministrada por los propios accionistas del Grupo Clarín. Es ridículo pensar que alguien que estuviese lavando dinero lo haga público. Lo absurdo de la “investigación” de Tiempo Argentino es que los delitos estarían saliendo a la luz a partir de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP por los propios accionistas del Grupo Clarín. Según Tiempo Argentino es sospechoso el incremento en el patrimonio de Lucio Pagliaro y de José Aranda, directivos del Grupo Clarín, pero como ya se ha explicado hasta el cansancio, el incremento de su patrimonio obedece a que sus acciones del Grupo Clarín –declaradas y en blanco- comenzaron durante este período a cotizar en Bolsa, por lo que –como las leyes y normas contables lo indican- su valor a registrar dejó de ser el correspondiente a los balances de la compañía, para comenzar a ser el de su cotización en los mercados de valores. Por otro lado, la nota vuelve a insistir con un viejo latiguillo K de acusar al Grupo Clarín de haber defraudado a las AFJP. Este disparate ya se explicó varias veces en esta misma sección, la última vez fue el 25 de mayo del 2013, pero como pareciera que los medios del Grupo Szpolski solo escuchan a determinadas fuentes, volvemos a repetir la misma explicación: Luego de la salida a la Bolsa del Grupo Clarín, el 18 de octubre de 2007, más del 80% de las mismas fueron vendidas a inversores internacionales. La demanda más que duplicó la oferta. Dentro del tramo local, las AFJPs adquirieron un porcentaje menor, que no llegó al 1% de sus carteras. Las acciones de Clarín registraron una suba de más del 12% pocos días después de salir a la Bolsa, tendencia positiva que se mantendría durante varias semanas. Luego, con la crisis económica global se generó una baja generalizada que afectó a todas las compañías cotizantes en Bolsa, de la que nunca terminaron de recuperarse por el contexto macroeconómico del país, que hace que los activos argentinos valgan mucho menos que los de países vecinos. Posteriormente, luego de desatada la feroz ofensiva oficial contra Clarín desde marzo de 2008, las acciones del Grupo reflejaron además este acoso administrativo y regulatorio.


  El 4 de noviembre del 2013, el mismo día en que el Grupo Clarín presentó su plan de adecuación ante el AFSCA, el kirchnerismo anunció el hallazgo de archivos de la última dictadura militar e intentó vincular esta documentación con la adquisición de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación.

En reiteradas oportunidades se ha explicado porque es falso y malintencionado intentar vincular la compra de una empresa privada con posteriores delitos de lesa humanidad. Por algo en más de 20 años de democracia nunca surgió semejante acusación, y recién en la segunda presidencia del kirchnerismo se intentó instalar esta versión. Las actas en cuestión no avalan en ningún aspecto esa descabellada tesis. En primer lugar, se trata de documentación que ya obraba en sede judicial, por lo que no reporta novedad alguna. Y muy por el contrario a lo afirmado desde el kirchnerismo, de las actas surge claramente que los diarios se opusieron a diferentes disposiciones de la junta militar sobre la papelera, entre ellas el intento de que no se le pagara el saldo de precio a los vendedores, razón por la cual terminaron consignándolo judicialmente. También muestran que la junta militar poseía fuertes divisiones internas acerca del destino de Papel Prensa, y que incluso se intentó vincular a los diarios con acciones ilícitas por el sólo hecho de haber adquirido las acciones de la empresa. A su vez, los documentos dejan en claro que el propio gobierno militar decidió intervenir la compañía cuando ya era propiedad de los diarios.


  El 4 de noviembre del 2013, luego de que se conociera el plan de adecuación voluntaria del Grupo Clarín, la ex miembro del AFSCA, Graciana Peñafort puso en duda la presentación del Grupo Clarín al asegurar que "Dividieron más de 20 licencias de cable en tres unidades, por lo que faltan decenas de licencias sin designar” y agregó "faltan mencionar unas 100 licencias de cable".

La afirmación de la abogada denota que hizo un juicio apresurado del plan sin haberlo leído. La presentación hecha por el Grupo Clarín incluye la devolución de todas aquellas licencias de cable donde estas puedan ampliarse a zonas adyacentes, tal como la AFSCA se lo autorizó a Telecentro y luego se reglamentó para todos los operadores.


Los disparates de Sabbatella

En los últimos días, el titular del AFSCA lanzó una catarata de afirmaciones falsas y maliciosas sobre el Grupo Clarín en relación a ley de medios. Aquí van algunas de ellas, seguidas de la verdad:

  “Esta norma regula el mercado audiovisual y no interviene en los contenidos de los medios, los cuales son decididos por los licenciatarios”.

FALSO. La ley interviene en los contenidos al quitarle sus licencias a sus actuales titulares, modificando así la línea editorial de dichos medios. Eso fue, sin ir más lejos, lo que pasó con medios como Radio 10 o C5N, que modificaron su programación y cambiaron a sus periodistas. Eso es lo que busca el Gobierno con Canal 13 y TN.

“La incompatibilidad en una misma ciudad entre un servicio de cable y una señal de aire es razonable”.

FALSO. Nada menos razonable que prohibir dos servicios que no compiten entre sí, uno de los cuales no usa espectro. Esta prohibición no existe en todo el mundo, y fue hecha para silenciar a Canal 13. Mientras tanto, se le permite tener televisión abierta a empresas de energía, casinos, minería y obras públicas.

“Si Clarín dejara Cablevisión en Buenos Aires, otro se haría cargo de esa licencia y para los usuarios sería lo mismo”.

FALSO. ¿Quién asegura que Cablevisión seguiría teniendo el mismo servicio, los mismos contenidos y la misma calidad e innovación que ahora? El nuevo licenciatario podría cambiar canales, discontinuar otros, y, en definitiva, dar un servicio diferente al que hoy eligen libremente los usuarios de Cablevisión. Desde ya, no podría invertir porque carecería de la sustentabilidad necesaria, como establecieron los peritos.

“Si cambiara el titular de la licencia Canal Trece, esa empresa elegiría su programación con la misma libertad y las mismas obligaciones que hoy tiene el multimedios Clarín”.

CONFESIÓN DE PARTE RELEVO DE PRUEBAS. Sabbatella reconoce que lo que busca la ley es alterar los programas, contenidos y señales que la gente elige. Ese nuevo titular podría, como ya sucedió con otros medios, discontinuar Telenoche, cambiar sus conductores o su línea editorial, eliminar el programa de Lanata y muchas otras cosas. Hoy Canal 13 puede ser crítico porque pertenece al Grupo Clarín, que además lo respalda económicamente frente a la asfixia que le provoca el Gobierno.

“Decir que un canal de aire o de cable podría desaparecer con la aplicación de la ley es tan falso como lo sería indicar que una autopista dejaría de existir si cambia el concesionario”.

HONESTIDAD BRUTAL. Esta comparación de la libertad de expresión con una autopista da cuenta de la concepción autoritaria y hegemónica que tiene sobre un derecho fundamental. Nada hay más diferente a la monotonía del asfalto de una autopista que la programación e información que diariamente brinda el Grupo Clarín a millones de personas. Es cierto que si cambia el concesionario de una autopista puede no cambiar demasiado para los usuarios. Por el contrario, si se priva a Grupo Clarín de sus licencias se privará a toda su audiencia de una programación crítica, entretenida y que contribuye al debate público. A diferencia de lo que podría pasar con una autopista, si los medios de Grupo Clarín cambian de dueño no serán los mismos y seguramente, como ya pasó con muchos otros medios tomados por el Gobierno, desaparecerá la principal voz crítica y se incrementará la monotonía del discurso oficial".

“Los límites a las licencias se sujetaron estudios previos, son consecuencia de numerosas variables y están inspirados en las mejores legislaciones del mundo”.

FALSO. Como quedó demostrado en la audiencia pública, el AFSCA no pudo mostrar ni siquiera un estudio concreto que analizara si existen en el mercado argentino de medios niveles de concentración nocivos o superiores al promedio mundial. Y, menos que menos, análisis de mercado que indicaran que los límites de la ley son razonables y no fueron puestos de manera caprichosa, como una represalia contra un medio crítico. Todo lo contrario: ninguna legislación internacional tiene restricciones como las 24 licencias de cable, el 35% de la audiencia, la prohibición de producir más de una señal audiovisual o la incompatibilidad de Cable vs. TV abierta. Fueron puestas con nombre y apellido.

“Los servicios que debe dejar de prestar una empresa para adecuarse a los límites establecidos por la ley serán prestados por otra, sin afectar la vida cotidiana”.

FALSO. Los nuevos licenciatarios no garantizan la provisión ni de los contenidos ni de los servicios brindados por los anteriores. Más aún, en muchos lugares directamente no podrán llegar esos contenidos o esos servicios de la manera que hoy llegan, por el límite del 35% de audiencia. En otras, algunos de esos servicios se perderán, porque la red de cable fragmentada no podrá soportar el servicio de internet en las localidades que excedan ese límite.

“El Grupo Clarín posee 237 licencias, lo que significa 150 veces más que el promedio. Los métodos extorsivos que utilizó esa corporación empresaria para hacerse de esos sistemas de cable ya fueron largamente difundidos”.

FALSO. Cablevisión opera a través de 158 licencias locales, que es menos del 1% de las 2200 localidades a las que puede llegar su principal competidor, DirecTV, uno de los grandes beneficiados por la ley de medios. También hay otras empresas de cable que operan decenas de licencias, como Supercanal o Telecentro. A estas, además, el AFSCA las beneficia permitiéndoles cubrir con una licencia el mismo territorio que a Cablevisión le demanda más de 20. Cablevisión conformó su red de cable con inversión multimillonaria y genuina a lo largo de 20 años. Todos los cables que fue sumando a su red en la década del 90 (cuando no era de Clarín) fueron comprados a valores de mercado, millonarios en dólares, y quienes los vendieron hicieron excelentes negocios, multiplicando varias veces su inversión. No existe ningún cableoperador que haya denunciado jamás una venta bajo presión.

“Se habla de la afectación a los usuarios de Fibertel, pero la ley no regula internet”.

FALSO. La ley regula indirectamente internet, al prohibir a los prestadores de banda ancha por cable módem (básicamente Cablevisión) llegar con sus servicios a más de 24 localidades y 35% del mercado. Esta arbitrariedad deja automáticamente sin poder elegir el servicio de Fibertel a miles de clientes de Internet. La reducción de opciones favorece el monopolio de las telefónicas, impide la competencia por precio y velocidad, y, en definitiva perjudica al usuario de internet.

“Con la aplicación integral de esta ley, el hombre de a pie no sólo seguirá eligiendo en libertad los contenidos que le gustan, sino que podrá hacerlo con una oferta mayor de medios y de señales de televisión y radio.”

FALSO. Ya está demostrado que esto no es así. La ley tiene 4 años y no hubo ningún impedimento para que la oferta de “medios y de señales de televisión y radio”, como dice Sabbatella, se multiplicara exponencialmente. Todo lo contrario: hubo cientos de licencias para medios estatales y paraestatales, hubo concursos desiertos, hubo transferencias ilegales de medios a manos amigas… Y nada de eso requirió del desguace del Grupo Clarín. Lo que claramente hubo es una oferta cada vez mayor de medios y señales oficialistas, alimentadas por la publicidad oficial, la compra por empresarios amigos, las transacciones regulatorias y muchos otros mecanismos. Al punto que hoy el 80% de los medios audiovisuales responde al Gobierno. De lo que se trata, aunque no lo diga Sabbatella, es de ir por el 20% restante.

“Es gravísimo y lamentable que el Grupo Clarín siga sin incluir Paka-Paka en su programación”.

FALSO. Paka-Paka está en la grilla de Cablevisión desde hace dos años. Junto con otras señales estatales y paraestatales (como IncaaTV, Telesur o CN23), se encuentran, según la disponibilidad técnica de cada plaza, o bien en el sistema analógico o bien en el sistema “Básico Digital”, ambos sin cargo, codificación ni costo adicional, como marca la ley.


  El viernes 13 de septiembre, Tiempo Argentino y otros comunicadores K, como Víctor Hugo Morales, iniciaron una campaña en la que afirman que “abogados de Clarín les escriben los dictámenes a Campagnoli”, en referencia a una denuncia del abogado de Lázaro Báez, Jorge Chueco, quien busca obstaculizar la causa por la ruta del lavado de dinero K.

En su afán por correr el eje de investigaciones que los involucran (y que la semana pasada se vieron agravadas por la declaración de un ex gerente de Báez sobre el pago de U$S 7 millones en negro), las operaciones mediáticas del kirchnerismo se hacen cada vez más fantasiosas y disparatadas. Jamás el Grupo Clarín y sus abogados han tenido otro rol -respecto de investigaciones judiciales que involucran al poder político-, que informar al público sobre las, o bien defenderse de las chicanas de imputados y procesados por el sólo hecho dedifundir cuestiones de interés público. Las demandas de oscuros personajes contra Clarín, Canal 13, Periodismo para Todos o contra sus periodistas para intentar amedrentarlos y correrlos de su legítima función son moneda corriente, sobre todo en los últimos años.


  El 12 de septiembre del 2013 el diputado kirchnerista Carlos Kunkel fue entrevistado por Ernesto Tenenbaum en su programa Tierra de Locos y ante la pregunta sobre cómo resolver el problema de la inseguridad, Kunkel recurrió a dos latiguillos clásicos de su discurso: atacar a Clarín y minimizar los problemas actuales, comparándolos con la dictadura. Pero está vez el diputado cruzó todos los límites: intentó vincular al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, con la desaparición del periodista Edgardo Sajón, y luego, en el colmo de la calumnia, agregó que Magnetto “daba las listas de las preguntas que le tenían que hacer en la tortura para quitarles las empresas”.

Si bien suele suceder que ante cualquier pregunta incómoda el diputado sólo atine a atacar a Clarín, Kunkel viene cayendo en calumnias e injurias cada vez más graves. Jamás existió denuncia, acusación, indicio, señalamiento o ínfima sospecha que pueda vincular a algún directivo de Clarín con el secuestro, asesinato o desaparición de una sola persona durante la última dictadura militar. La gravedad de la acusación de Kunkel exime de mayores comentarios. Sólo alguien protegido por fueros parlamentarios puede gozar de tanta impunidad para decir estas aberraciones.


  El 11 de septiembre del 2013 la agencia gubernamental Télam difundió un cable en el que acusa falsamente al Grupo Clarín de supuestos avances ilegales sobre la vía pública en el barrio porteño de Barracas, tanto por parte de la planta impresora de Clarín y como del edificio central de Cablevisión.

La nota de Télam falsea, distorsiona y omite datos. Clarín nunca cortó una calle. Ya desde antes que AGEA (la empresa editora del diario) adquiriera los terrenos en donde hoy se encuentra su planta impresora, la calle Ascasubi terminaba donde termina hoy. Por entonces, la delimitaba un alambrado. Por otro lado, la carpa que se encuentra en la entrada del edificio de Cablevisión es una medida de seguridad que se tomó para evitar el ingreso de personas no autorizadas luego de que Cablevisión sufriera distintas amenazas y hasta desembarcos ilegales, como el del año 2011 cuando espías y representantes del grupo Vila-Manzano ingresaran por la fuerza a la empresa sin orden judicial válida. En cuanto a los paneles metálicos que se encuentran sobre la autopista 9 de Julio Sur, fueron colocados luego de que el 10 de mayo de este año se efectuaran disparos contra el edificio en tres ocasiones, siempre desde la autopista. Cabe aclarar que tanto la colocación de la carpa como la de los paneles cuenta con la plena autorización de los organismos estatales correspondientes.


Los disparates K en la audiencia por la ley de medios

En la audiencia por la ley de medios, se multiplicaron los disparates y las afirmaciones sin sustento por parte de los representantes del Gobierno Nacional. A lo largo de las dos jornadas, se sucedieron difamaciones, calumnias, datos falsos, “oportunas omisiones” y quedó en claro que el Gobierno no pudo justificar, con elementos concretos, el porqué de las restricciones plasmadas en los artículos más polémicos de la norma. Restricciones que, como quedó claro, no apuntan a un mayor pluralismo sino al desguace de medios críticos. Veamos algunos de los disparates más resonantes:

  Las calumnias de Alejandra Gils Carbó

La procuradora general (que debería guardar neutralidad) tuvo un discurso de encendido tono militante, en el que repitió las difamaciones más corrientes del kirchnerismo contra Clarín. Habló de violación a los derechos humanos (pese a que en la Justicia jamás se probaron las acusaciones de lesa humanidad), de conductas extorsivas contra la democracia, o de una adquisición ilegítima de Cablevisión (pese a que fue aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en 2007), entre muchos otros dislates.

  Las falsedades de Cynthia Ottaviano

La defensora del público (que se adjudicó la representación de toda la audiencia), no dudó en poner en juego su pretendida objetividad con una exposición de total enfrentamiento contra un grupo de medios en particular. Su alocución pretendió ser efectista pero se desarmó al contraste con la realidad. Dijo que Cablevisión era monopólico cuando compite en todas las plazas donde opera, sostuvo que había despedido gente cuando incorporó 2000 puestos de trabajo, dijo que no incorporaba señales que ya existen en su grilla, y habló de reclamos inexistentes.

  Las mentiras, omisiones y contradicciones del AFSCA

Los representantes del AFSCA no se quedaron atrás:

  • Sostuvieron que las licencias son “meros privilegios precarios”, que los gobiernos pueden revocar anticipadamente, condicionando la libertad de expresión.
  • No pudieron mostrar un solo análisis respaldatorio o documento técnico que justifique las restricciones más arbitrarias del artículo 45: 24 licencias locales de cable, 35% de audiencia, una señal de contenidos y prohibición de TV abierta y cable.
  • Tampoco pudieron justificar por qué la ley discrimina a los cables frente a la televisión satelital, que puede cubrir todo el país con una sola licencia.
  • No explicaron por qué la ley restringe la producción de señales nacionales (permitiendo sólo una por grupo nacional) y favorece las extranjeras (permitiendo que los grupos extranjeros –que operan cable y TV abierta- tengan 30 o 40 señales en el país).
  • No pudieron precisar cuántas licencias tiene el Grupo Clarín ni qué participaciones de mercado posee en cada servicio (Radio, Televisión y Cable). En TV abierta y radio dieron porcentajes equivocados. En cable, dijeron el primer día que esa participación era del 60% y al día siguiente del 45%. Aunque en documentos oficiales la ubican en el 40,8%.
  • Como era obvio, no pudieron sostener en la audiencia que el Grupo Clarín es un monopolio ni tiene posiciones dominantes. Los datos los desmentirían: el Grupo convive con más competidores que el promedio mundial: tiene 8 radios en todo el país sobre 12.000 existentes (2 en AMBA sobre 550 existentes); 4 canales de TV de aire sobre 45 analógicos y 29 digitales, una señal de noticias sobre 7 existentes, etc.
  • En ningún momento de la audiencia el Gobierno pudo explicar por qué sería necesario silenciar voces del Grupo Clarín para que existan otras nuevas. Es más, quedó en claro que existen numerosos espacios vacantes tanto en medios que usan espectro como en aquellos que no lo usan (más aún, en estos últimos el espacio es infinito). La mejor prueba fue el concurso por 220 nuevos canales de TV digital, que el Gobierno debió dar de baja por falta de interesados.
  • Contradiciendo sus propios argumentos, el AFSCA aseguró que desde la sanción de la ley entregó más de 800 licencias. ¿Cuál sería la razón entonces para desguazar al Grupo Clarín si no hay escasez de licencias? ¿Silenciar una voz crítica quizás? ¿Una de las pocas que sobrevive sin publicidad oficial ni negocios con el Estado?
  • El AFSCA repitió que Clarín es el único grupo mediático no adecuado a la ley pese a que está adecuado a lo que ha dicho la Justicia. Pero en la misma audiencia reconoció que sólo el 35,9% de los otros grupos están adecuados. Omitiendo mencionar los “simulacros de adecuación”, que el ente tolera entre sus medios aliados.
  • Cuando le preguntaron si el Grupo Clarín tenía sanciones por “abuso de posición dominante” el AFSCA prefirió evadir la respuesta. ¿Será por que sabe que Clarín nunca recibió sanciones por este tema?

 

• Ver también: Ley de medios: todo lo que el Gobierno no pudo explicar en la audiencia

  El 16 de agosto del 2013 Martín Sabbatella, titular del AFSCA, fue entrevistado en FM Delta y utilizó datos falsos para intentar presionar a la Corte Suprema de Justicia de cara a la audiencia convocada por el máximo tribunal el 28 de agosto. Sabbatella dijo: "en Argentina el 80 por ciento de los hogares tiene cable, y el 60 por ciento es del Grupo Clarín".

Los dichos de Sabbatella son falsos. En el año 2007 cuando el gobierno autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal, ambas empresas pasaron a tener el 47% del mercado del cable. Lejos de restringir la competencia, la incentivó. Desde el año 2007, los principales competidores de Cablevisión (DirecTV, Telecentro, Supercanal, etc) tuvieron tasas de crecimiento muy superiores a la empresa del Grupo Clarín. En consecuencia, la participación de Cablevisión dentro del mercado del cable fue disminuyendo año a año. Es sumamente llamativo que quién debería conocer minuciosamente los detalles de la industria que él mismo regula utilice datos tan alejados de los de la realidad. Esto solamente podría comprenderse si la verdadera intención de Sabbatella es la de confundir a la opinión pública para perjudicar a una empresa en particular.


  El 9 de agosto del 2013, un día después de la audiencia de mediación entre Víctor Hugo Morales y Héctor Magnetto, el relator volvió a cargar contra el CEO del Grupo Clarín y aseguró que este había dicho que para él la presidencia era “un puesto menor” y que también fue Magnetto quién no le permitió a Alfonsín terminar su mandato: "Es verdad, este hombre le dijo a Menem, un puesto menor, un presidente, qué presidente si yo manejo todo. Y Alfonsín, Alfonsín le dijo: déjeme terminar el gobierno, una salida decorosa para que el resto de la vida no sea un perjuicio más para mi radicalismo. Le dijo usted ya es un estorbo, salga, lo apartaron. Este es el personaje en cuestión."

Las afirmaciones de Morales sobre el CEO del Grupo Clarín son otro ejemplo de su falta de escrúpulos. En primer lugar, como ya se ha dicho en esta misma sección, jamás, ni en público ni en privado, el CEO del Grupo lanzó una afirmación semejante sobre el puesto de Presidente de la Nación. En segundo lugar, afirmar que fue Magnetto quién obligó a Alfonsín a dimitir es de una falsedad tan obvia y grosera que roza el grotesco. Nunca nadie y mucho menos el propio Alfonsín llegó a deslizar semejante disparate. Tal es así que entre Alfonsín y Magnetto existió una relación de respeto mutuo que se mantuvo hasta la muerte del ex presidente. Luego de finalizar su mandato Alfonsín utilizó en reiteradas oportunidades las páginas de Clarín para expresar sus opiniones, ya sea mediante entrevistas o notas de opinión (estas se encuentran compiladas en otro disparate de Víctor Hugo Morales con fecha de octubre de 2012).


  El 8 de agosto, al salir de la audiencia de conciliación con Héctor Magnetto, el relator Víctor Hugo Morales dio una improvisada conferencia de prensa para algunos medios oficialistas en dónde desvirtuó los motivos de la demanda y acusó a Magnetto de inciarle acciones judiciales por sus opiniones: “no se concibe que sea una empresa periodística (...) la que haga una denuncia y una presentación contra un periodista, acorrale la libertad de expresión, creen ellos, de un periodista”.

Nunca Héctor Magnetto le inició una acción judicial a ningún periodista por su opinión. La demanda contra Víctor Hugo Morales fue por afirmaciones asertivas, no por opiniones, luego de que el relator utilizara en reiteradas oportunidades sus programas para imputarle a Magnetto hechos concretos y absolutamente falsos, como la responsabilidad en delitos aberrantes, conductas mafiosas, actividades criminales, etc. Sin el mínimo pudor, Morales acusó a Magnetto de “secuestro de bebés”, “torturas”, “picanas”, “robos”, “atentados contra la democracia”, etc. En los más de 60 años de vida de Clarín, distintas personas públicas han expresado opiniones –algunas muy virulentas y casi enfermizas- en contra del diario o de sus accionistas, pero nunca fueron demandados, aunque podrían haberlo sido. Por ejemplo, Julio Ramos fue un crítico obsesivo y acérrimo del Grupo Clarín pero nunca cayó en la infamia de imputar delitos aberrantes a sabiendas de su falsedad.


  El 26 de julio del 2013 el diputado kirchnerista Carlos Kunkel aseguró que el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, “se apropió de muchas empresas bajo la tortura y asesinato de los dueños". Días atrás la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner intentó vincular la adquisición de Papel Prensa con delitos de lesa humanidad. En la misma sintonía se expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quién mencionó el caso Papel Prensa y acusó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, de ser un “delincuente”.

Frente a las reiteradas y falsas acusaciones K respecto de la adquisición de Papel Prensa, intentando vincular ese hecho a delitos de lesa humanidad, y pretendiendo involucrar en el mismo al CEO del Grupo Clarín, vale reiterar lo siguiente:

 

  • Cualquier vinculación de Héctor Magnetto con este tipo de delitos es ni más ni menos que una calumnia (para nuestro Código Penal, calumnia es la falsa imputación de un delito). En efecto, Magnetto jamás ha sido siquiera citado a declarar en ninguna causa judicial por este tema.
  • Más aún, el juez federal de La Plata, Angel Corazza, que investigó el secuestro de los Graiver en el denominado “Circuito Camps”, dejó expresado por escrito, en el año 2010, que ni el Sr. Héctor Magnetto ni el Sr. Bartolomé Mitre (a quien el Gobierno suele incluir en sus acusaciones mediáticas) están imputados ni investigados por delito alguno en esa causa.
  • Obviamente no podrían estarlo, porque la operación de compra de acciones de Papel Prensa por los diarios Clarín, La Nación y La Razón se realizó el 2 de noviembre de 1976, casi cinco meses antes de la detención ilegal de los Graiver.
  • Esta compra se concretó luego de una negociación de los 3 diarios con el Grupo Graiver que fue liderada por el hermano de David (el banquero fallecido), Isidoro Graiver, quien dijo públicamente en 2010 que no había sido amenazado ni presionado para vender la empresa a los diarios y que nada tenía que reclamarles. Lo mismo sostuvo María Sol Graiver, hija del banquero. Ambos publicaron sendas solicitadas con su testimonio, además de ratificarlo ante la Justicia.
  • Quien sí modificó la historia, reescribiéndola bajo el guión que inventó el kirchnerismo, fue Lidia Papaleo (quien fuera pareja de David Graiver, aunque no su esposa según la ley argentina). Lo hizo contradiciendo lo que había sostenido en dos juicios llevados a cabo democracia, en los cuales jamás mencionó que los diarios la hubieran amenazado.
  • Papaleo fue una pieza central de la estrategia de Guillermo Moreno, quien en 2010 elaboró un informe plagado de falsedades al que denominó "Papel Prensa, La Verdad", y que fue cuestionado hasta por el periodista Horacio Verbitsky. La súbita "conversión" de Papaleo fue testificada ante escribano por el presidente de La Nación, Julio Saguier, quien relató que, café de por medio, Papaleo le confesó que lo hacía por dinero.
  • A partir de su cooptación por el kirchnerismo (junto a su hermano Osvaldo) los testimonios de Lidia Papaleo empezaron a estar plagados de contradicciones. Primero sostuvo que la empresa se había vendido mientras ella estaba secuestrada, o en "la mesa de torturas". Luego, al comprobar que los documentos la desmentían, la versión fue "corregida". Allí entonces Papaleo inventó supuestas miradas o frases amenazadoras de Magnetto (justamente el blanco preferido del kirchnerismo), miradas y frases que jamás existieron ni tampoco fueron referidas por ella misma en más de 30 años.
  • Lidia Papaleo también sostuvo inicialmente que su firma era necesaria para que los diarios compraran las acciones de la empresa. Pero la verdad es que Papaleo no firmó ninguno de los contratos por los que se transfirió el control de Papel Prensa. Sólo firmó, en representación de su hija menor de edad, un contrato colateral por una pequeña cantidad de acciones adicional. Pero ese contrato nunca se ejecutó: los diarios desistieron de comprar esas acciones, que hoy pertenecen a Télam.
  • Lidia Papaleo fue presentó públicamente por el kirchnerismo como "heredera" de David Graiver y perjudicada en términos económicos. Pero como ella nunca estuvo casada con David por la ley argentina, jamás tuvo derechos sucesorios. Los herederos de Graiver, fallecidos sus padres, fueron únicamente su hija María Sol y su hermano Isidoro, quienes desmintieron a Lidia.
  • Más aún, en su última declaración, en junio de 2013, Papaleo tuvo varias contradicciones más, incluso con sus discursos recientes. Terminó reconociendo que las negociación por Papel Prensa la llevó adelante Isidoro, que ella no tenía idea de los términos de la misma, que jamás vendió acciones porque no le pertenecían, que además de Papel Prensa debieron vender otras empresas porque el Grupo estaba muy endeudado y que tenían fuertes reclamos de acreedores (entre ellos de la Organización Montoneros, que había depositado en los bancos quebrados de Graiver los millones de dólares producto del secuestro de los hermanos Born).
  • Como quedó claro en la causa que en democracia llevó adelante la Cámara Federal (la misma que juzgó a las Juntas Militares), el secuestro de los Graiver, en marzo de 1977, no tuvo nada que ver con Papel Prensa sino con el vínculo financiero que tenían con Montoneros. En esa causa, los Graiver acusaron a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por los vejámenes que sufrieron, y jamás vincularon su detención con Papel Prensa. Y la propia Cámara dijo textualmente: "Los integrantes del Grupo (Graiver) declararon que el tormento tenía por objetivo preponderante, que surgía del interrogatorio, los tratos del financista desaparecido con la mencionada organización subversiva (en referencia a Montoneros)".
  • O sea que la falsedad de la historia que Lidia Papaleo intentó reescribir, en complicidad con Guillermo Moreno y otros relatores del kirchnerismo, ya ha quedado demostrada.
  • La cuestión de Papel Prensa es similar a otra causa donde se pretendió inventar un delito de lesa humanidad con fines persecutorios: el caso Noble Herrera. Pese a que jamás existió ningún elemento concreto de sospecha (salvo que se considerara como tal el hecho de que los hermanos fueron adoptados en 1976), durante años el kirchnerismo acusó a la directora de Clarín de “apropiadora” y llegó a sostener que Marcela y Felipe Noble Herrera “llevaban la prueba del delito en su sangre”. Pese a que esa falsedad quedó científicamente demostrada, jamás se rectificaron ni pidieron disculpas.

  El 22 de julio del 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a una nota del diario Clarín publicada el día anterior en la que se mencionaba el riesgo de un enfrentamiento entre dos bandos de la barra brava de Boca, que finalmente, en los hechos, terminó dejando un saldo de dos muertos y al menos cuatro heridos. La presidenta acusó a Clarín de saber de antemano que estos hechos iban a suceder y sugirió una responsabilidad del diario: “¿Cómo es posible que alguien, como leí hoy, había advertido que podía pasar? ¿Qué, sabía que había ido gente con armas? Y si pensaban que había gente con armas, ¿por qué no denunciaron quiénes eran esos que iban a ir con armas? Esto me llamó poderosamente la atención.”

Clarín y su periodista hicieron lo que debe hacer un medio de comunicación. Investigar y poner en conocimiento de la sociedad la información que poseen. Lo hicieron, además, en un contexto de compromiso histórico, del diario y del Grupo, contra la violencia en el fútbol. Los medios del Grupo son los que más periodistas especializados tienen en esta temática, los que han descubierto acciones y complicidades a lo largo y ancho del fútbol argentino, los que han desarrollado campañas institucionales condenando estas actitudes. Acusarlos de tener algún tipo de responsabilidad en hechos como el del domingo (cuando dieron información valiosa que podría haber ayudado a prevenirlos,) es verdaderamente insultante. Esta actitud contrasta con la de la misma Presidenta, quien en otras oportunidades calificó a los barras como “buenos muchachos” y aseguró quedar “maravillada” al ver a “esos tipos parados en la paravalancha” que según ella “arengan y arengan, la verdad mi respeto para todos”. A continuación, la respuesta del periodista Enrique Gastañaga a la acusación oficial: Un periodista no es policía ni funcionario judicial.


  El 19 de julio Víctor Hugo Morales atacó, en su programa en Radio Continental, a Ricardo Canaletti, a Canal Trece, y a TN, por el tratamiento del caso Ángeles Rawson, acusánsolos de difundir hechos falsos de la investigación e involucrar a un funcionario nacional en el caso.

La respuesta: Por Ricardo Canaletti "¿Qué sabe usted, señor Morales? Bien sé, Morales, que usted no esperaba que yo respondiera a su editorial del viernes 19 de julio por radio Continental. Lo haré porque usted habló de mi trabajo con insidia, desinformación e insolencia. Y lo haré además por el desagradable presentimiento que tengo de que volveré a escuchar sus atolondradas reflexiones. No crea que sus palabras son menos injuriosas por provenir de quien jamás ha ejercido el periodismo. Siempre lo he considerado un relator de fútbol... He soportado su estridente voz cuando tuvo la fortuna de relatar en la Argentina los primeros goles de Maradona en Boca, en el lejano 1981. Mucha pasión fingida, aunque todos sabemos que ese es el juego del relator de deportes. Luego soporté avergonzado su “barrilete cósmico”, poetastro de suburbio, y ahora lo oigo utilizar el engaño con voz sólida y segura, para defender al Gobierno -aunque no haya ningún ataque-, convertido en un voluntarioso y obsesivo esbirro mediático. Usted ha dicho que El Trece, Todo Noticias y Clarín “plantaron” una testigo falsa en el caso de Ángeles Rawson para perjudicar al Gobierno, y que hemos difundido machaconamente las palabras de esa testigo. Usted miente. Nunca El Trece, ni TN, ni Clarín difundieron la versión de la testigo Susana Fuentes en el caso Ángeles. Nunca se puso ningún zócalo en TN con sus dichos, ni se tuvo ninguna primicia, ni se hizo un solo comentario. Nunca se dijo nada. Ni por un segundo. Yo tengo algo muy claro: no soy como usted, no miento. Usted lo hace con descaro. Me pregunto a veces si le piden tanto. No es mi problema que no le guste la estética de Todo Noticias, circunstancia a la que alegre y caprichosamente se refiere en ese editorial del 19 de julio. Si no le gusta, Morales, cambie de canal, compre otro diario, escuche otra radio, pero no nos difame porque me difama, no nos calumnie porque me calumnia. Usted me llamó delincuente mediático por hacer lo correcto. ¿Quién es usted para proferir semejante insulto? ¿Cuál es el derecho que lo autoriza a tal atropello? Es usted un redomado embustero que pretende cargarle a los demás sus propias miserias. No soy de su condición, Morales. Morales, qué sabe de mí o de la gente que trabaja conmigo... Son personas, Morales, que no merecen sus insolencias de relator de fútbol devenido en sabelotodo. Morales, no se meta donde no debe. No sea impertinente y maleducado. Lo llamo a la reflexión, que espero realice en consideración al sosiego que suelen dar los años. Aprenda, infórmese, incursione en el periodismo, nunca es tarde. Bueno, acaso le lleve jornada completa defender su bolsillo y su vapuleado prestigio. Pero no me haga cargo de sus frustraciones, de su amargura existencial. Como el testimonio de esta Susana Fuentes involucraba a la familia de Ángeles, yo lo puse en conocimiento de quien representa a Ángeles, Pablo Lanusse (fui yo, no fue Magnetto, a quien he visto una sola vez en mi vida y que no supo jamás que esta historia se estaba desarrollando). Y fue Lanusse quien decidió llevarlo a la Justicia. Y fue el juez Ríos quien decidió suplantar a la Federal por la Metropolitana solamente -y digo solamente- para que se trasladen a todos los vecinos del edificio de Ravignani, una medida que no se había tomado antes. ¿Por qué le preocupan tanto los inconvenientes que tal vez sufrieron esos vecinos en el traslado a Tribunales? ¿Usted sabe, Morales, que en el edificio donde viven esas personas fue asesinada una nena de 16 años? ¿No advirtió, Morales, que si no los llamaba el juez, esos vecinos jamás hubiesen dicho que el portero les pidió, el mismo día que mataron a la chica, que sacaran la basura antes de hora? ¿Es que no lo iban a decir nunca? ¿Usted, Morales, sabe cómo se desarrolla una investigación criminal? El testimonio de Fuentes no fue utilizado periodísticamente. Nunca. No lo convertimos en una primicia porque lo manejamos con la seriedad con la que trabajamos todas las informaciones que nos llegan. No hubo utilización de ese dato. Fue una decisión basada en la concepción del periodismo como servicio. No debía haber primicia porque esa información era dudosa, sin posibilidad de corroboración, no aportaba ningún esclarecimiento. En consecuencia, Morales, debía ser un órgano judicial el encargado de evaluar los datos de la testigo. Usted, Morales, al decir lo contrario, miente. Lo que pasa, Morales, es que usted no sabe. No sabe y no le preocupa. Entiendo, al ser yo periodista, lo que es no saber. Las veces que me habré comido los nudillos por no saber, por tener que quedarme callado. Hubo y hay otros que no saben y hablan igual para que sus jefes les acaricien las nalgas. Siempre habrá de éstos. ¿No es cierto, Morales? El testimonio de Fuentes fue llevado a tribunales por la vía adecuada. El juez, al admitir que entrase al expediente (porque es el juez el que determina qué entra o no en el expediente), puso en marcha el mecanismo que llevaría inexorablemente a alguno de estos dos resultados: o el testimonio quedaba incorporado como prueba válida, o quedaba descartado por falaz. Ocurrió esto último. ¿Sabe otra cosa, Morales? (veo que son muchas las cosas que no sabe, sin embargo habló de este asunto durante media hora el viernes 19 de julio). Fue el juez el que buscó a la testigo -yo no pude nunca hablar con ella personalmente-, el que la escuchó y evaluó su declaración. Él tenía la potestad de hacerlo y quiso hacerlo. Fue el juez quien terminó descartándola y el que la mandó investigar por mentir. En nada de esto tuvieron que ver el Trece, ni TN, ni Clarín, ajenos a estos menesteres. ¿Entiende, Morales? Repito, yo no llevé ese testimonio. En cambio Cristina Caamaño, funcionaria del Ministerio de Seguridad, sí llevó un testigo dudoso. ¿Sabe, Morales, que fue la noche del 14 de junio? Era un testigo que pretendía comprometer a la pareja de la mamá de Angeles y que también quedó descartado. No se decidió todavía si lo investigarán por falso testimonio (ah, no diga más padrastro, por favor, porque Ángeles tenía padre vivo). Cuántas cosas que ignora, Morales. Por ejemplo, ¿usted sabe que el funcionario que tanto defendió en su diatriba del viernes 19 de julio, Sergio Berni, habló conmigo por primera vez en su vida la noche que llevaron a todos los vecinos a los Tribunales? Me llamó para decirme que efectivamente había pagado el velatorio de Ángeles y que él le ordenó a Caamaño llevar a aquel testigo -el dudoso- ante la fiscal, sin saber que podía ser un fiasco. Y agregó que no estaba preocupado porque en el traslado de los vecinos el juez hubiera utilizado a policías de la Metropolitana. ¡Qué extraña maniobra esta, Morales, donde el funcionario, al que TN y el Trece pretendían atacar, habla y da información al periodista que maquinó todo un plan a partir de una “pistita”, como usted dijo, para perjudicarlo y desprestigiar al Gobierno! Las mentiras que usted, Morales, ha dicho sobre esta cuestión, me autorizan a decir que tiene la lengua fácil, impropia de un comunicador responsable. Siempre es mejor buscar un enemigo y cargarle todos los males y carencias propias. Lo vienen haciendo los autócratas desde hace 4 mil años por medio de sus escribas ¿Periodistas? No, no, periodismo es otra cosa. No se lo voy a explicar, Morales, quédese tranquilo. Sólo lo invito a pensar, que quizás le podría sentar mejor, en esta etapa de su vida, volver a relatar un gol de Boca que continuar con la deposición matinal a la que nos tiene acostumbrados".


  Esta semana la Revista Veintitrés publicó una nota titulada “El aguante de la ficción” en la que asegura que el Grupo Clarín está en contra de las producciones audiovisuales nacionales. Acusaciones similares hicieron varios medios y comunicadores K, entre ellos Víctor Hugo Morales en su programa de radio La Mañana en dónde llegó a afirma que el Grupo Clarín está en contra de los actores.

Esta acusación es tan descabellada que no resiste el menor análisis. El Grupo Clarín es el principal generador de producciones audiovisuales de la Argentina. Desde 1990 a la fecha lleva producidas más de 20 mil horas de ficción, convirtiéndose así en el mayor empleador de actores, guionistas, técnicos y directores del país. Su compromiso con la cultura y el arte nacionales no es coyuntural, sino que atraviesa toda la vida del Grupo desde 1945. En la crisis de 2001-2002, los medios audiovisuales del Grupo fueron prácticamente los únicos en seguir produciendo ficción, en un contexto donde predominaban las latas y los reality-shows. Las páginas del diario, los diversos espacios de TN y los micrófonos de Radio Mitre siempre estuvieron y están poblados de artistas nacionales que difunden sus trabajos. Los mismos medios son los principales auspiciantes de los espectáculos que se ofrecen en el circuito teatral. Jamás el Grupo Clarín estuvo en contra del apoyo estatal a la cultura. Todo lo contrario: sus medios son los principales aportantes de los fondos para el cine que se derivan de la ley de fomento aprobada en 1995. Lo que periodistas del Grupo han cuestionado, y con datos concretos, es el manejo discrecional de parte de esos fondos, la utilización de esquemas financieros poco claros como la subcontratación a través de universidades, la falta de transparencia en los concursos, la obligación de que las producciones se emitan con enormes cantidades de publicidad oficial, el uso de oficinas estatales ajenas a la actividad cultural, como el Ministerio de Planificación; o la utilización de estos esquemas con fines de persecución ideológica o propaganda política.


  El 4 de julio del 2013 el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, increpó a dos periodistas de Clarín en la embajada de los EE.UU. durante los festejos por la independencia de ese país. Ante una consulta de la periodista Silvia Naishtat sobre el acuerdo de precios y el desabastecimiento el funcionario estalló en ira y le dijo a ella y a su compañero Walter Curia: “Ustedes no son personas, ustedes. Son empleados de Magnetto” y luego retrucó "Ella no es una señora, es una empleada de Magnetto, y los periodistas de Magnetto tienen las manos manchadas de sangre".

Moreno pretende vincular a los periodistas de Clarín con delitos de lesa humanidad como ya lo intentó hacer con sus directivos, pero la falsedad de dichas acusaciones ya fue demostrada con pruebas contundentes en sede judicial. Más allá de la difamación, lo que más sorprende es que el mismo funcionario del que hace una semana se conoció un video en el cual hablaba de la importancia de construir sobre el amor, ataque a una persona a los gritos por el simple hecho de cumplir con su trabajo y la insulte al decirle que ella “no es una persona”, ni siquiera “una señora”.


  El 1 de julio del 2013 el periodista Eduardo Aliverti publicó una columna de opinión en el diario Página 12 en la que desestima las amenazas de intervención al Grupo Clarín por parte del Gobierno y las intenta hacer parecer como una fantasía inventada por la misma empresa: “La fábula referida es la noticia efectivamente increíble que ingeniaron y articularon algunos de los medios y colegas más rabiosos del enfrentamiento al Gobierno, acerca de una inminente intervención al Grupo Clarín”.

En esta misma sección ya se desmintió semejante afirmación luego de que el 1 de junio del 2013 se publicara una columna similar en el mismo diario. Aliverti acusa ligeramente a Clarín de inventar las amenazas de intervención pero nada dice de la presencia de prominentes funcionarios del gobierno en la pasada Asamblea de Accionistas del Grupo Clarín ni de las contundentes amenazas que se le escucharon decir a estos funcionarios sobre que ahora contaban con las herramientas legales para poder intervenir la empresa. Tampoco menciona la inusual actividad de la CNV en relación al Grupo Clarín luego de la Asamblea. En 4 días el Grupo y sus empresas recibieron 13 pedidos de informes, algo inédito entre las empresas que cotizan en Bolsa. Tampoco menciona que luego de la Asamblea se desplazaron a funcionarios de carrera dentro de la CNV para promover a empleados muy cercanos al titular del organismo, como Karina Bermúdez quien estuvo presente en la Asamblea del Grupo. Aliverti tampoco dice que el mismo día en que se hicieron públicas estas maniobras los diputados oficialistas Carlos Kunkel y Diana Conti presentaron un proyecto de ley para expropiar Papel Prensa.


  El 26 de junio del 2013 el relator Víctor Hugo Morales volvió a insistir con que Clarín, a través de Impripost, imprime resúmenes de tarjetas de crédito y que dispone de una base de datos que le serviría para fines inconfesables: “¿Cómo consiguen que los jueces nunca les den una por perdida? (…) ¿Será que de los jueces, de los deportistas, de mucha gente, ellos saben todo? (…) ¿Cómo el Estado se descuidó así? ¿Por qué tiene que saber Magnetto cuánto gasto de luz, cuanto gasto de agua, y qué gastos tengo en mi tarjeta?”

Nuevamente Morales insiste con este dislate grotesco que ya hemos desmentido en esta sección. En primer lugar, hay que reiterar que Impripost no imprime resúmenes de tarjetas de crédito. Además, que se trata de una de las empresas de impresión variable más modernas, seguras y confiables de Latinoamérica y jamás ha sufrido denuncia alguna por sus actividades. Decir que Clarín utiliza a esta empresa como oficina de inteligencia para amedrentar a jueces, periodistas y otras personalidades es de una mala fe que supera lo imaginable. Pareciera que cada vez que Morales necesita defender al gobierno de las presiones y persecuciones que ejerce contra ciudadanos, políicos, periodistas o jueces, lo más fácil es ampararse en el clásico latiguillo de echarle la culpa a Clarín.


  El 26 de junio del 2013 el diario La Nación dio a conocer que durante una reunión entre Guillermo Moreno y representantes de los gremios de panaderos el Secretario de Comercio Interior culpó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, de ser el responsable de la suba del precio del pan: “Esto es una manija de Magnetto para hacer quilombo”.

Cuando se trata de cruzar todo tipo de límites en el absurdo, el secretario de Comercio demuestra ser imbatible. Es digno de un humorista culpar a Héctor Magnetto del aumento del precio del pan. Moreno y el gobierno deberían dejar de buscar conspiraciones donde no las hay, asumir su responsabilidad, y en lugar de golpes de efecto vacíos, abordar con solvencia técnica y capacidad profesional las razones económicas profundas que han conducido a la espiral inflacionaria de los últimos años en el país.


  El 19 de junio del 2013 el diario Página 12 publicó una columna de opinión de la periodista de 678 Sandra Russo. En ella, Russo insiste con una falsa frase que se le adjudicó a Héctor Magnetto y que ya se desmintió en esta sección: “el puesto de presidente es un puesto menor”.

En su desenfreno por intentar atacar a Clarín y alinearse con el discurso oficial, Russo incurre en el error de repetir frases falsas sin antes constatarlas. Como ya se dijo en esta sección, ni en público ni en privado el CEO del Grupo Clarín lanzó semejante afirmación.


  El 10 de junio del 2013 Víctor Hugo Morales entrevistó a Rubén Hernández, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, quién lanzó una serie de falsedades sobre la empresa Cablevisión en Uruguay: "Tiene los mismos vicios que en Argentina. (...) Seguramente utiliza los mismos métodos, actitudes anti sindicales, no cumplimiento de convenio, (...) maltrato bastante serio e inhumano para con sus trabajadores. (...) Han empezado a despedir a gente que estaba afiliado al sindicato.

Este tipo de acusaciones revelan que cada vez que alguien necesita un espacio dentro de los medios oficialistas, pareciera lograrlo atacando al Grupo Clarín. Los dichos de Hernández resultan inexplicables ya que la compañía no está llevando adelante ninguna negociación con el Ministerio de Trabajo del Uruguay. Quien sí lo está haciendo ante el Consejo de Salarios es ANDEBU, que es la Asociación que nuclea a los canales de aire de Uruguay, de la cual Cablevisión no forma parte porque brinda TV paga. Por otra parte, hace semanas Cablevisión suscribió un acuerdo con el Sindicato en relación a la categorización del personal técnico, que se realizó con total normalidad y sin ningún inconveniente. Cablevisión no ha despedido a ninguno de sus trabajadores y desarrolla su actividades dentro del marco legal vigente en Uruguay.


  El 8 de junio del 2013, Martín Sabbatella, titular del AFSCA, inauguró un nuevo local de su partido Nuevo Encuentro en la ciudad de Rosario. Durante su discurso de apertura y para no perder la costumbre, atacó varias veces al Grupo Clarín al enunciar una serie de falacias “el 80% de los hogares argentinos tiene cable y el 60% de esa proporción lo tiene Cablevisión”, “todas las empresas de medios presentaron su plan de adecuación, todas menos el Grupo Clarín”.

Las continuas apelaciones falsas de Sabbatella no hacen más que demostrar su verdadero objetivo, avanzar únicamente sobre el Grupo Clarín. Como titular del AFSCA (un organismo supuestamente especializado y neutral) resulta no menos llamativo que cada vez que dispone de los micrófonos los utilice para atacar a una única empresa. Los dichos de Sabbatella son falsos:, al momento de la fusión entre Cablevisión y Multicanal en el año 2009 ambas compañías poseían el 47% del mercado del cable pero año a año, con el crecimiento de otras empresas, este porcentaje se fue disminuyendo. Sólo por citar un ejemplo, en el 2009 DirecTV, de capitales norteamericanos, ostentaba 600.000 abonados, hoy tiene más de 2 millones. Situaciones análogas se produjeron con otras empresas como Telecentro que tuvo un crecimiento considerativo aumentando su market share y disminuyendo el de Cablevisión. Pero lo que resulta inaudito es que quien más ha contribuido para que la ley de medios esté siendo violada sea quien ataque al único grupo que fue a la Justicia para objetar las inconstitucionalidades de la ley. Gracias a la complicidad de Sabbatella grupos como Uno, Telefónica, Gónzalez González o Cristóbal López hoy vulneran abiertamente la ley, pero están protegidos por el AFSCA. El Grupo Clarín, por el contrario, fue el primero que cumplió con los artículos vigentes de la ley. En abril del 2013, la Cámara Federal en lo Civil y Comercial declaró la inconstitucionalidad de los puntos más polémicos de esta ley. Actualmente, la Corte Suprema es quien debe expedirse sobre este tema.


  El 6 de junio del 2013 el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, hizo un análisis sesgado sobre el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal referido a la grilla de cable impuesta por el gobierno y profirió varios ataques contra el Grupo Clarín: “la decisión de la Justicia es un freno a la soberbia del Grupo Clarín y una excelente noticia para los usuarios de todas sus licencias de televisión por cable, los cuales están siendo injustamente privados de ver contenidos informativos, infantiles, de entretenimiento y ficciones de gran calidad”.

En primer lugar, la interpretación de Sabbatella sobre el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal es errónea. Cablevisión había interpuesto un recurso de apelación contra una medida cautelar de primera instancia para que la empresa ordene la grilla de canales según una resolución del AFSCA que tiene como fin privilegiar a los canales oficialistas. Por cuestiones procesales, la Sala IV decidió no tratar este recurso. Es falso lo que dice Sabbatella respecto de que los usuarios de Cablevisión están privados de esos contenidos. Los canales oficialistas están en Cablevisión, o bien en el servicio analógico, o bien en el servicio básico digital, cuya instalación es gratis y no tiene cargo alguno mensual para el cliente. Con lo cual todos los abonados tienen acceso a los mismos, tal como indica la ley de medios. Otra cosa que Sabbatella no aclara es que de implementarse la grilla oficialista, varios canales independientes serán excluidos de la programación del cable, perjudicando a los abonados y a voces que no responden al oficialismo. Cablevisión apelará el fallo a través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.


  El 2 de junio del 2013 el diario Página/12 publicó una nota titulada “En Australia no se consigue” en la que se burlaba de informaciones periodísticas que daban cuenta de un proyecto de intervención del Gobierno en el Grupo Clarín. El periodista comparaba ese proyecto de intervención con la extinción de ornitorrincos, dando por hecho que se trata de confabulaciones mediáticas.

Esa nota fue recomendada por la Presidenta CFK a través de twitter el pasado domingo. Como suele suceder, la misma pasa olímpicamente por alto una serie de hechos contundentes protagonizados por el Gobierno con vistas a la mencionada intervención. El 26 de abril, cuatro funcionarios de primera línea del Gobierno irrumpieron por primera vez en una Asamblea Ordinaria de Accionistas del Grupo Clarín, algo que nunca había sucedido antes. Guillermo Moreno, Axel Kicillof, Daniel Reposo y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, estuvieron 5 horas en la sede del diario, desatendiendo sus funciones específicas. El objetivo de su participación, llena de exabruptos y chicanas fue, justamente, preparar el terreno para una acción posterior. Le exigieron al directorio “ganar más plata” (casi una burla teniendo en cuenta las medidas oficiales para asfixiar a la prensa no adicta), lo acusaron de administrar mal la compañía y le pidieron que renuncie en pleno. Todo acompañado de numerosas advertencias respecto de que el Gobierno contaba ahora con las herramientas legales para hacerlo. Los textuales de Moreno que figuran en el acta de la asamblea son muy claros: “Vos estás sumariado. Estás al borde…de que te saquen” (…) Dejamos sentado expresamente ante la veeduría de la CNV, que vamos a hacer uso de nuestros derechos como minoría en esta sociedad para que sean debidamente protegidos en el marco legal vigente de nuestra ley que regula el mercado de capitales” (…) La sociedad “está atentando contra el marco legal” (…) “Así no vale: para eso está una ley que protege mis intereses. No es más así”. A lo que el funcionario se refería es a la ley de Mercado de Capitales, tampoco mencionada en la nota. Esta ley, aprobada a fin del año pasado, contiene un artículo que se agregó a último momento, sin la presencia de la oposición, que le permite a la CNV intervenir una empresa, nombrar un veedor con derecho a veto y desplazar a su directorio sin una previa orden judicial. Otro dato relevante respecto del plan oficial fue la inédita actividad de la CNV en relación al Grupo Clarín, tras la Asamblea. En 4 días la CNV envío 13 pedidos de informes al Grupo y a sus empresas, algo inédito entre las empresas que cotizan en Bolsa. Aunque se trata de información que el Grupo Clarín ya había presentado ante la propia CNV y hecho pública en la página web del Grupo, la Comisión solicitó datos desde diciembre de 2011 a la fecha sobre estados contables, nómina de sociedades controladas y vinculadas, informes de obligaciones negociables, nombres de los integrantes de los directorios, etc. Jamás se había recibido esta cantidad de intimaciones juntas, y menos por cuestiones que la ley considera “no relevantes”. Paralelamente, un dato no menor es que estos pedidos de la CNV coincidieron con el desplazamiento de funcionarios de carrera dentro del organismo y su reemplazo por personas de máxima confianza de su titular, como Karina Bermúdez -que acudió con Vanoli a la Asamblea-, para lograr vencer las objeciones internas a un plan de intervención. Finalmente, otro dato significativo es que el mismo día en que se hicieron públicas estas maniobras, se presentó en el Congreso el proyecto de ley para expropiar Papel Prensa, impulsado por los diputados oficialistas Carlos Kunkel y Diana Conti. Y en sintonía con este proyecto, el 15 de mayo se difundieron dos notas enviadas por el titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, a la Comisión Nacional de Valores, pidiéndole a su presidente, Alejandro Vanoli, que “se designen veedores y se desplace a todos los integrantes de los órganos societarios de la administración” de Papel Prensa, en base al artículo 20 de la nueva ley de regulación del mercado de capitales, que permite esa intervención oficial en las empresas cotizantes. Todos datos e indicios muy concretos de un plan que, en privado, reconocían los funcionarios K sin disimulo. Y que no fue desmentido sino 7 días después por Vanoli, cuando el escándalo trascendió las fronteras locales.


  El 30 de mayo del 2013 el Grupo Uno, de los empresarios Daniel Vial y José Luis Manzano, confirmó que a partir del domingo 2 de junio comenzaría a transmitir el programa Periodismo para Todos por el Canal 7 de Mendoza. Este canal, que retransmite la programación de Canal 13, no emitía el programa de Lanata y en su lugar ponía un programa propio sobre política. El argumento utilizado por el Grupo Vila-Manzano, muy cercano al kirchnerismo, para comenzar a transmitir Periodismo para Todos es que se “lograron solucionar temas contractuales que estaban pendientes con la señal de origen y la producción del periodista."

Es completamente falso que existieran problemas “contractuales” entre Canal 7 de Mendoza y Canal 13 de Buenos Aires. Las razones por las cuales el canal de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano no transmitía hasta el momento Periodismo para Todos evidentemente respondía a una decisión política. Durante los últimos años este grupo de medios dio un giro a su línea editorial para convertirse en una de las principales espadas mediáticas del kirchnerismo. Los máximos referentes del grupo han participado de varios actos en Casa Rosada como así también de reuniones privadas con las figuras más importantes del Gobierno, como el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Los ingresos por publicidad oficial del Grupo Uno aumentaron en más de un 900% desde el 2011 a la fecha.


  El 28 de mayo del 2013 distintos comunicadores del kirchnerismo fueron invitados al programa Parte de la Razón que se emite por A24. Entre los presentes se encontraba la panelista de 678 Cynthia García, quien aprovechó cada una de sus interlocuciones para lanzar agravios contra el Grupo Clarín. En un momento, parafraseó un viejo discurso de Víctor Hugo Morales según el cual existe un informe extensísimo sobre los medios del Grupo Clarín: “¿Sabés cuántas licencias tiene Clarín? Yo te puedo traer un libro entero, y estoy parafraseando a Víctor Hugo, y cuando Víctor Hugo le dice a Magdalena "poné el dedo en cualquiera de estos y decime qué medio no es de Clarín", eso es absolutamente verdad.”

La periodista cae en el mismo vicio que Morales, repetir el discurso K contra Clarín sin siquiera chequearlo. Es completamente falso asegurar que Clarín es dueño de la inmensa mayoría de los medios del país. El Grupo Clarín posee solamente 11 licencias de radiodifusión (7 de radio y 4 de TV), menos que sus principales competidores como Telefónica o el Grupo Vila-Manzano. El falso slogan de que Clarín es un monopolio cae por su propio peso cuando se analizan los medios de Clarín y se los compara con la extensa oferta de medios que existen en la Argentina (17 diarios nacionales y 200 regionales, 5 canales de aire sólo en Capital, 7 señales de noticias, 32 canales digitales, más de 12.000 radios y decenas de empresas prestadores de servicios de cable e Internet). Otro dato importante que la panelista parecería querer obviar es a quién responden los medios que compiten con los del Grupo Clarín, cómo se solventan y si están o no cumpliendo con la misma ley de medios que ella dice defender. Sin ir más lejos el propio Ministerio de Desarrollo Social elaboró un mapa según el cual de 449 medios relevados en el interior, sólo uno no respondía al kirchnerismo. Si a este contundente dato se le suman todos los medios que en el último tiempo fueron comprados o creados por empresarios abiertamente K y los que viraron su línea editorial para ser condescendientes con el gobierno a cambio de cuantiosas sumas de publicidad oficial, tenemos que ya más del 80% de los medios audiovisuales responden al oficialismo, configurando un verdadero monopolio estatal.


  El 27 de mayo del 2013 Eduardo Jozami, integrante de la agrupación K Carta Abierta, asistió al programa 678 y luego de ver un informe dónde se mostraron distintos extractos de los ataques que Guillermo Moreno profirió contra los directivos del Grupo Clarín durante su Asamblea Ordinaria de Accionistas aseguró que la irrupción del funcionario en esa reunión tuvo como fin hacer públicos datos de la empresa, ya “qué estas cosas no se saben” y que permitió que se haya “violado este secreto cuasimafioso, y no sé por qué digo cuasi”.

Para intentar justificar los exabruptos del Gobierno, Jozami intenta revestirlos de una supuesta épica que en realidad es grotesca. Para eso, busca presentar cómo oculta o secreta información que es pública. De hecho, el Grupo Clarín es la única empresa de medios de comunicación de la Argentina que cotiza en Bolsa (tanto de Buenos Aires como de Londres), y por lo tanto la única cuya información accionaria, financiera y de gestión es totalmente pública. El Grupo Clarín reporta trimestralmente sus balances a la Bolsa y la CNV, que además pueden consultarse en el sitio web de la empresa. Fue el primer medio argentino en desarrollar un sitio institucional y un micrositio destinado a inversores. Lo que probablemente Jozami nunca pueda conocer es el sueldo de los productores, panelistas y comunicadores de medios estatales y paraestatales, que se financian con dinero público. Esta información, que por ley debería ser pública. fue solicitada en varias oportunidades por distintos interesados, que siempre obtuvieron como respuesta evasivas de los organismos competentes.


  El 25 de mayo del 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo para celebrar los 10 años del kirchnerismo en el poder. Durante su discurso atacó al diario Clarín sin nombrarlo al repetir una mentira K según el cual el Grupo Clarín habría vendido acciones a las AFJP a precios excesivos. El mismo discurso fue repetido por el vicepresidente Amado Boudou un día después durante su participación en el programa 678. La presidenta dijo: “¿será que piensan que los dineros de los trabajadores que hoy están en la ANSES vuelvan a cambiar acciones como algún diario vendió sus acciones a no sé cuántos pesos que hoy no valen nada?” Boudu repitió: “Para el diario Clarín, el tema de las AFJP, fue un engranazo. (…) Los usaban para hacer negocios. (…) Compraron sus acciones a precio vil”.

No por reiterativas, las afirmaciones de la presidenta y su vice lograrán algún viso de realidad. Ya se explicó varias veces que luego de la salida a la Bolsa del Grupo Clarín, el 18 de octubre de 2007, más del 80% de las mismas fueron vendidas a inversores internacionales. La demanda más que duplicó la oferta. Dentro del tramo local, las AFJPs adquirieron un porcentaje menor, que no llegó al 1% de sus carteras. Las acciones de Clarín registraron una suba de más del 12% pocos días después de salir a la Bolsa, tendencia positiva que se mantendría durante varias semanas. Luego, con la crisis económica global se generó una baja generalizada que afectó a todas las compañías cotizantes en Bolsa, de la que nunca terminaron de recuperarse por el contexto macroeconómico del país, que hace que los activos argentinos valgan mucho menos que los de países vecinos. Posteriormente, luego de desatada la feroz ofensiva oficial contra Clarín desde marzo de 2008, las acciones del Grupo reflejaron además este acoso administrativo y regulatorio. Al hacer este tipo de afirmaciones, el Gobierno pretende tapar el sol con las manos y esconder uno de los motivos principales que afecta el valor tangible e intangible de la empresa: esta brutal campaña de hostigamiento que ya suma más de 700 ataques, bloqueos, amenazas, regulaciones e iniciativas legislativas con nombre y apellido.


  El 25 de mayo del 2013 a raíz de los 10 años del kirchnerismo en el poder, el diario oficialista Tiempo Argentino publicó un suplemento especial con “Las 500 medidas que transformaron la Argentina”, todas medidas impulsadas por el kirchnerismo. En varias oportunidades se mencionaron acciones directas contra el Grupo Clarín. Si bien esto era de esperar, lo llamativo fue la inclusión de un proyecto supuestamente contra el Grupo Clarín cuando en realidad se trata de una empresa que nada tiene que ver con el Grupo: “Proyecto de desmonopolización del Sistema de Control de Audiencias hoy en manos de IBOPE (Grupo Clarín)”.

Decir que IBOPE es del Grupo Clarín es directamente ridículo, no sólo por que Clarín no mide audiencias sino por que IBOPE es una empresa brasilera que tiene presencia en 14 países. Lo que parecería esconder esta disparatada afirmación hecha por el diario oficialista es la intención de avalar una futura distorsión de las mediciones de audiencia tal como se hace con las de la inflación, para intentar confundir a la opinión pública.


  Durante los últimos meses los periodistas Víctor Hugo Morales y Carlos Polimeni utilizaron en sus ciclos radiales extractos de audios de entrevistas a Héctor Magnetto con el fin de ridiculizarlo.

El CEO del Grupo Clarín padeció en 2006 un cáncer en la zona de la garganta por el cual tuvo que someterse a diversos tratamientos y ser intervenido quirúrgicamente. Esto le afectó los órganos del habla y limitó su expresión oral. Con el tiempo, Magnetto logró rehabilitar en gran medida esta capacidad, aunque persisten ciertas dificultades en su dicción. La utilización de estos audios con fines de ataque personal resulta de suma bajeza, además de ser claramente estigmatizantes y discriminatorios, ya que se burlan de las limitaciones físicas de una persona.


  El 24 de mayo del 2013, en una entrevista radial con Víctor Hugo Morales, la legisladora Gabriela Cerruti (de Nuevo Encuentro, agrupación aliada al kirchnerismo que lidera Martín Sabbatella), acusó falsamente al Grupo Clarín de ser el responsable de que la Ciudad de Buenos Aires esté “toda rota” debido a obras que según la funcionaria el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo para “que pase la fibra óptica de Clarín”. Cerruti dijo textual: “Algo que según la ley de la Ciudad de Buenos Aires debería hacer el Grupo Clarín a su propio costo, se lo está haciendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Cerruti recurre a la gastada y burda estrategia K de asociar al Grupo Clarín con cualquier teoría conspirativa. Toda la red de fibra óptica de Cablevisión se encuentra sujeta a derecho y cumple con todas las ordenanzas y reglamentaciones que la regulan en la Ciudad de Buenos Aires. No hay nada que “debería hacer” Cablevisión al respecto, como pretende sugerir Cerruti. La empresa además no está realizando actualmente tendidos o instalaciones en la Ciudad. Tampoco las obras a las que aparentemente se refiere la legisladora tienen que ver con el Grupo Clarín.


  El 24 de mayo del 2013 el diario Tiempo Argentino volvió a dedicar el titular principal de su portada para intentar vincular a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, con supuestos delitos de lavado de dinero. El informe que acompaña al titular está plagado de datos falsos, con el claro objetivo de seguir alimentando una campaña de difamación.

Nuevamente, como ya se ha hecho en reiteradas oportunidades, el Grupo Clarín desmiente por completo cualquier vínculo de sus accionistas con operaciones de lavado de dinero. Una vez más, reiteramos que todos sus activos y operaciones financieras se encuentran debidamente declarados y cumplen con todas sus obligaciones tributarias, legales y administrativas. Esto ha sido reiteradamente verificado por el organismo competente, la Administración Federal de Ingresos Públicos. No resulta casual que mientras la Justicia avanza en la investigación de una red de lavado que incluye a importantes figuras del poder político, el oficialismo, a través de sus medios adictos, intente desviar la atención atacando al Grupo Clarín y a sus directivos.


  El 19 de mayo de 2013 varios medios oficialistas publicaron una solicitada repudiando una supuesta campaña de desprestigio del Grupo Clarín contra Susana Trimarco. En la misma se acusa al Grupo Clarín de “llevarse por delante” a los “máximos referentes sociales”. Estas afirmaciones, además de temerarias, revelan una clara malicia e intencionalidad política.

Desde el inicio del caso de Marita Verón, el Grupo Clarín y sus diferentes medios fueron los que más despliegue le dieron al tema. Como sucedió en otros casos cuyo origen estuvo vinculado a estructuras de poder feudal que persisten en algunas provincias (v.g. caso María Soledad Morales), Clarín y TN contribuyeron a difundir nacionalmente estos hechos, dándoles seguimiento cotidiano, tanto en su etapa inicial de denuncia como durante el trámite judicial. Desde una cobertura especial allá por el 2003, con un Telenoche Investiga con María Laura Santillán (que destapó el tema) hasta un informe especial de Ricardo Canaletti de 2011, muchísimos profesionales del Grupo han trabajado en la cobertura y difusión del caso. Es más, la primera y única nota a la televisión que dio la hija de Marita Verón fue a TN a finales del 2012, también a cargo de Canaletti. Los centenares de notas publicadas en el diario y los miles de minutos de cobertura televisiva y radial referidos al caso son claras evidencias de que la Solicitada es un verdadero disparate. De igual modo, todas las actividades de Susana Trimarco en el marco de su lucha contra la “trata de personas” han tenido espacios destacados en nuestros medios. Sólo dos ejemplos recientes: el artículo de Clarín sobre las distinciones que Trimarco recibió en Estados Unidos (07/04/2013) o el referido al pedido de jury que formuló contra los jueces que absolvieron a los imputados en el juicio (28/12/2012). Hace muy poco, asimismo, el diario reprodujo una nota de El Mundo de Madrid dónde se caracteriza a Trimarco como “madre coraje” (21/01/2013) en referencia a la obra de Bertolt Brecht. Otros ejemplos:

  • Durante 2011 en un desfile organizado por Clarín Mujer, Susana Trimarco fue invitada a subir a la pasarela. Fue presentada por María Laura Santillan quien le hizo un reconocimiento por los esfuerzos de la tucumana en la lucha contra la trata.
  • La periodista especializada de Clarín, Sibila Camps, se dedicó varios años a darle seguimiento, de manera prioritaria, a toda la información vinculada a esta causa. En 2009, la periodista recibió una Mención Honorífica en los Premios SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), en la categoría Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad, por su trabajo sobre la trata de mujeres en el diario Clarín, con eje en el caso Marita Verón.

 


  El 16 de mayo del 2013 el diario oficialista Tiempo Argentino publicó una nota de dos páginas en la que nuevamente intenta vincular, con datos falsos y manipulaciones, a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, con el lavado de dinero. El matutino tituló en su tapa “Las pruebas que vinculan a Herrera de Noble y Clarín con el lavado de dinero”.

Se trata de la enésima vez que este diario intenta asociar a los directivos y empresas del Grupo Clarín con hechos delictivos. En varias oportunidades las tapas de este mismo diario dieron por hecho que los hijos de la directora de Clarín eran hijos de desaparecidos, algo que la Justicia ya descartó. Esta nota se inscribe dentro de una operación de prensa con datos falsos, montada por el Gobierno y magnificada por sus medios adictos luego de las investigaciones por lavado de dinero que involucran a altos personajes del poder político. La supuesta investigación está plagada de disparates. Comienza hablando de una operación financiera (de la que ni siquiera insinúa ilegalidad alguna) para dar a entender que detrás de ella podrían existir otras operaciones ilegales, algo que además fue terminantemente desmentido varias veces por el Grupo Clarín. Además, la nota vuelve a reivindicar los dichos de un prófugo de la Justicia norteamericana, Hernán Arbizu, que jamás tuvo contacto con integrantes del Grupo Clarín. Y luego, en varios párrafos se corre del eje de la supuesta investigación para ensalzar los “logros” del matutino que en esta edición cumplió 3 años. Quizás, uno de los mayores logros de este diario haya sido el ser el único en el mundo que en tan poco tiempo y con tan escasa circulación amasó incalculables fortunas gracias a la publicidad oficial.


  El 15 de mayo del 2013 en una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky el diputado oficialista Carlos Kunkel sostuvo que existen “periodistas nuestros” en referencia a aquellos que responden al Gobierno. Incómodo ante las repreguntas recurrió a la estrategia K de atacar al Grupo Clarín. Kunkel repitió una mentira que ya habían lanzado otros personajes, según la cual el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto habría afirmado alguna vez que “ser presidente es un puesto menor”.

La afirmación de Kunkel sobre el CEO del Grupo Clarín es completamente falsa. En otras oportunidades distintos periodistas y políticos del oficialismo ya habían repetido este disparate pero ante la insistencia del diputado es importante reiterar que jamás, ni en público ni en privado, el CEO del Grupo lanzó una afirmación de ese tenor.


  El 13 de mayo del 2013 el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, acusó a los accionistas privados de Papel Prensa de cometer “distintas irregularidades” y dijo que no sólo “no han invertido sino que han permitido que se vaya mucho dinero en dádivas” y “que es cuantiosa la evasión”.

No es casual que estas falsas acusaciones surjan a tres semanas de que Reposo irrumpiera en la asamblea de accionistas del Grupo Clarín y a días de que se conozca el proyecto de ley para expropiar la empresa. Pareciera que todo este show de acusaciones tiene un único fin, deslegitimar a los accionistas privados para allanar el camino antes de expropiar la empresa, iniciativa del gobierno que él apoya enfáticamente. Es importante aclarar que Papel Prensa cotiza en bolsa y por lo tanto toda su gestión y sus resultados son públicos. Pero que además, siempre esta gestión y estos resultados contaron con la expresa aprobación de los representantes del Estado Nacional, hasta que el kirchnerismo decidió avanzar sobre la empresa. Decir que la empresa no ha invertido y que ha dejado que su dinero se “vaya en dádivas” es completamente disparatado teniendo en cuenta que la empresa tiene más de 30 años y es la principal productora del país, habiendo elevado su capacidad de producción de 105 mil toneladas a 170 mil, mientras que su competidora, Papel del Tucumán (obligada a producir papel para diarios por sus normas licitatorias), dejó de fabricar este tipo de papel hace ya varios años. La innovación y la calidad sólo pudieron ser posibles gracias a la constante inversión en tecnología, maquinaria y capital humano. En cuanto a la “cuantiosa evasión”, la mentira cae por su propio peso: sugerir que Papel Prensa evade impuestos sería poner al Estado como cómplice de ese delito, ya que sistemáticamente avaló todos los balances de la compañía.


  El 13 de mayo del 2013 el diario Tiempo Argentino reprodujo una entrevista a la diputada del kirchnerismo, Juliana Di Tullio, en la que aseguró que el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda fue quién contrató al prófugo de la justicia Hernán Arbizu: “Fue Aranda quien contrató a Arbizu”.

La disparatada afirmación de la diputada Di Tullio se enmarca dentro de la desesperación del kirchnerismo por intentar vincular a los accionistas del Grupo Clarín con hechos delictivos. Jamás José Aranda ni ningún otro directivo del Grupo Clarín contrató al prófugo de la Justicia, Hernán Arbizu. De hecho, jamás existió ningún contacto entre ellos. Como ya se ha dicho en varias oportunidades el Grupo Clarín reitera que todas sus transacciones financieras, las de sus accionistas y las de sus empresas, se hallan debidamente registradas y se realizan cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales.


  El 12 de mayo del 2013 el diario oficialista Tiempo Argentino publicó una nota en la que asegura que a través de la empresa PRIMA el Grupo Clarín evadió y lavó dinero. Esta nota se enmarca dentro de la operación de prensa que desde el kirchnerismo se intenta hacer para desprestigiar al Grupo Clarín y a sus accionistas.

La imaginación del kircherismo no tiene límites. Primero quiso objetar una licitación pública, que Prima ganó por presentar la mejor oferta y que implica menores costos que el plan del gobierno nacional. Y ahora, en el colmo del disparate, quiere involucrar a esa empresa en maniobras de lavado de dinero, a partir de la denuncia falsa de un prófugo de la justicia norteamericana. Como ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, ni el Grupo Clarín ni ninguna de sus empresas tiene activos u operaciones no registradas. Todas sus transacciones financieras se hallan debidamente registradas y se realizan cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales.


  El 7 de mayo de 2013, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, mencionó a accionistas del Grupo Clarín entre las personas que, según él, no podrían adquirir bonos dentro del polémico canje anunciado por el equipo económico. Su mención coincide con una reciente estrategia de difamación orquestada desde el gobierno en medios oficiales y paraoficiales, que incluyó un nuevo raid mediático de un prófugo de la justicia norteamericana, Hernán Arbizu, así como otras operaciones periodísticas falsas, que intentaron vincular al Grupo Clarín con maniobras de lavado de dinero.

No es la primera vez que el Grupo Clarín debe desmentir estas operaciones sin sustento, que se remontan al año 2008, cuando el gobierno iniciaba la fase más violenta de su escalada contra los medios. De hecho, las mismas fueron desmentidas precisamente el 23 de junio de 2008, en una nota a la Comisión Nacional de Valores. En todos estos años, la falta de asidero de estas denuncias ha quedado plenamente de manifiesto, tanto en el trámite judicial como ante los organismos de control del Ejecutivo, que pese a ser utilizados como herramienta de persecución y represalia, no pudieron jamás sostener esas temerarias acusaciones. Es curioso que estas difamaciones se refloten cada vez que el gobierno necesita desviar la atención de los graves problemas y denuncias de corrupción que enfrenta. Como hace cinco años, el Grupo Clarín reitera que todas sus transacciones financieras se hallan debidamente registradas y se realizan cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales. Esto ha sido auditado y verificado, en reiteradas ocasiones, por el organismo competente, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Del mismo modo, el Grupo Clarín ratifica que todas sus participaciones societarias se encuentran detalladas en sus balances y reitera que sus actividades se desarrollan en estricto cumplimiento de la ley y bajo las normas de la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Londres. Por último, en relación a los dichos del titular de la AFIP, el Grupo Clarín informa que los activos financieros de sus accionistas se encuentran debidamente declarados y cumplen con todas sus obligaciones tributarias, legales y administrativas, por lo que resulta ridículo y malicioso pretender vincularlos con el blanqueo anunciado por el Gobierno.


  Durante la última semana de abril del 2013 Hernán Arbizu, ex banquero prófugo de la justicia norteamericana, recorrió distintos medios oficiales y paraoficiales acusando a los accionistas del Grupo Clarín de haber lavado dinero.

Es curioso que esta acusación aparezca luego de que el programa Periodismo para Todos haya denunciado un complejo entramado para lavar dinero que involucra al poder económico y político kirchnerista. Pareciera que cada vez que el gobierno necesita desviar la atención acude a los servicios de Arbizu y este reflota estas falsas acusaciones. Las mismas ya fueron desmentidas hace casi 5 años, precisamente el 24 de junio de 2008, en una nota a la Comisión Nacional de Valores. Como entonces, el Grupo Clarín reitera que todas sus transacciones financieras, las de sus accionistas y las de sus empresas, se hallan debidamente registradas y se realizan cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales. El Grupo Clarín agrega además que esto ha sido auditado y verificado, en reiteradas ocasiones a lo largo de estos años, por el organismo competente, la Administración Federal de Ingresos Públicos.


  Con el fin de justificar su labor dentro de los medios de Cristobal López, el 16 de abril del 2013 el periodista Eduardo Feinmann acusó a los empresarios de medios de pactar con todos los gobiernos. Entre ellos nombró a los accionistas principales del Grupo Clarín y los acusó de: “Magnetto Herrera de Noble, Aranda, Pagliaro, etcétera, etcétera, del Grupo Clarín, tuvieron Papel Prensa por ser amigos de Videla, radio Mitre porque eran amigos de Alfonsín, Canal 13 y Multicanal y CTI, que era la telefonía del interior, porque eran amigos de Menem, la pesificación asimétrica que tanto le dolió a usted la logró el Grupo Clarín porque era amigo de Duhalde” “Magnetto era íntimo amigo de Néstor Kirchner. Y consiguió la fusión Cablevisión-Multicanal”

Varias de estas disparatadas acusaciones ya fueron respondidas anteriormente en esta sección. De todas formas las volvemos a explicar para que no queden dudas. Todos los medios del Grupo Clarín fueron lanzados, generados o adquiridos con inversiones propias, recursos genuinos y a riesgo empresario. Clarín, por ejemplo, fue uno de los grupos que se presentó a los concursos para la privatización de los canales 11 y 13. Su propuesta terminó ganando ambos concursos, y terminó optando por el segundo. Lo mismo sucedió cuándo empezó a competir en el mercado del cable a través de Multicanal. Su crecimiento se dio a partir de una fuerte competencia con los operadores de entonces y de la adquisición de operaciones ya existentes, realizadas con recursos propios y financiamiento internacional. En el año 2007, cuando la empresa se fusionó con Cablevisión lo hizo cumpliendo todos los parámetros que exige la ley. La fusión fue aprobada por unanimidad por los miembros Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia, y siguió antecedentes internacionales que se registran en todo el mundo desarrollado de cara a la convergencia y competencia con las empresas de telecomunicaciones. La adquisición de Papel Prensa fue una operación comercial entre privados, por un lado el Grupo Graiver y por el otro Fapel (conformada por los diarios La Nación, La Razón y Clarín). Tras una negociación que se hizo pública, el 2 de noviembre de 1976 se firmó el contrato de venta a Fapel de las acciones de Papel Prensa que estaban en cabeza del Grupo Graiver. La operación quedó registrada en contratos protocolizados por escribano público. Por último, decir que la pesificación fue algo impulsado por el Grupo Clarín es realmente desconocer por completo la realidad Argentina y de las empresas de medios. Ya en esta misma sección se explicó más de una vez por que esto es un Disparate. Aquí va de nuevo la explicación: “El Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país. Por ello, lejos estuvo de cualquier pesificación o licuación de deuda. En otras palabras: en pocos días, su deuda se multiplicó por cuatro mientras sus ingresos se mantenían en pesos y además se reducían por efecto de la recesión. Esa deuda se renegoció y se restructuró de manera enteramente privada, con sus acreedores internacionales, con los que se llegó a sendos acuerdos de refinanciación a fines del 2003. Esos acuerdos fueron cumplidos con recursos propios del Grupo Clarín.”


  El 27 de marzo de 2013, el síndico del Estado ante Papel Prensa, Daniel Reposo, denunció que existe la intención de "vaciar" la empresa por parte de los representantes de Clarín y La Nación en el directorio. Sin presentar prueba alguna, realizó la denuncia a través de la agencia oficial Télam y blanqueó el interés en lograr su intervención y el desplazamiento de su directorio. Según el cable oficial, Reposo se habría presentado ante la Comisión Nacional de Valores denunciando el pago de “indemnizaciones excesivas” a empleados desvinculados de la empresa.

Daniel Reposo, el ex candidato a la Procuración General de la Nación que falseó su currículum, continúa apelando a maniobras disparatadas para sumar puntos dentro del gobierno. Esta vez, retomó la temática que le posibilitó escalar posiciones: secundar a Moreno en su avanzada contra Papel Prensa. Ante su disparatada denuncia periodística, Papel Prensa se presentó espontáneamente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para negar rotundamente las afirmaciones de Reposo y exigir ser notificada de cualquier denuncia en su contra. Afirma que todas las imputaciones se basan en afirmaciones falsas, que no se condicen ni con la contabilidad de la empresa ni con la realidad fáctica y jurídica”. Fuentes de la empresa sostuvieron que “las desvinculaciones del ejercicio 2012 y sus liquidaciones se realizaron de acuerdo con las leyes y normativas vigentes. El gasto de indemnizaciones está registrado en los Estados Contables de la empresa, y es informado pública y periódicamente de acuerdo con la normativa de la CNV. Dicho gasto no tiene ningún impacto en la determinación del precio de venta del papel, ya que para ello se consideran los costos y gastos operativos de fabricación, comercialización, y administración de la sociedad”.


Durante las últimas semanas el AFSCA publicó una serie de avisos en los que utiliza argumentos falaces, contradictorios e incongruentes para intentar desmentir las objeciones que el Grupo Clarín le hace a los artículos 45 y 161 de la ley de medios. A continuación la respuesta a cada uno de ellos.
  Según el AFSCA “la ley de medios no obliga al periodismo a depender de nadie, ni del Estado, ni de ningún privado.”

Tal como la ley de medios está concebida sí genera medios dependientes de los recursos del Estado o de negocios extra periodísticos vinculados al Estado. Esto es así porque la ley se desentiende de la sustentabilidad de los medios y no les permite tener la dimensión suficiente para ser autónomos en lo económico y por lo tanto independientes en lo editorial. De hecho, los parámetros que establece el artículo 45 (que prohíbe tener cable y TV abierta a pesar de ser mercados completamente distintos, o que reduce a las empresas de cable a una dimensión no competitiva frente a los restantes jugadores) no existen en ningún otro lugar del mundo. Pese a lo que el gobierno diga, la mayoría de los medios audiovisuales viven de la pauta estatal. Estos montos llegan a los 400 millones brutos para una sola red de canales de TV. Respecto a los abonos de cable, el Estado pretende establecer una regulación discriminatoria y selectiva para afectar los ingresos de una empresa de cable (Cablevisión) en beneficio de sus competidores. Respecto a la pauta nacional, un reciente informe de Poder Ciudadano, ubicó al Estado como el principal anunciante del país. En la mayoría de los medios alineados supera claramente el 50% de la facturación.

  En otra publicación el AFSCA dice que la ley de medios “no regula el servicio de Internet”.

La ley de medios afecta de manera directa el servicio de Internet a pesar de no nombrarlo en su texto. Ello es así porque el principal competidor de la banda ancha de las telefónicas es el cable modem. Mientras que las telefónicas pueden llegar a todo el país (2200 localidades) con todos sus servicios en un “paquete”: telefonía, Internet, celular y DirecTV (única manera de que el “paquete” sea sustentable), al cable modem sólo le permiten llegar con su “paquete” (cable e Internet) a 24 localidades. La ley termina favoreciendo al monopolio de las telefónicas que tienen los mismos accionistas y más del 70% de las conexiones a Internet del país.

  En el aviso que habla sobre la producción de canales de cable el AFSCA no desmiente los argumentos esgrimidos por el Grupo Clarín, por el contrario, los reafirma.

Producir un canal de cable es lo mismo que editar un diario, una revista o lanzar un sitio de Internet. Al no usar un bien finito como el espectro radioeléctrico los canales de cable están amparados por garantías constitucionales de libertad de expresión y no pueden ser limitados. Prohibirle a un canal de TV abierta o a un operador de cable producir más de una señal de contenidos es ilógico, arbitrario y reduce la pluralidad de voces. En el mundo, son estas empresas las que más canales producen ya que poseen la estructura, los recursos y el know how para hacerlo. Este artículo reduce fuentes de trabajo y la diversidad de fuentes de información. Sólo se concibió como una herramienta de ataque a las señales del Grupo Clarín.

  “La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no regula el servicio telefónico”.

Como en el caso del Internet, la ley no menciona a las telefónicas pero termina teniendo un impacto directo sobre ellas al favorecerlas abiertamente, generándoles un escenario que reforzará su posición monopólica. Esta desigualdad es contra todas las empresas de cable que tienen tamaños muy menores comparados con las telefónicas y a quienes se las penaliza profundizando aún más estas diferencias, en términos de cobertura, servicios y market share.

Por último, el AFSCA publicó un aviso “genérico” en el que ataca en forma directa al Grupo Clarín. El mismo organismo que debe regular los medios y ser imparcial en la aplicación de la ley vuelve a mostrar en forma clara su animadversión y su objetivo central: avanzar sobre las licencias del Grupo Clarín.
  Trampa es no respetar las leyes votadas en Democracia.

El Grupo Clarín respeta la ley. Por eso fue el primero en cumplirla. Sólo dos artículos no corren para el Grupo ya que la Justicia los mantiene suspendidos mientras analiza su inconstitucionalidad.

Trampa es mentirle a la sociedad con campañas publicitarias.

Ninguna campaña publicitaria de Clarín mintió a la sociedad. Explican los efectos que la ley de medios tiene, algo que la sociedad ya percibe, per se, como la colonización del espacio mediático y el crecimiento de los medios adictos.

Trampa es hacerse amigo del juez y pagarle viajes por el mundo.

Esta burda operación es absolutamente falsa y ya fue desmentida oportunamente.

Trampa es haber llevado a la quiebra a cableoperadores para quedarse con sus empresas.

Otra construcción kirchnerista que la historia desmiente de cabo a rabo. De hecho, no hay cableoperador que no haya vendido de forma voluntaria, jamás ha sido denunciada una quiebra, una venta forzada o algo por el estilo. Más aún en los años 90, cuando se vendieron numerosos cables medianos y pequeños, sus titulares reconocieron públicamente que lo hicieron por los formidables valores que lograron.

Trampa es hablar de libertad de expresión sólo para proteger negocios privados.

Quienes negociaron con el gobierno al ceder su línea editorial son aquellos a los que en definitiva no se les aplica la ley. Apelaron a ficciones y máscaras para fingir el cumplimiento o a disparates jurídicos para no cumplir. Clarín no cedió su línea y buscó defenderse frente a la Justicia. Eso no es proteger negocios privados, sino defender su derecho a seguir siendo independientes y sustentables.

Trampa es dominar el mercado y asi decidir quién tiene derecho a expresarse y quién no.

Los medios de Clarín coexisten en cada uno de sus mercados con más competidores que la media mundial. La misma AFSCA reconoce la diversidad que existe aunque la misma esté en riesgo por la colonización oficial. Nadie en la Argentina ha dejado de expresarse por acción de Grupo Clarín.

Trampa es beneficiarse de resoluciones tomadas por la dictadura militar.

Toda la evolución del Grupo Clarín se dio de forma genuina, generando y adquiriendo productos, servicios y empresas con sus propios recursos o adquiriéndolos en el ámbito privado. Lejos de obtener beneficios, todo fue en base de inversión propia genuina y autosustentable. Ninguna resolución administrativa o regulatoria en ninguna etapa de la historia fue exclusiva para el Grupo Clarín salvo la ley de medios.

Trampa es burlarse de las instituciones de la República y los representantes del pueblo.

¿Acudir a la Justicia es burlarse de las instituciones de la República? Acudir a la Justicia y acatar sus decisiones es cumplir la ley.

Trampa es presionar gobiernos constitucionales para obtener privilegios.

Clarín no recurrió ni vivió de la publicidad oficial ni de canjes publicitarios por deuda fiscal. Tampoco tuvo excepciones a la ley de servicios audiovisuales.

Trampa es usar al periodismo para extorsionar con títulos y notas falsas.

A esta altura la gente ya sabe de donde proviene el relato fantasioso según el cual en la Argentina hay sólo un 10% de inflación, la inseguridad es una “sensación” y el cepo cambiario no existe.


  El 25 de marzo del 2013 el diputado bonaerense por Nuevo Encuentro Adrián Grana fue entrevistado por Víctor Hugo Morales y ambos aprovecharon la entrevista para atacar al Grupo Clarín. Tanto el conductor como el diputado presionaron para que se dé de baja el acuerdo por el cual los clientes del Banco Provincia podrían acceder a descuentos en el abono de Cablevisión. Utilizando un latiguillo gastado, Grana aseguró que el Grupo Clarín “está en rebeldía con las instituciones de la democracia”.

Cabría preguntarle a Grana ¿qué es para él estar en rebeldía con las instituciones? ¿Acudir a la Justicia cuándo uno considera que sus derechos y garantías están siendo violadas, es ir en contra de las instituciones democráticas? Por el contrario. Estar en rebeldía es no respetar lo que dice la Justicia y eso es lo que constantemente hace el Gobierno. Cuando la Secretaría de Comercio Interior intentó fijar en forma arbitraria y discriminatoria el precio del abono de Cablevisión (no así el de sus competidores), la empresa acudió a la Justicia y fue esa misma institución democrática la que dictó sentencias que ratifican la libre fijación del precio de los servicios de televisión por cable. Se trata de fallos de Cámaras Federales (segunda instancia). Uno de ellos, a favor de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), que suspende para todas sus asociadas (entre ellas Cablevisión S.A.) los efectos de la Resolución 50/2010 de Moreno y de la ley de abastecimiento por entender que se trata de una norma derogada. Estar en rebeldía es no acatar estos fallos (o los que mantienen suspendidos 2 artículos de la ley de medios) desconociendo la división de poderes que justamente existe para evitar o minimizar las arbitrariedades y abusos de poder ejercidos utilizando el aparato estatal.


  El 19 de marzo del 2013 en el programa La Mañana, Víctor Hugo Morales aprovechó un supuesto mensaje de una oyente para volver a defender una medida ilegal y arbitraria de la Secretaría de Comercio Interior que intenta fijar el abono de Cablevisión y que está frenada por la Justicia. El relator inventó cifras millonarias dando a entender que ese dinero se utiliza para comprar voluntades. “Cablevisión tiene que cobrar $130 y te cobra $205, son $500 millones por año (…). Lo que me aflige es lo que hacen con el dinero (…). Compran periodistas”.

Nuevamente la desmesura y la infamia de Morales por atacar al Grupo Clarín y defender a ultranza cualquier política del Gobierno lo lleva a aprobar maniobras ilícitas como es la resolución de la Secretaría de Comercio que intenta fijar ilegal y discriminatoriamente el precio del abono de Cablevisión. La ilegalidad fue ratificada por la Justicia. Actualmente existen medidas judiciales firmes y plenamente vigentes que ratifican la libre fijación del precio de los servicios de televisión por cable no sólo para Cablevisión sino también para todos los socios de Asociación de Televisión por Cable (ATVC) (ver Disparate del 18/02/2013). Decir que Cablevisión obtiene beneficios millonarios por cobrar en forma legítima el precio de su abono e insinuar que con ese dinero se “compran periodistas” es simplemente falso, como surge de toda la información financiera de la empresa, que es pública. Basta leer los balances de Cablevisión para ver que la empresa jamás ha tenido ganancias extraordinarias y que desde que el Grupo Clarín adquirió Cablevisión, en el 2006, no se reparten dividendos. Por el contrario, todos sus resultados se han invertido en tecnología, infraestructura e incorporación de nuevos servicios. Asimismo, es importante resaltar que Cablevisión es una empresa de distribución de contenidos por lo tanto no emplea periodistas.


  El 18 de febrero del 2013 Víctor Hugo Morales volvió a atacar al Grupo Clarín utilizando información falsa y tendenciosa. Basándose en una nota de Tiempo Argentino se refirió a Cablevisión y validó la orden arbitraria de la Secretaría de Comercio Interior que fija el abono de Cablevisión de manera ilegal y además discriminatoria, ya que sólo intenta hacer con la empresa del Grupo Clarín y no con el del resto de las cableoperadoras.

No sorprende escuchar al relator aprobar cada uno de los atropellos de la Secretaría de Comercio. Ya en otras oportunidades justificó los índices del INDEC diciendo que se tratan de “mentiras sobrellevables, disimulables” por qué al “trabajador no lo han dañado”. Pero en esta oportunidad Morales directamente justifica la ilegalidad omitiendo información y falseando datos. Existen sentencias judiciales firmes y plenamente vigentes que ratifican la libre fijación del precio de los servicios de televisión por cable. Se trata de fallos de Cámaras Federales (segunda instancia). Uno de ellos, a favor de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), suspende para todas sus asociadas (entre ellas Cablevisión S.A.) los efectos de la Resolución 50/2010 de Moreno y de la ley de abastecimiento por entender que se trata de una norma derogada. Por lo tanto la facultad de fijar el precio del abono es absolutamente legítima y está en plena vigencia, no sólo para Cablevisión sino para todos los cableoperadores de la Argentina que son socios de la ATVC. Todas las actualizaciones de precio que Cablevisión realiza siempre se mantienen dentro de las normativas legales y administrativas vigentes. Los precios se calculan en base a los costos de la tecnología y de la mano de obra intensiva que implica prestar servicios de telecomunicaciones. No actualizarlos por inflación significaría reducir la cantidad o calidad de los servicios. Más allá de la ilicitud de la medida, resulta doblemente arbitrario que en forma reiterada el Gobierno Nacional pretende objetar selectivamente la tarifa de Cablevisión en particular, por razones claramente persecutorias.


  Durante el mes de febrero de 2013 la ANSES publicó una serie de tres solicitadas atacando al diario Clarín. Según la dependencia estatal, “la cantidad de mentiras que el diario Clarín realiza diariamente es mucha”.

La primera se refiere al programa Fútbol Para Todos. El aviso da a entender que Clarín dijo que la ANSES financia las transmisiones. Esto es lisa y llanamente falso. En varias notas publicadas desde la aparición del fútbol gratuito en televisión abierta, Clarín informó que la partida presupuestaria está a cargo de Jefatura de Gabinete y no de la ANSES. La segunda habla del programa Conectar Igualdad que consta en la repartición de laptops para los niños en edad escolar. Este figura en el presupuesto de la Administración y se financia con aportes, contribuciones e impuestos que van directamente a la ANSES. No existe una partida del Tesoro de la Nación para Conectar, como afirma la solicitada. Finalmente, la tercera comunicación declara que Clarín mintió sobre el número de Asignaciones Familiares que se entregaron y la variación que estas presentaron con respecto a 2008. En primer lugar, los datos que publicó Clarín el 4 de febrero de 2013 provienen del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, de la Secretaría de Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo. El último boletín data del segundo trimestre de 2012 y en la página 37 de este informe dice que se entregaron 2.680.257 asignaciones a los trabajadores activos. La misma publicación pero del primer trimestre de 2008 muestra que se pagaron 3.994.100. Esto implica una caída de alrededor de 1.300.000 asignaciones. Lo que Clarín hizo fue reproducir los números de Seguridad Social ya que la ANSES no brinda esta información. En consecuencia, o la Secretaria de Seguridad Social miente o la ANSES sólo busca difamar a Clarín en un nuevo ataque contra la prensa independiente. • Ver solicitada 1 • Ver solicitada 2 • Ver solicitada 3


  El 18 de febrero del 2013, dentro del marco de la causa AMIA, el canciller Héctor Timerman fue entrevistado por el periodista Ernesto Tenenbaum en su programa de la Rock & Pop. Ante una serie de preguntas por parte del conductor, Timerman decidió responder con ataques hacia el periodista y hacia el CEO del Grupo Clarín: “Usted estuvo con Magnetto. Magnetto secuestró a la familia Graiver Estuvo en un interrogatorio y forzó a la familia Graiver para sacarles Papel Prensa”.

Las acusaciones de Timerman sobrepasan el disparate para entrar en el terreno penal. Decir que el CEO del Grupo Clarín secuestró, que estuvo en un interrogatorio, o que forzó a la familia Graiver para obtener Papel Prensa son calumnias aberrantes y grotescas. Las negociaciones por la compra de Papel Prensa fueron públicas y en casi 30 años de democracia ningún miembro de la familia Graiver acusó a Héctor Magnetto de haber tenido algo que ver con su detención ilegal y mucho menos de haberlos obligado a vender Papel Prensa. Fue recién en el año 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner y en el medio del enfrentamiento del gobierno contra la prensa, que los hermanos Lidia y Osvaldo Papaleo, intentaron rescribir la historia y borrar dos juicios llevados adelante en democracia, para lo cual obviamente no pudieron aportar ninguna prueba, además de haber sido desmentidos por la hija y el hermano de David Graiver. Solamente con repasar la cronología de los hechos se entiende el absurdo de la acusación:

  • En agosto de 1976 David Graiver muere en un accidente aeronáutico en México y al poco tiempo caen dos bancos de su propiedad, uno con sede en Bélgica y otro en Estados Unidos.
  • A partir de la quiebra de los bancos, los acreedores reclaman por las deudas al grupo Graiver, que se encontraba en cesación de pagos, iniciando la familia tratativas para vender activos empresarios, entre ellos la tenencia accionaria en Papel Prensa.
  • Tras una negociación que se hizo pública, el 2 de noviembre de 1976 se firma el contrato de venta a Fapel (conformada por los diarios La Nación, La Razón y Clarín) de las acciones de Papel Prensa que estaban en cabeza del Grupo Graiver. La operación queda registrada en contratos protocolizados por escribano público.
  • El 10 de noviembre de 1976 se comunica la compra, que tuvo amplia cobertura periodística además de ser informada ante la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
  • Varios meses después, miembros de la familia Graiver fueran acusados por el gobierno militar de participar del financiamiento de Montoneros y el 15 de marzo de 1977 resultaron privados ilegítimamente de su libertad.
  • 8,3 millones de dólares fue el monto pagado por un proyecto paralizado, cuya planta recién comenzaba a construirse y que tenía pasivos por 22,8 millones de dólares.
  • Tras una inversión genuina de 140 millones de dólares realizada por Clarín, La Nación y La Razón, la planta fue inaugurada el 27 de setiembre de 1978.

 


  El 13 de febrero de 2013, el gobernador de Córdoba decide dejar sin efecto la decisión de levantar las antenas de la TDA en su provincia. Ese mismo día, el titular del AFSCA Martín Sabbatella responde a esta decisión atacando al gobernador De La Sota, e inventando una falsa alianza entre mandatario provincial y la empresa de cable Cablevisión: "Quedó en evidencia que las medidas de De la Sota no tenían ningún fundamento y sólo respondían a una estrategia de confrontar con el Gobierno nacional y fortalecer su alianza con la empresa proveedora de servicio de televisión paga en esa provincia".

Lo que debería ser sorpresa ya no lo es, al igual que el resto de los funcionarios del Gobierno, el titular del AFSCA aprovecha cualquier oportunidad para atacar y deslegitimar al Grupo Clarín en especial y a cualquier medio independiente, en general. Sorprende que Sabbatella desconozca que en Córdoba existen muchas empresas de TV paga y que Cablevisión compite con más de un prestador en todas las localidades en las que opera. Por otro lado, Direct TV brinda su servicio en toda la provincia mientras que Cablevisión no cubre la totalidad del territorio cordobés. Resulta llamativo que Sabbatella, a cargo del organismo de control de medios desde hace meses, desconozca cuáles son las empresas que operan en la provincia y quiénes son sus titulares.


  El 10 de febrero del 2013, el Vicepresidente Amado Boudou participó del programa de televisión ultra K 678 y, como siempre lo hace, culpó sin fundamentos a Clarín por la mayor parte de los problemas que enfrenta la gestión del Gobierno. Refiriéndose específicamente a las calificadoras de riesgo y a los bajos puntajes que éstas otorgan al país, acusó al CEO del Grupo, Héctor Magnetto, de haber estafado a los jubilados por 500 millones de pesos.

La acusación infundada y también inespecífica, realizada por Boudou, ya ha sido utilizada por funcionarios y periodistas K, para difamar a Clarín y a sus directivos. Cuando hacen esta referencia, que en otras oportunidades han adornado con mayores detalles que extraen del relato oficial; describen la compra de acciones del Grupo por parte de las AFJP, que luego serían estatizadas por esta gestión. Aunque las acciones de Clarín registraron una suba de más del 12% pocos días después de esa operación, tendencia positiva que se mantendría durante semanas, el Gobierno falsea los datos e intenta confundir la baja generalizada que sufrieron todas las acciones de empresas argentinas a raíz de la crisis global con un componente específico y luego desconoce la brutal e inédita campaña del Gobierno contra el Grupo, que incluyó innumerables acciones estatales para perjudicar su valor tangible e intangible. Los funcionarios además omitieron, no casualmente que todas las empresas que operan y cotizan en el país han sufrido un enorme deterioro en su valor de mercado en los últimos años. A este delicado escenario marcado por la disminución de los indicadores de confianza en el país, Clarín debió sumarle el ensañamiento oficial y el accionar del aparato estatal y para estatal, montado para difamar al Grupo y a sus empresas.


  El 21 de enero de 2013 el Concejo Deliberante de Necochea decidió, por amplia mayoría, la suspensión preventiva del intendente kirchnerista Horacio Tellechea. Ese mismo día, durante su participación en el programa 678, en la Televisión Pública, Tellechea dijo estar sufriendo un “embate” contra su gestión. Entre otros presuntos responsables acusó a Clarín de actuar en su contra para lograr su destitución. Habló de una “novela inventada por los sicarios de la tinta, como Clarín”, y dijo que "lo que sufre la presidenta a nivel nacional, lo he sufrido desde el primer día de mi asunción".

El funcionario Horacio Tellechea es investigado por presuntas irregularidades en la compra de aparatología médica para el Hospital Municipal. De acuerdo al informe elaborado por la comisión investigadora y luego analizado por el Concejo Deliberante de Necochea, se comprobaron al menos trece presuntos ilícitos cometidos por el funcionario municipal, entre los que se cuentan graves irregularidades en una compra millonaria de aparatología para un hospital y la adjudicación indebida de otras obras. Tellechea, cercano al vicepresidente Amado Boudou y al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, comparte sin duda, con la presidenta y otros funcionarios públicos, la costumbre de culpar a Clarín por todo aquello que les incomoda, y que se publica en las páginas del diario.


  El 12 de enero de 2013 la Secretaría General de la Presidencia de la Nación publicó un comunicado en la página oficial de Facebook de la Casa Rosada. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo difundió vía Twitter. El Gobierno intentó desmentir a Clarín, en relación a la nota que daba cuenta de las características del hotel en el que se alojaba la mandataria en Abu Dhabi, y los gastos en que incurriría en su estadía. El comunicado, firmado por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, sostuvo que los gastos corrían por cuenta de los Emiratos Árabes. Y agregó que "los escribas de Héctor Magnetto utilizan las páginas del diario Clarín para construir una realidad que sólo beneficia a sus oscuros intereses". Habla de "manipulación, tergiversación y distorsión de la información".

El duro comunicado refuta erróneamente la nota de Clarín, que nunca había afirmado quién pagaba los gastos, y que había aclarado expresamente que nadie en el Gobierno había contestado sobre ese tema. En la nota, publicada por Clarín el sábado 12 de enero de 2013 con el título “Cristina llegó a Abu Dhabi y se aloja en el hotel más caro del mundo”, se da cuenta de que la Presidenta se alojará durante su estadía en Emiratos Árabes en una de las suites de último piso del hotel Emirates Palace, una de las más caras, donde la habitación puede costar hasta 17.000 dólares por noche. Seguidamente, se informa que se realizaron consultas a Presidencia y al hotel para conocer quién pagaba los gastos, y ninguno respondió a la enviada especial de Clarín. Sin embargo, el comunicado de la Presidencia y los tres tuits lanzados por la mandataria dedicados al tema, pasan por alto ese párrafo, y prefieren atacar a Clarín y hablar de “mentira y mala fe”.


  El 9 de enero de 2013 en una entrevista realizada por Víctor Hugo Morales, en Radio Continental, en el programa “La Mañana”, Carlos Daniel Aletto acusó a Clarín de retirarle el Premio del Concurso Clarín de Cuentos por su militancia a favor del Gobierno Nacional.

Es llamativa esta declaración del escritor 4 años después de que él mismo reconociera que fue descalificado por no cumplir con las bases del concurso, y no por otros motivos. Además, no es casualidad que esta versión disparatada en contra de Clarín, tenga lugar en el programa de Víctor Hugo Morales, cuyo programa está dedicado en gran medida a atacar con mentiras a Clarín. El 29 de septiembre de 2008, Carlos Daniel Aletto recibió el Primer Premio del Concurso Clarín de Cuentos con la obra “Atalaya”. Sin embargo, el ganador fue descalificado en su momento, luego de que Clarín comprobara que la obra no era inédita, como exigían las bases del concurso. El cuento había sido ya publicado en el año 2000 en la ciudad de Mar del Plata. El autor envió en su momento una carta en la que ofreció sus “disculpas a todo el jurado, a las autoridades de Clarín, a sus lectores…” reconoció no haber cumplido con las bases del concurso y manifestó su desconocimiento con respecto a la publicación anterior de la obra. Ver carta.


  El 19 de diciembre de 2012, el ministro de Justicia Julio Alak anunció por conferencia de prensa que el Gobierno recurrirá al per saltum en la causa en la que se debate la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios. Entre los argumentos esgrimidos por el ministro para hacer uso de este recurso extraordinario, manifestó que el Grupo Clarín “no es titular de ninguna licencia ni señal de radiodifusión” y que “tampoco es accionista ni socio de compañías que sean titulares de licencias” por lo tanto, según el ministro, no tiene legitimación para actuar en la causa.

La afirmación llega al límite del absurdo. Si este fuera el caso, cabría preguntarle al Ministro cómo puede el Gobierno acusar al Grupo Clarín de no cumplir con la ley de medios. O para ser más precisos, de objetarla judicialmente. También debería explicar por qué el Estado le cobra al Grupo tasas para explotar licencias de radiodifusión o por qué Martín Sabbatella se presentó en la sede de la compañía para notificar de forma ilegal el inicio de un proceso que viola claras decisiones judiciales. Si el Grupo Clarín no es titular de licencias de radiodifusión entonces no se ve alcanzado por la ley de medios. No lo incumbe. Pero es titular y por eso pretende defender sus derechos y los de sus audiencias. Las palabras del Ministro Alak son ridículas y desdicen la estrategia discursiva del Gobierno. Salvo que, como ya sucede con otros grupos mediáticos, desconociera la titularidad de los medios que él mismo regula.


  El 17 de diciembre del 2012, ante un despliegue mediático descomunal, Martín Sabbatella, presidente de la AFSCA, se presentó en las oficinas del Grupo Clarín para notificar el inicio de la “transferencia de oficio” de canales de TV, señales audiovisuales y parte de Cablevisión. De esta manera Sabbatella intentó aplicar para el Grupo Clarín el artículo 161 de la ley de medios.

La presentación del titular de la AFSCA no sólo fue improcedente sino que también fue ilegal. A través de Sabbatella, el Gobierno incumplió tres resoluciones judiciales. En primer lugar, la presentación desconoce la suspensión del artículo 161 dictada por la Cámara Civil y Comercial el 6 de diciembre, que expresamente dice que la medida cautelar se extiende hasta que haya sentencia definitiva. Sabbatella no esperó una sentencia definitiva incumpliendo abiertamente con la orden de la Cámara. También, desconoció la apelación interpuesta por el Grupo Clarín contra la resolución del juez Alfonso (que suspende su decisión) y el plazo de un año que establece la ley de medios y que fue ratificado por la Justicia. Como si esto fuera poco, el accionar de Sabbatella incumple con otro fallo de la Justicia, dictado tan sólo 3 días antes. Según este fallo la AFSCA está obligada a mantener la integridad y la intangibilidad de la red de Fibertel ya que podría ser afectada por la aplicación del artículo 45 de la ley de medios. Sin embargo, la notificación presentada por Sabbatella establece que la compañía debe dejar de brindar servicio en más de 100 ciudades. Cabe destacar que la notificación presentada por Sabbatella podría incurrir en un posible caso de desobediencia judicial, previsto en el art. 239 del Código Penal, y que fue advertido expresamente además por el fallo de la Cámara Federal. Por último, se hace importante destacar que el Grupo Clarín cumple con todos los artículos vigentes de la ley de medios y que siempre ha cumplido con todas las disposiciones de la Justicia y de la ley. La desobediencia de Sabbatella se terminó de confirmar al día siguiente de su visita cuándo el juez concedió la apelación con efecto suspensivo como marca el Código Procesal.


 

Cuando el relato se reescribe en la web

En tiempos de nuevas tecnologías, en los que todo queda registrado; los esfuerzos por cambiar lo dicho parecen ser en vano. Sin embargo, también en Internet, el Gobierno cree que puede cambiar su relato según las conveniencias de cada momento. Algunas veces lo hace para no exponer sus incoherencias, otras para esconder la aplicación selectiva de la ley o para ocultar el control que ejerce sobre los medios. Lo cierto es que las publicaciones K en Internet aparecen, desaparecen y se cambian todo el tiempo.

El 22 de noviembre del 2012, el AFSCA cambió en su sitio web un informe oficial sobre lo que ocurrirá el 7 de diciembre.

Hasta el miércoles 21, ante la pregunta de “¿Qué pasa si el Grupo Clarín no presenta un plan de adecuación antes del 7 de diciembre?”, el organismo respondía que “La AFSCA lo podrá intimar por incumplimiento de la ley para que presente el plan en un máximo de 30 días”. Pero el jueves quitó la frase sobre la intimación a presentar “en un máximo de 30 días” su plan de adecuación. El objetivo de Sabbatella es que esta semana el directorio de AFSCA dicte una nueva resolución con el fin de avanzar de facto sobre las licencias.

El 21 de noviembre de 2012, Gustavo López y Telefé borraron de sus webs datos que ponían en aprietos a Telefónica, ante la insólita posición que adoptó Martín Sabbatella, que sigue intentando encubrir la tenencia de nueve canales de televisión abierta por parte de Telefónica de España, situación prohibida por la ley de medios.

Después de su publicación en Clarín, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, levantó de su sitio Web Cultura y Medios un editorial donde aseguraba que “el juego armónico de las normas” “haría imposible la habilitación de Telefónica como licenciataria de medios” en el país. Según su visión, Telefónica no puede seguir teniendo sus nueve canales de TV en Argentina, incluyendo Telefé, porque es una “empresa de servicio público en el país” y por ser de capital español. Pocas horas antes del levantamiento de la nota de López, Telefé hizo una operación similar en su página institucional en Internet. En la solapa Nuestra Historia , Telefé cuenta su recorrido, desde la privatización del Canal 11 de Buenos Aires en 1989, hasta la etapa actual, en donde además del canal porteño la empresa española controla otros ocho canales de TV del interior del país. Pero ante el escándalo que se generó respecto de su incompatibilidad con la ley de medios, Telefé decidió quitar la frase “perteneciente al Grupo Telefónica desde el 2000”. Tiempo atrás, algo similar hizo el coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Fernando Pérez, que quitó de Internet los datos que lo vinculan a Tiempo Beta, consultora cuyo principal cliente es Telefónica. También el año pasado, desapareció súbitamente el mapa de medios elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, que relevaba a 449 medios gráficos, radios, canales de televisión y sitios Web que trabajan con esa dependencia, clasificándolos en “kirchneristas”, “coincidentes en líneas generales” con el Gobierno, “neutros” y “opositores”.


  El 20 de noviembre de 2012 en declaraciones a Radio Del Plata, Juan Manuel Abal Medina, Jefe de Gabinete de la Nación, se refirió a la protesta sindical que paralizó el país el martes 20. Apelando a la ya clásica costumbre del Gobierno de culpar a Clarín cada vez que se encuentra frente a alguna iniciativa que complica el relato K, Abal Medina vinculó a Héctor Magnetto –CEO del Grupo Clarín- con la organización de la protesta. “Este 20N parece un 20M: Moyano, Magnetto y Micheli”; afirmó el funcionario.

Resulta llamativo en un estado de derecho la liviandad con la que los funcionarios y voceros K agreden diariamente al Grupo Clarín, a sus directivos y trabajadores; sin ningún tipo de pruebas ni indicio alguno. El Grupo Clarín es un grupo de medios, ajeno a cualquier intento de representación gremial o sectorial, y lejos de su naturaleza está la función de organizar reclamos populares y/o protestas públicas. En ocasión de la realización de la manifestación sindical realizada el martes pasado, el propio Grupo Clarín sufrió el bloqueo de sus plantas impresoras que dificultaron la normal circulación de los ejemplares del diario. Tanto Clarín como la persona de su CEO se han convertido en un chivo expiatorio para este Gobierno, que parece creer que puede atribuir la suma de todos los males a nuestra empresa. Lo cierto es que este latiguillo, columna vertebral del relato K, ha perdido credibilidad día a día, hasta convertirse en un lugar común más cercano al ridículo que a la realidad.


  El 8 de noviembre del 2012 en el programa Ciudad Gótik, Jorge Rial, hablando de las movilizaciones a Plaza de Mayo, repitió una vieja falsedad: "Clarín fue beneficiado por Duhalde para licuar su deuda, le digo a la gente que no crea en Clarín. Se creen un estado independiente."

La afirmación hecha por Rial carece de todo sustento. Ya en su momento el Grupo Clarín explicó en esta misma página lo siguiente: “El Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país. Por ello, lejos estuvo de cualquier pesificación o licuación de deuda. En otras palabras: en pocos días, su deuda se multiplicó por cuatro mientras sus ingresos se mantenían en pesos y además se reducían por efecto de la recesión. Esa deuda se renegoció y se restructuró de manera enteramente privada, con sus acreedores internacionales, con los que se llegó a sendos acuerdos de refinanciación a fines del 2003. Esos acuerdos fueron cumplidos con recursos propios del Grupo Clarín.”


  El 6 de noviembre del 2012 el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, emitió un comunicado en el que acusa al Grupo Clarín de ser “un violador serial de resoluciones judiciales” y puso como ejemplo las resoluciones de la Secretaría de Comercio que le congelan en forma discriminatoria el precio de la tarifa a Cablevisión.

El exabrupto de Sabbatella se enmarca dentro de una serie de amenazas del titular del AFSCA contra el Grupo Clarín. En varias oportunidades amenazó con actuar de oficio sobre las licencias del Grupo. Sabbatella sabe que el artículo 161 de la ley de medios está totalmente suspendido para el Grupo Clarín, y que por lo tanto el AFSCA no puede realizar intimaciones ni exigir presentaciones sobre dicho artículo. El fallo de la Corte Suprema sostuvo expresamente que si para el 7 de diciembre el juicio de fondo sobre la inconstitucionalidad de ese artículo no estuviera resuelto, la medida cautelar podría ampliarse. Distinta es la situación de los otros grupos de medios, que sí están incumpliendo la ley y los fallos judiciales, ya que no fueron a la Justicia y que por lo tanto están fuera de la ley desde el 28/12/11, como dijo la Corte. Por otro lado, la mención a Cablevisión es totalmente falsa. La empresa no incumple ninguna resolución. Por el contrario, existe un fallo de segunda instancia de la Justicia (Cámara Federal) que suspende la aplicación de la medida tomada por el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por considerarla ilegal y discriminatoria. En efecto, el intento de fijar selectivamente el precio de un servicio cuya contratación es libre, y además sólo para una empresa y no para sus competidores, es manifiestamente inconstitucional.


  El lunes 29 de octubre de 2012 por la mañana las plantas impresoras de los diarios Clarín y La Nación aparecieron bloqueadas por piquetes que impidieron la normal distribución de los ejemplares. La medida fue organizada por el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires (Sivendia), que exige un incremento del porcentaje que recibe del precio de tapa.

En primer lugar es necesario realizar un llamado de atención sobre estas medidas ilegales. Ningún reclamo justifica el bloqueo a la circulación, que configura un ilícito penal (arts. 161 y 194 del Código Penal). Por otro lado, tal como lo anunció el último comunicado de AEDBA, es importante advertir que el porcentaje que recibe la cadena de distribución respecto del precio de tapa es uno de los más altos en términos internacionales. Clarín, junto al resto de los editores de diarios del país, ha hecho un esfuerzo importante para adecuar precios y ofertas al público mejorando la ecuación económica de quiénes integran la cadena de distribución.


  Medios oficialistas anunciaron hoy, viernes 26 de octubre de 2012, que el Gobierno decidió recusar a un camarista del fuero civil y comercial federal, donde se tramita la causa de la ley de medios. Se trata del tercer magistrado recusado en los últimos días. Esos medios pretendieron relacionar al Grupo Clarín con un viaje del magistrado.

La versión es falsa, maliciosa y configura una burda operación difamatoria. Otra más dentro de la ofensiva oficial del último mes sobre la Justicia, para entorpecer el trámite judicial y buscar la intervención de jueces afines al Gobierno.


  Durante las últimas semanas de octubre de 2012, Víctor Hugo Morales intentó sembrar en la opinión pública la idea de que Clarín actuó como un “desestabilizador” del Gobierno de Raúl Alfonsín. El periodista también acusó a los radicales de traicionar a Alfonsín al criticar la actual ley de medios. “Le hicieron la cama (...) hasta que voltearon al primer gobierno democrático”.

Cabe destacar que esta afirmación es groseramente falsa. La relación entre el gobierno de Alfonsín y la prensa tuvo los matices y tensiones que tiene cualquier relación entre prensa y gobierno en un sistema democrático. En particular, el vínculo entre el diario Clarín y el Dr. Alfonsín siempre fue de respeto mutuo. El propio José Ignacio López, vocero del ex presidente, afirmó en el libro “El hombre de Clarín” (biografía de Héctor Magnetto), que él fue testigo del respeto que se profesaban Alfonsín y Magnetto. Tras finalizar su mandato, las páginas de Clarín fueron utilizadas reiteradas veces por Alfonsín para expresarse. Lo hizo a través de reportajes exclusivos (Clarín, 30 de mayo de 1993, “Angeloz no tiene menos méritos que De la Rúa para ser candidato”) y notas de opinión (Clarín, 2 de marzo de 1993, “La segunda transición”; Clarín, 7 de noviembre de 2006, “Comicios ordenados, pacíficos y legales”; Clarín, 3 de octubre de 2007, “Peligrosos gesto sobre Malvinas”). Desde principio de los noventa hasta su fallecimiento, los medios del Grupo Clarín sirvieron como uno de los espacios predilectos por el ex presidente para dar a conocer sus ideas. (Clarín, 23 de marzo de 2005, “Iglesia y Estado, un estéril conflicto entre argentino”). Ejemplos de otras notas de opinión y reportajes exclusivos publicados en el diario Clarín: 14/02/1993 “Ni locos vamos a facilitar la reelección de Menem” 07/05/1993 “Enfrentamos a las modas” 26/09/2006 “Frente al fundamentalismo, un humanismo ecuménico” 07/01/2007 “Debemos desactivar los pozos ciegos de la democracia” 29/03/2007 “La Unión Europea recupera iniciativa” 05/04/2007 “Políticas de Estado para Malvinas” 02/05/2007 “El día de los trabajadores y de la Constitución Nacional”


  El martes 23 de octubre del 2012 el senador kirchnerista Carlos Kunkel fue entrevistado por Jorge Rial en radio La Red y al ser consultado por el tema ley de medios, comenzó a atacar directamente al Grupo Clarín y a sus directivos hasta llegar al desquicio de haber acusado al Director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, Jorge Rendo, de haber repartido en forma personal sobres con dinero a diputados y senadores de la oposición durante el debate de la ley de medios en el año 2009.

La afirmación no sólo es disparatada sino que es calumniosa e injuriosa. No es extraño escuchar a Kunkel atacar sin ningún reparo a los directivos, periodistas y medios que forman el Grupo Clarín, pero está vez la acusación ha pasado todo tipo de límites. El Grupo Clarín y sus directivos iniciarán las acciones legales pertinentes a raíz de las manifestaciones calumniosas e injuriosas de las que una vez más han sido blanco.


  Ante la difusión de falsas, irresponsables y dolosas declaraciones referidas al Grupo Clarín y sus directivos por parte de agrupaciones y militantes vinculados al oficialismo el 5 de octubre de 2012, sólo deseamos puntualizar que:
  • Ninguna provocación, intimidación o persecución nos distraerá de nuestro rol informativo, que es nuestra razón de ser como medios periodísticos. Vamos a seguir mostrando lo que pasa, aunque cada vez queden menos voces dispuestas a hacerlo.
  • Resulta inadmisible que el mismo Gobierno que reconoció la legitimidad del reclamo del día la fecha y su carácter gremial, luego busque eludir responsabilidades apelando a disparatadas e infames teorías conspirativas que buscan perturbar la paz social e incitar a la violencia contra la prensa y otros diversos actores de la sociedad.
  • Una vez más, en una lógica ya agotada, se pretende responsabilizar al periodismo independiente por cada uno de los hechos de la realidad que no se adecúan al relato oficial.
  • La mejor prueba de la identificación de un medio de comunicación con los valores de la democracia es su compromiso con la verdad y con su deber de informar a la ciudadanía. Esa es nuestra fortaleza y el sustento de nuestra credibilidad.
  • El Grupo Clarín iniciará las acciones legales pertinentes a raíz de las manifestaciones calumniosas e injuriosas de las que una vez más ha sido blanco.

Refutaciones del Grupo Clarín al spot del Gobierno

El anuncio fue emitido en Fútbol para Todos | Spot 7-D – 22/09/12 – 13.54 hs. Entre tiempo Futbol para todos.

  Queremos que marques un día en el calendario: el 7 de diciembre. O como vamos a llamarlo desde ahora: 7D. La “D” es de diciembre, pero también podría ser de Diversidad y Democracia.

¿Qué busca el Gobierno generando paranoia con el 7D? Sabe perfectamente que ese día no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Sólo vence una medida cautelar. Pero puede estar resuelto el juicio de fondo sobre la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de medios. O bien la cautelar debe ser prorrogada si el juicio de fondo no está terminado, como dijo la Corte Suprema de Justicia. O, por último, puede empezar a correr el año de plazo que establece el artículo suspendido hasta esa fecha, el 161. No es una interpretación: es lo que dicen la Ley, la Justicia y todos los constitucionalistas. Por eso, de confirmarse que el Gobierno quiere violar abiertamente lo que dicen los otros poderes del Estado, ese día podría ser el del Desprecio a la ley, el del Despojo, el de la Destrucción de una de las pocas voces independientes que quedan en los medios audiovisuales.

  Ese día, después de 3 años de su aprobación en el Congreso entra, por fin, en vigencia uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales: el 161. Que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión.

El Gobierno se cansó de decir que ese artículo no era relevante, de hecho figura como una cláusula transitoria en la ley. Se cansó de decir que la ley no era contra nadie en particular sino para generar nuevas voces, diversidad de opiniones, para darle más participación a los medios comunitarios... Hasta ahora no pasó nada de eso sino todo lo contrario: hay menos diversidad, el Gobierno colonizó más del 80% de los medios audiovisuales de la Argentina, los medios comunitarios fueron excluidos, los concursos de canales de TV fueron cancelados, la TV digital se entregó "a dedo" sólo a los amigos. Con este spot el Gobierno confirma que la ley no era para generar más voces ni diversidad, sino para callar a los medios que no podía controlar. Un propio aliado del gobierno, como Daniel Vila, acaba de reconocer que "la ley fue contra Clarín". Hoy casi los únicos medios audiovisuales que quedan sin colonizar, como lo demostró la cobertura televisiva de la manifestación del 13-9, son los del Grupo Clarín.

  Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009 el poder legislativo aprobó una nueva ley de medios que reemplaza a la antigua creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? ¿3 años? Sí, 3 años. Esta ley que favorece la pluralidad de voces, evitando los monopolios establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios y dispone, justamente, en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación. Pero, “nobleza obliga”, tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron, desde su origen al AFSCA como autoridad de control de sector y de aplicación de la ley, salvo el Grupo Clarín.

El AFSCA nunca se constituyó como marca la ley porque el Gobierno, desde fines de 2011, no permite que la integren las restantes fuerzas polìticas. El Grupo Clarín, como debe hacer cualquier ciudadano cuando ve afectados sus derechos, acudió a la Justicia denunciando la inconstitucionalidad de ciertos artículos y pidiendo su suspensión. En todas sus instancias, la Justicia -incluyendo la Corte Suprema- le dio la razón para suspenderlos por la verosimilitud del derecho invocado y el peligro inminente. El Grupo Clarín cumple la ley en todos los aspectos no suspendidos, lo que no sucede con la mayoría de los grupos paraoficiales o aliados del kirchnerismo. Por el contrario, esos grupos -varios de los cuales tienen más licencias de radio y televisión que el Grupo Clarín- deberían haberse adecuado a la norma como máximo el 28 de diciembre del año pasado, según lo establecido por la ley y la Corte Suprema. Ninguno lo ha hecho, ni hay ninguna constancia del AFSCA al respecto.

  Prestá mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar como máximo en el país, 24 licencias de TV por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de TV abierta. Y el Grupo Clarín, cuántas tiene? Más de 240 sistemas de TV por cable. Si, escuchaste bien: más de 240 sistemas de TV por cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Pero sigamos. A medida que transcurrían los meses varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites necesarios para cumplir con la ley. Y quién queda sin aceptar la ley? Adivina? Sólo quedó el Grupo Clarín. ¿y entonces?

Con ninguno de sus medios el Grupo Clarín está en situación ilegal, lo que sí sucede con otros grupos de medios que ni siquiera han acudido a la Justicia. El Grupo Clarín tiene menos licencias de radio (7) y televisión (4) que otros grupos nacionales y extanjeros que deberían haber desinvertido el 28-12-11, pero como son aliados del gobierno, no lo hicieron. Cablevisión opera a través de 158 licencias locales, muchas menos que las 2.200 que cubren DirecTV, Telefónica o Telecom, en un caso de abierta discriminación.

  El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre, el 7D como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, 3 años después, sí 3 años después de aprobada la ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo: No reconoce al AFSCA como autoridad de control y aplicación de la ley. Se niega a presentar un plan de adecuación. Se niega a cumplir con la ley.

Clarín cumple la ley en todo aquello que no está suspendido por la Justicia. En rubros como producción nacional, programación infantil, publicidad, etc. los medios del Grupo son los que más se ajustan a la ley. Clarín tiene suspendido el artículo 161, por lo tanto ninguno de sus reglamentaciones puede aplicársele hasta que esa medida cautelar cese. Clarín NO DEBE PRESENTAR ningún plan de adecuación pues el artículo que lo contempla está completamente suspendido, como mínimo, hasta el 7/12. Clarín ha denunciado que mientras el AFSCA no esté integrado como lo marca la ley carece de la imparcialidad y la neutralidad necesarias para ejercer el poder de control sobre los medios. Su actuación en 2011, cuando le impuso más del 90% del total de multas del organismo, es una clara demostración de este trato discriminatorio y persecutorio.

  De esta forma, el Grupo Clarín ignora a los tres poderes de la democracia. • Al ejecutivo, por no reconocer al AFSCA • Al legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la la Nación hace 3 años. • Y al judicial, al desconocer los términos del fallo de la Corte Suprema.

Quien está ignorando flagrantemente, una vez más, la división de poderes, es el Gobierno Nacional. Se burla del Congreso, que sancionó una ley que debería estar operativa hace 3 años. Pero no implementó los concursos ni generó nuevas voces, no se ocupó de los medios comunitarios, usó la TV digital al margen de la ley para premiar a los amigos, y ni siquiera aplicó el artículo 161 a los medios a los que debería habérselos aplicado. Se burla de la Justicia, al desconocer abiertamente el fallo de la Corte Suprema, según lo han ratificado todos los constitucionalistas del país.

  Pero, puede un Grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no. Por eso, si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares quienes deberán cumplir con todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino. El Estado argentino no va a expropiar medios de comunicación. El Estado argentino no va a estatizar medios de comunicación. El Estado argentino va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información en los medios de comunicación en la república argentina. 7 D de diciembre, de diversidad, de Democracia.

Clarín es un grupo empresario nacional e independiente con 67 años de trayectoria en el país, con 17 mil empleados y más de $ 20 mil millones invertidos acá. Sus herramientas han sido y son la ley y la Justicia. Su compromiso con las instituciones democráticas, su denuncia frente a las actitudes autoritarias, el ejercicio del rol constitucional de informar y de expresarse sin la tutela oficial, lo han llevado a ser estigmatizado y perseguido por este Gobierno a través de todo el aparato del Estado, que ya lleva más de 450 acciones directas e indirectas contra el Grupo. Si el próximo 7/12 el Gobierno avanza ilegalmente contra los medios del Grupo, estaríamos ante una lisa y llana confiscación para silenciar uno de los pocos medios independientes que quedan en el país. Casi el único en el mundo audiovisual.


  El jueves 20 de septiembre de 2012 el sitio Diario sobre Diarios reseñó un artículo de la revista mexicana Proceso plagado de falsedades: “La confrontación abierta entre el Gobierno y el holding de medios más poderoso de Argentina entra en la cuenta regresiva”, publicó la revista mexicana Proceso en un extenso artículo en el que se analiza el conflicto entre el Ejecutivo nacional y el Grupo Clarín a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la publicación mexicana, a partir del 7 diciembre el multimedio “se verá obligado por la ley a desinvertir en muchas áreas donde ejerce una posición monopólica o dominante” y en función de ello “deberá afrontar una reducción drástica: se estima que podría llegar a ceder 236 de sus 264 licencias actuales”. La revista Proceso sostuvo que “la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) revocará las licencias que excedan el cupo legal establecido para cada área” y agregó que la “aplicación plena” de la normativa limitará “severamente la estrategia de negocios de Clarín y su capacidad de influir en la opinión pública argentina”. En ese sentido, señaló que a través de una “ingeniería de medidas cautelares” el holding consiguió dilatar “el artículo que promueve la desinversión en los casos de monopolio”. Además, indicó que el Grupo Clarín controla 301 empresas, lista que incluye “medios gráficos, televisivos y radiales, así como la operadora de televisión por cable Cablevisión –que incluye al proveedor de Internet Fibertel–, editoriales e imprentas, productoras de televisión, compañías de telecomunicaciones y servicios de correo”. En relación a su nivel de ingresos, se difundió que la facturación anual del grupo “asciende a 6 mil 700 millones de dólares –2 mil millones de dólares más que Televisa-” según datos de 2010. Entre los diversos temas abordados, la revista señaló como el más relevante el desenlace de la “batalla judicial” por el control de Cablevisión, “nave insignia del consorcio de medios” por facturación e influencia, que “moldeará de manera decisiva la gobernabilidad futura del país”. Cablevisión, adquirida en 2006 y fusionada con Multicanal en 2007, le aporta al Grupo el 60% de sus ingresos, en torno a los datos publicados. Pese a la autorización inicial del Gobierno, finalmente el 4 de marzo de 2010 fue anulada la fusión entre ambas prestadoras de televisión por cable, lo que dio inicio a la “batalla judicial por el control de la empresa”, que definirá la Corte Suprema de Justicia.

El Grupo Clarín jamás fue consultado para la nota de la revista Proceso, lo que queda en evidencia por sus errores y su visión unidireccional, afín al discurso oficial. Sólo para muestra bastan los párrafos reproducidos por DsD: el Grupo no factura 6.700 millones de dólares sino 2.360 millones, un tercio de eso. El Grupo tampoco tiene 236 licencias. Posee a nivel nacional 11 licencias de radiodifusión en total (7 de radio y 4 de televisión), menos que la mayoria de los grupos que ya deberían haberse adaptado y no lo han hecho. Cablevisión es un servicio que no ocupa espectro radioeléctrico. Opera a través de 158 licencias locales, muchísimas menos que las que cubren DirecTV o las telefónicas (que dan video e Internet al igual que Cablevisión), y que brindan servicio en las 2.200 localidades de la Argentina. Esta discriminación arbitraria es una de las razones por las que la ley está objetada en la Justicia. Otra es la restricción a la producción de señales audiovisuales, pese a que no usan espectro y amplían la diversidad, como lo demuestran las coberturas de TN silenciadas por la mayoría de los canales. El Grupo Clarín no controla 301 empresas, disparate que no se sabe de dónde sale: hubiera bastado consultar el website corporativo para chequearlo. Tampoco tiene posición monopólica ni dominante en ninguno de los mercados en los que opera, donde los competidores son mayores al promedio mundial. El artículo 161 no promueve la desinversión en los casos de monopolio, sino que desconoce retroactivamente licencias vigentes, en un caso único en el mundo. Lejos de una ingeniería de medidas cautelares, el Grupo Clarín cuestionó en la Justicia, como debe hacerlo cualquier ciudadano o empresa, la validez de una norma que vulnera sus derechos constitucionales. La cautelar acompaña ese juicio de fondo justamente para proteger los derechos mientras se discuten judicialmente. Ese es el sentido de las cautelares en cualquier ordenamiento jurídico. Finalmente, la fusión de Cablevisión fue autorizada por un dictamen favorable de los 3 miembros de la Comisión de Defensa de la Competencia. La operación siguió la tendencia mundial de la industria del cable para poder competir con las grandes empresas globales de telecomunicaciones de cara al "cuádruple play". De hecho, el market share de Cablevisión en Argentina es menor al de los principales operadores de cable de los principales países del mundo y la región. Finalmente, luego de que el Gobierno pretendiera desconocer lo que su organismo técnico había autorizado, la Justicia ratificó la vigencia de dicha fusión.


El lunes 17 de septiembre de 2012 el Gobierno oficializó la candidatura del diputado Martín Sabbatella -aliado del ultrakirchnerismo- para conducir el AFSCA, ente que regula a los medios audiovisuales. A continuación algunas de sus manifestaciones erróneas o falaces respecto del Grupo Clarín y la ley de medios.

  A raíz del fallo de la Corte Suprema, el 23 de mayo del 2012, el diario Página 12 le realizó una entrevista a Martín Sabbatella, en ella el diputado utilizó un dato falaz que ya había sido repetido por distintos miembros del oficialismo. “Una parte sustancial de este paso está trabada por la medida cautelar que consiguió Clarín en diciembre de 2009 y que le permite concentrar centenares de licencias de radio y televisión, en desmedro de la libertad de expresión y del derecho a la información.”

Clarín tiene 11 licencias de radiodifusión (7 de radio y 4 de TV), muchas menos que gran parte de los grupos que deberían haberse adecuado como máximo el 28/12/11 -según dijo la Corte Suprema- y a los que el oficialismo les canjea el incumplimiento por disciplinamiento editorial. Cablevisión presta servicio en 158 localidades frente a las 2.200 de DirecTV. El derecho a la información se afecta cuando 4 de los 5 canales abiertos y 6 de las 7 señales de noticias deciden no informar acerca de una manifestación pública como la del jueves pasado, por depender del Gobierno.

  El 25 de junio del 2010, Martín Sabbatella le concedió una entrevista al diario Página 12 en la sostuvo que “la reglamentación de la ley de medios debe ser participativa”, por lo que es necesario que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual “convoque a la elaboración participativa de normas, a fin de avanzar en la reglamentación de la ley de medios”.

La reglamentación de la ley de medios, lejos de ser participativa, se dio a conocer por el PEN de un día para el otro. La AFSCA que se sancionó como promesas de neutralidad y solvencia técnica, fue de entrada un organismo militante, integrado por políticos en actividad, y jamás integró a la oposición.

  El 14 de abril del 2010, el diario Ámbito Financiero, informó que Martín Sabbatella convocó a una marcha hacia los Tribunales para reclamar por la ley de medios. En un comunicado, el espacio político de Sabbattella sostuvo: "Ahora, los que se beneficiaron con aquella norma de la dictadura, concentrando medios y hegemonizando la palabra, quieren impedir que se implemente la ley votada en democracia a través de maniobras con jueces afines. La democratización de los medios -para que haya más voces y más libertad de expresión- molesta al interés de los grupos concentrados que crecieron y se enriquecieron con el marco 'legal' de la dictadura”.

Clarín no creció en el mundo audiovisual con el marco legal de la dictadura sino de la democracia. Su acceso a Canal 13 fue tras haber ganado una licitación y concurso públicos, y luego de la reforma de la ley de radiodifusión en 1989. Las “nuevas voces” que nacieron en los últimos 3 años son las de empresarios K, contratistas de obras públicas, energía o juegos de azar, o la colonización de medios existentes a través de la pauta oficial y los aprietes regulatorios. Hoy el 80% de los medios audiovisuales están controlados por el Gobierno.

  El 27 de agosto del 2009, el entonces diputado Martín Sabbatella intentaba dar a entender que la ley de medios no se sancionaba contra un grupo mediático. "Hay que sacar del debate cualquier confrontación puntual con un grupo de medios [por el Grupo Clarín], y centrarlo en la necesidad de establecer los pilares de una comunicación democrática e inclusiva, que dé cuenta del enorme desarrollo tecnológico que existe en este campo”. Leer nota.

Parece que este objetivo de Sabbatella quedó pronto en el olvido. Toda la discusión e implementación de la Ley de Medios se hizo con un único objetivo: destruir a Clarín. De los demás grupos nadie habla. La prometida licitación de 220 canales quedó sin efecto, en lo que demuestra el enorme fracaso del relato oficial. Del censo de medios, ni noticias, luego de 2 años y medio. De licencias a medios comunitarios, ni hablar. En cambio, en la confrontación y el hostigamiento a Clarín, todos los días hay un nuevo capítulo. Ya suman más de 450 las acciones estatales y paraestatales contra el único grupo audiovisual que viene resistiendo a ser colonizado por el kirchnerismo.


  El 9 de septiembre de 2012, el programa Bajada de Línea, conducido por Víctor Hugo Morales, emitió un informe absolutamente falaz sobre Papel Prensa en el que la diputada Juliana Di Tullio aseguró que la participación de Clarín en la papelera “le significó convertirse en dueño de muchos de los diarios” a raíz de supuestas prácticas "extorsivas". En el mismo ciclo el conductor del programa, aseguró que “fue a través del fútbol y de Papel Prensa que Clarín construyó un inmenso imperio”.

La afirmación de la diputada carece de todo sustento. Al margen de Clarín, el Grupo lanzó tres diarios y adquirió participaciones en otros tres. Cuando Clarín ingresó como socio de los los diarios La Voz del Interior (Córdoba), Los Andes (Mendoza) y La Razón (gratuito), los tres se encontraban en perfecto estado económico y en un momento de expansión, y las operaciones resultaron muy rentables para sus vendedores. Los diarios Olé y Muy fueron fundados por Clarín. La frase del relator es igualmente insustentable. Ni Papel Prensa ni las transmisiones de fútbol fueron factores determinantes en el desarrollo del Grupo Clarín. Su articulación como multimedios siguió la tendencia internacional y se construyó en base a inversiones propias, a decisiones empresariales autónomas y al éxito de sus emprendimientos. Si la razón hubiera sido el papel o el fútbol, los otros socios de esos emprendimientos hubieran tenido una evolución análoga. Las inversiones del Grupo en los últimos 20 años superaron los 20 mil millones de pesos en el país. La gran mayoría de sus medios fueron creados por el Grupo, y los que fueron adquiridos, configuraron una operación muy conveniente para sus vendedores.


  El 4 de agosto del 2012 en el programa La Mañana, Víctor Hugo Morales hizo una extensa defensa de sus últimas difamaciones a Clarín y descalificó nuestra desmentida del día de ayer. Volvió a sugerir que Impripost maneja resúmenes de tarjeta de crédito, mencionó que su sueldo como periodista es un 30% menor al del CEO del Grupo Clarín según la AFIP y cuestionó la licitación del Plan Sarmiento que fue ganada por la empresa Prima SA: “¿Por qué no se presentaron Telefónica y Telecom? (...) Negocio extraordinario, divino (...) que le vendan las computadoras (…) Cada día uno le descubra más cosas (...) esta empresa de sociedad entre Clarín y Techint (...) esta mafia desmesurada (...) estos tipos tienen a todos los jueces y fiscales que ellos quieran (...) Magnetto en la AFIP gana un tercio más que yo nada más”.

En una larga alocución Víctor Hugo Morales intentó desmentir el disparate de ayer pero sin aportar ningún elemento concreto a ese fin. Como lo hemos dicho ayer la acusación de las tarjetas de crédito es falsa: mal que le pese al periodista, Impripost no ha tenido como clientes a tarjetas de crédito ni a bancos. Una vez más Morales buscó correr la atención del método de espionaje y persecución estatal que realiza el kirchnerismo respecto de cualquier persona que exprese una disidencia. Pero lo que llamó más poderosamente la atención del programa, es que el locutor manifestara conocer datos privados de un tercero (en este caso la supuesta remuneración de Héctor Magnetto) a través de la AFIP, siendo esta información confidencial y estrictamente personal. ¿Podría ser qué el Gobierno estuviera brindándole datos privados de ciudadanos al Sr. Morales para alimentar su enfermiza campaña contra quienes no repiten el discurso oficial? Respecto del pliego de la licitación por el denominado Plan Sarmiento del GCBA, cabe destacar que el mismo fue comprado por la empresa Telefónica. Hoy el servicio que reciben los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires es claramente superior y más económico que el que existe a nivel nacional. De hecho los alumnos tienen conexión a internet permanente, en el colegio, en su casa y en cualquier lugar de la ciudad dónde se encuentren, algo que no sucede con el plan Conectar Igualdad.


  En su obsesión por atacar a Clarín, Víctor Hugo Morales vuelve a utilizar, además de opiniones injuriosas, datos absolutamente falsos. Durante su programa La Mañana del 3 de septiembre de 2012 intentó dar a entender que el Grupo Clarín actúa como una agencia de inteligencia, y se refirió sin nombrarla a la empresa Impripost: “Miedo hay que tenerle a los que son dueños del papel. Miedo hay que tenerle a los que tienen nuestros resúmenes de las cuentas bancarias, tienen un montón de jueces y fiscales, los tienen a todos. Estos son los peligrosos”(…) “Tengan miedo a los Magnetto. Magnetto sabe cuánto gasté este mes, socio con Techint tiene todos los datos. La SIDE es un conjunto de tontos al lado del servicio de inteligencia que tienen”.

No por aberrantes, las afirmaciones del locutor dejan de merecer una clara desmentida. Primero, llama la atención que se quiera presentar como algo novedoso la existencia de Impripost, una empresa de impresión de la que el Grupo Clarín es titular del 50%, que existe desde el año 1999, que figura en su site institucional y en todas sus Memorias y Balances. En efecto, Impripost (www.impripost.com.ar) es una de las empresas de impresión variable más modernas, seguras y confiables de Latinoamérica y jamás ha sufrido denuncia alguna por sus actividades. Llama aún más la atención cuando -en el colmo del disparate- Víctor Hugo Morales da a entender que esta empresa imprime resúmenes de tarjetas de crédito, cuando nunca lo ha hecho. La desmesura de afirmar que Clarín tiene una SIDE paralela, cuando sus principales directivos y periodistas se encuentran entre las principales víctimas de dicha oficina estatal, cuando sus correos electrónicos y teléfonos han sido violados e intervenidos, cuando se ha llegado incluso a espiar a sus familiares (todo lo cual ha motivado a numerosas denuncias judiciales), es casi insultante y roza el mal gusto.


  El 29 de agosto de 2012 Eduardo Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de La Salada, se apalanca en una falsa premisa para intentar instalar que el Grupo Clarín fue beneficiado por la pesificación del 2002: “la pesificación asimétrica, donde se licuaron deudas de las grandes empresas, entre ellas Clarín, para que la pague el pueblo”.

La falsa imputación de Castillo resulta oportuna para volver a desmentir un viejo mito que intentó construir el menemismo cuándo pretendió volver al poder en el 2002, y que luego repitió de manera oportunista el kirchnerismo para atacar a Clarín. El Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país. Por ello, lejos estuvo de cualquier pesificación o licuación de deuda. En otras palabras: en pocos días, su deuda se multiplicó por cuatro mientras sus ingresos se mantenían en pesos y además se reducían por efecto de la recesión. Esa deuda se renegoció y se restructuró de manera enteramente privada, con sus acreedores internacionales, con los que se llegó a sendos acuerdos de refinanciación a fines del 2003. Esos acuerdos fueron cumplidos con recursos propios del Grupo Clarín.


  El 21 de agosto de 2012 el periodista Alejandro Civisqui fue entrevistado por Víctor Hugo Morales en su programa “La Mañana”. Utilizando un discurso de tono militante a favor del gobierno nacional, Crivisqui dijo que fue censurado por Cablevisión en la provincia de Formosa ya que pensaba pasar un video que desmentía un informe de Telenoche: “Ellos pensaban que yo iba a sacar la segunda parte del informe, y fui levantado de Cablevisión. No fui yo, fue la TV Pública de Formosa levantada, sacada de la grilla. Porque tanto Clarín como Jorge Lanata siguen pensando con la misma matriz ideológica de la dictadura y el neoliberalismo”.

Cablevisión informó en un comunicado que entre la noche del jueves 16 de agosto y la mañana del viernes 17, la señal de Canal 11 Lapacho TV (Sintonía 9) dejó de ser recibida por Cablevisión, lo que obviamente impidió su retransmisión a nuestros abonados durante ese lapso. No es la primera vez que la recepción de dicha señal se ve interrumpida, imposibilitando a Cablevisión su distribución, lo que fue informado en pantalla por la empresa. Pese a tratarse de razones técnicas, Cablevisión se pusó en contacto con Canal 11 Lapacho para ofrecerle retransmitir la programación que fuera emitida en ese lapso horario, ya sea de manera integral como de sus programas individualmente. Debe tenerse en cuenta, además, que como la señal de aire de Lapacho TV es de baja calidad, Cablevisión Formosa había ofrecido y acordado con dicho canal su recepción por satélite para mejorar la misma. Esa recepción satelital fue la que se interrumpió el jueves. Luego Cablevisión comenzó a emitir la señal tomada del aire, de calidad inferior.


  En el programa La Mañana del 16 de agosto de 2012 Víctor Hugo Morales intentó instalar la idea de que el paro convocado por el gremio de los canillitas para el fin de semana del 18 al 19 de agosto es un paro contra el diario Clarín.

La afirmación es falsa. El paro de canillitas involucra a todos los diarios y revistas de Buenos Aires.


  El 16 de agosto de 2012 en el programa La mañana, Víctor Hugo Morales intentó defender la expropiación de Ciccone y las acusaciones contra Amado Boudou vinculando al Grupo Clarín con la competidora de Ciccone Boldt: “de todas maneras podrían haberlo pensado antes cuándo tomaron la decisión política de traer nuevamente a la palestra a Ciccone para que no fuera Boldt, la empresa particularmente ligada al Grupo Clarín, la que se quedase con todo este tema”.

Nuevamente Víctor Hugo intenta instalar, la idea fantasiosa de que el Grupo Clarín y la empresa Boldt son socias. Como ya se dijo anteriormente y por más que le pese a Víctor Hugo, esta sociedad no sólo no existe, sino que las firmas son competidoras. (Ver disparate del 7 de junio).


  El 15 de agosto de 2012 el periodista Enrique Vázquez en el programa La otra mañana de Radio Del Plata agregó argumentos falaces a los ya esgrimidos por el Grupo Vila-Manzano para justificar la intervención del juez mendocino Walter Bento en la empresa Cablevisión, al decir que “El Grupo Clarín en Mendoza no tiene ni Cablevisión ni Fibertel, tiene otra compañía también monopólica. (…) Contra esa empresa (…) es que actúa el juez”.

El Grupo Clarín no tiene ninguna compañía de cable, televisión o internet en la provincia de Mendoza.


  El 13 de agosto de 2012 el grupo Vila-Manzano publicó una solicitada en distintos medios plagada de mentiras sobre los motivos de la intervención a Cablevisión dispuesta por un juez de la provincia de Mendoza, donde Cablevisión no opera, y que tiene aceitados vínculos con ese grupo mediático. Los argumentos esgrimidos por el Grupo Uno son un verdadero disparate y no se coinciden con la realidad: “La justicia federal dispuso la intervención de Cablevisión por infracciones a la ley de defensa de la competencia”.

FALSO: En un disparate jurídico, un juez incompetente de Mendoza pretendió intervenir Cablevisión por una disputa comercial con otra empresa (Artear) en otra provincia (Salta). Un verdadero absurdo.

“Impidió la entrada del interventor, quiso recusar al juez y buscó magistrados afines en diferentes jurisdicciones”.

FALSO. Cablevision recibió al interventor en el piso 9 de su edificio. Cablevisión apeló la medida por ilegal y recusó al fuero mendocino por incompetente, como es su derecho. Tanto la justicia federal de Salta como la de Capital Federal se declararon competentes porque la disputa (que no es de Cablevisión) ocurrió en esa provincia, y porque Cablevisión está domiciliado en la ciudad de Buenos Aires.

“En abierta violación a la ley de defensa de la competencia, el Grupo Clarín consumó la fusión y pasó a controlar casi el 90% del mercado de la TV por cable en Capital Federal y el GBA y el 70% en todo el país”:

FALSO: La fusión fue aprobada por unanimidad por la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia y ratificada por la Justicia Federal. Cablevisión tiene una participación del 47% del mercado nacional (la cual redujo 4 puntos desde la fusión, producto de la dinámica competitiva). Este porcentaje es menor al market share en sus países de los principales operadores de cable del mundo. El propio Supercanal si tiene participaciones de mas del 90% en las localidades de Mendoza donde se encuentra.

“Concretada la fusión, la primera medida del Grupo fue manipular la ubicación de las señales en la grilla”.

FALSO: Cablevisión fue el primer cable en realizar un ordenamiento de la grilla por géneros. Lo hizo tras la fusión, y de manera integral el año pasado. Asimismo, Cablevisión mejoró sustancialmente la ubicación de las señales competidoras de TN, como Crónica TV, Canal 26 y C5N, pasándolas de los canales más altos a los más bajos. A su vez, la compañía incorporó señales oficiales de acuerdo a sus disponibilidades técnicas y contractuales, ya que la capacidad de la grilla analógica está completa desde hace años, con contratos vigentes. Así lo hizo en 2011 con Telesur, Paka Paka, IncaaTV y CN23. Las mismas se incorporaron al “paquete básico digital” que no es codificado, como marca la ley, y por el que no se paga abono.

“El abuso de posición dominante se tradujo en medidas predatorias en el mercado del cable”.

FALSO: Cablevisión fue la primera empresa de cable e Internet en tener tarifa nacional, lo que provocó que competidores, como las telefónicas, debieran adecuar sus precios para evitar abusos en el interior. Ninguno de los cables que adquirió Cablevisión en los 90 (cuando no era del Grupo Clarín) fue forzado a vender. Todo lo contrario: hacían cola para venderse y se llegaron a pagar por los mismos precios altísimos que no volvieron a repetirse. Asimismo, nunca hubo tanto dinamismo competitivo en el mercado de video y de banda ancha como el que se registra desde la fusión de Cablevisión, donde incluso hay jugadores que han crecido por encima del crecimiento de Cablevisión, tales como Telecentro o DirecTV.

“Adecuarse a ley de medios le permitirá al Grupo Clarín no ser un monopolio…”

FALSO: Clarín y sus medios están lejos de ser un monopolio. Por el contrario, compiten en mercados que tienen más jugadores que el promedio internacional. Hoy sus medios son de los escasísimos que sobreviven en la Argentina sin apoyo oficial, y eso es lo que el Gobierno quiere destruir, usando la ley de medios.

“No están en juego los puestos de trabajo”

FALSO: Desde la fusión Cablevisión amplió en 1200 personas su planta de empleados. Esto es así por el nivel de inversiones y prestaciones que brinda la empresa. Si se la desguaza y desarticula -como pretenden el Gobierno y Vila Manzano- no sólo no podrá competir con empresas globales como DirecTV o las telefónicas (que facturan 7 veces más que ella sólo en Argentina y muchas veces más a nivel global), sino que no tendrá la masa crítica suficiente para encarar el fenómeno de la convergencia de manera competitiva.

“Esta es una disputa donde nada tiene que ver el gobierno”.

FALSO: El Gobierno es copartícipe de este plan. Los millonarios negocios con que benefició a Vila-Manzano y las reuniones que estos empresarios vienen manteniendo con el jefe de Gabinete a los fines de diseñar este plan político y judicial para apoderarse de Cablevisión son una clara muestra de ello. La última de esas reuniones fue el miércoles de la semana pasada. El juez Bento fue salvado hace un mes por el kirchnerismo de manera escandalosa en el Consejo de la Magistratura. Con esta movida, Vila y Manzano le permitirían al Gobierno cumplir su objetivo de desguace de Clarín sin esperar a que la justicia defina la inconstitucionalidad de la ley de medios.

Leer la solicitada completa


  El 31 de julio de 2012, el diario Tiempo Argentino publicó una columna de opinión escrita por Santiago Aragón, presidente del directorio de AFSCA, en la que hace una interpretación falaz del fallo de la Corte Suprema. Aragón intenta dar a entender que la Corte puso como fecha límite el 7 de diciembre para que los grupos de medios desinviertan: “Hemos iniciado los procesos de adecuación para que el 7 de diciembre, tal cual lo ha estipulado la Corte, aquellos grupos de medios que infringen la Ley 26.255 tengan la posibilidad de operar acorde a lo establecido y eviten las sanciones previstas”.

Sorprende que el propio presidente del AFSCA distorsione el fallo de la Corte. El tribunal estableció que el 7 de diciembre vence la cautelar que suspende para el Grupo Clarín la aplicación del artículo 161. Esto no afecta en nada el juicio de fondo por inconstitucionalidad, que sigue su curso. Si a esa fecha el juicio de fondo no está resuelto, la propia Corte sostiene que se puede ampliar la cautelar si subsisten las dilaciones del Estado en el expediente. De todas formas, si el 7 de diciembre entrara a regir el artículo 161 para el Grupo Clarín, comenzaría a correr allí el plazo de un año que establece la reglamentación, año con el que cuenta el Grupo Clarín para obtener una sentencia de inconstitucionalidad. Otra interpretación falaz que hace Aragón sobre el fallo de la Corte, es que el 7 de diciembre es la fecha límite para que el resto de los grupos mediáticos se adecuen a la ley. La Corte dijo que para el resto de los medios que no acudieron a la Justicia, la desinversión del art. 161 debería haberse efectivizado el 28/12/2011. Fue el mismo Gobierno el que ilegítimamente postergó los plazos a través de la res. AFSCA 901/12, de hace unos días. Pareciera que la interpretación que Aragón hace del fallo de la Corte desnuda la verdadera intención del AFSCA y del Gobierno, que es ir contra el Grupo Clarín.


  En sus habituales ataques al Grupo Clarín, el día 27 de julio de 2012 Víctor Hugo Morales volvió a elaborar una conjetura que está desmentida por los hechos. Según el periodista, cuando el Grupo Clarín comenzó a cotizar en Bolsa, no brindó la misma información a sus inversores extranjeros que a los nacionales: “Lo que hicieron afuera, Agustín, supongo que le consta, es aclarar que todavía no tenían todo atado, cosa que no aclararon aquí. Afuera lo hicieron porque sabían perfectamente que se exponían. Ellos sabían que lo iban a conseguir de todas maneras con el poder de lobby y con el poder de presión de Clarín. Pero por las dudas se curaban en salud y afuera decían lo que aquí no aclaraban”.

El mismo prospecto de emisión de acciones del Grupo Clarín dónde están detalladas en extenso la situación jurídica, societaria y regulatoria de todas sus empresas, las aprobaciones administrativas (resueltas y pendientes) así como los riesgos económicos, políticos, jurídicos y regulatorios, fue utilizado tanto en el exterior como en la Argentina. Se trata de un documento presentado tanto en la Bolsa de Londres como en la de Buenos Aires y en la Securities Exchange Commission de los EE.UU.


  Durante un acto realizado el 25 de julio de 2012 en la Casa Rosada y mientras sostenía una edición del diario Clarín, la presidenta Cristina Kirchner lanzó acusaciones falsas contra el Grupo Clarín que luego fueron repetidas y exageradas por el periodista oficialista Víctor Hugo Morales. La presidenta dijo: “A partir del 18 de octubre del 2007, poco antes de que se estatizaran los fondos de las AFJPs, todas, absolutamente todas las AFJPs, compraron más de 25 millones de acciones a un promedio de 23,85 por ciento del Grupo Clarín (...) Pero esas acciones se compraron por 609 millones; hoy, sólo valen 200 millones. Porque a los pocos días de valer 23,85, de ser cotizadas, pasaron a valer 7”.

La afirmación de la presidenta y del periodista ya fue desmentida varias veces. El Grupo Clarín reitera, como ya lo hizo en 2010 ante una difamación similar de un funcionario, que la salida de parte de su capital a la Bolsa se realizó en estricto cumplimiento de todas las normativas nacionales e internacionales, y fue aprobada tanto por la London Stock Exchange como por la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, precisamente con la firma de entonces vicepresidente y actual titular de dicho organismo, Alejandro Vanoli. La colocación se realizó en un 80% en el exterior y a inversores internacionales, cuya demanda fue el factor determinante en el precio de las acciones. Cabe destacar que esa demanda superó en más de tres veces la cantidad ofertada, lo que revela el interés por la acción. Desde entonces, todos los indicadores de la compañía han sido satisfactorios, revelando una gestión operativa y financiera a tono con los más altos estándares de la industria a nivel mundial, con inversiones por más de 5100 millones de pesos y 4000 nuevos puestos de trabajo. Es más, luego de su salida a la Bolsa el 18/10/07, la acción del Grupo subió en pocos días un 12%. La misma mantuvo una tendencia positiva por varias semanas, que recién se interrumpió en diciembre con la crisis global de los mercados, que afectó a todas las compañías cotizantes. Las razones por las cuales el precio de las acciones se ha visto afectado en los últimos años las conoce muy bien el Gobierno Nacional. Una afecta a todas las empresas que operan y cotizan en el país, y es el deterioro del clima para las inversiones y de la seguridad jurídica en la Argentina. La restante no es otra que la brutal y obsesiva campaña del Gobierno contra el Grupo Clarín, un acoso nunca visto en democracia. Una matriz de hostigamiento económico, administrativo y regulatorio que desde 2008 se viene desplegando sistemáticamente contra la compañía, y que ya acumula más de 450 acciones estatales y paraestatales.


  El 23 de julio de 2012 la presidenta Cristina Kirchner aprovechó un acto político para atacar a los medios e imponer una interpretación arbitraria del fallo de la Corte Suprema según el cual, el 7 de diciembre de este año el Grupo Clarín se va a ver obligado a desinvertir y comenzará a ser aplicable la ley de medios: “será la fecha en que finalmente deberá cumplirse de una buena vez por todas, señores, la ley de medios en la República Argentina, de modo tal que haya multiplicidad de voces, mayor democracia y cumplimiento de la ley”.

La interpretación que la Presidenta hace del fallo de la Corte Suprema es claramente opuesta al mismo. Los abogados del Grupo Clarín explicaron que si en diciembre no esta resuelta la causa de fondo por las inconstitucionalidades de la ley de medios, la misma Corte prevee alternativas para proteger los derechos afectados, como una ampliación de la cautelar. Además del propio plazo de un año del art. 161, cuyo cómputo en el peor de los casos se iniciaría entonces y del que dispone también Clarín para obtener una sentencia en la demanda principal.


  El 15 de julio de 2012 el senador Aníbal Fernández publicó en su blog un proyecto de ley relativo a la grilla de Cablevisión. Allí se incluye un comentario hecho por el mismo senador en el que acusa a Cablevisión de un hecho falaz: el de no incluir a determinados canales en su grilla: “ignora la obligación de incluir en su programación las señales CN 23, Paka Paka, Telesur e INCAA TV”.

El proyecto de ley impulsado por el Senador Fernández desconoce que Cablevisión fue el primer cable en realizar un ordenamiento de la grilla por géneros. Lo hizo en 2008 tras la fusión, y de manera integral el año pasado. Durante el 2011, la compañía incorporó las señales oficiales Telesur, Paka Paka e Incaa TV y la paraoficial CN23, de acuerdo a sus disponibilidades técnicas y contractuales, dado que la capacidad de la grilla analógica está completa desde hace años, con contratos vigentes. Las mismas están disponibles en el servicio digital. Aquellos clientes que deseen ver estas señales pueden hacerlo contratando el “paquete básico digital” que no es codificado (tal como lo indica la ley), y por el que no se paga abono mensual.


  El 11 de junio de 2012 el periodista Eduardo Aliverti publicó una columna en el diario Página 12 titulada “De periodistas e ilusiones” en ella hizo referencia al Grupo Clarín y basándose en información falsa dijo: “¿Quién habría ocupado el lugar opositor de Clarín & Cía. si el Gobierno no le achuraba al grupo alrededor de un tercio de su facturación, a través de estatizar las transmisiones de los partidos del fútbol local?”.

En primer lugar cabe aclarar que el Grupo Clarín no “ocupa el lugar de opositor” del Gobierno, sino que es el Gobierno el que elige a la prensa independiente como su enemiga. Por otro lado, la afirmación que hace Aliverti sobre el porcentaje de los ingresos que las transmisiones del fútbol representaban para el Grupo Clarín es insólita. Las transmisiones del fútbol representaban para el Grupo Clarín menos del 5% de sus ingresos, no un tercio (equivalente al 33%), cómo intentó instalar Aliverti.


  El 7 de junio de 2012 Victor Hugo Morales fue entrevistado en el programa “Guetap” por Reynaldo Sietecase. Durante la entrevista Morales dio a entender que el Grupo Clarín mantiene una sociedad con la empresa Boldt y que por eso tiene intereses en la investigación que se lleva a cabo sobre el vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. También agregó que el fiscal Rívolo no debió haber dado una entrevista en TN “dado que TN es la denunciante de este caso y tiene intereses en juego”.

Las acusaciones son inauditas. El Grupo Clarín nunca mantuvo una sociedad con la empresa Boldt. Más aún, la imprenta AGL, de la que el Grupo Clarín es socio en un 50%, compitió en forma directa con la empresa Boldt por la adjudicación de la licitación para imprimir las boletas electorales de las elecciones primarias y generales en el año 2011 en la provincia de Santa Fe. La provincia decidió darle a Boldt la impresión de las boletas para las elecciones primarias y a AGL la impresión de las boletas para las elecciones generales. Cuando se presentaron a concurso, AGL ofreció por las dos elecciones la mejor cotización, pero el gobierno decidió separar la impresión de las boletas de ambas elecciones, dándole a Boldt la impresión de las boletas para las elecciones primarias y a AGL las de las generales. Esto comprueba que no sólo AGL y Boldt no son socios, sino que Boldt es competencia directa de AGL. Leer decreto


  El día 15 de mayo de 2012 en el programa radial La Mañana, la periodista Cynthía García aseguró que la empresa Expoagro, de la que el Grupo Clarín participa, “factura anualmente 300 millones de dólares”.

El dato es completamente falso. Expoagro facturó en el año 2011 $22 millones y en el año 2010 $21 millones. Estas cifras difieren totalmente con las expuestas por García y representa menos del 0,3% de la facturación del Grupo Clarín.


  El día 15 de mayo de 2012 Gabriel Mariotto, ex titular del AFSCA y actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, aseguró en una entrevista con Alejandro Fantino que el Grupo Clarín, a través de Cablevisión, utiliza 300 licencias para la distribución del cable. También dijo que Cablevisión llega al 65% del territorio nacional y dio a entender que en la década del 90 el Grupo Clarín a través de Cablevisión tuvo la intención de “someter y fundir” a los cables del interior. Estos datos fueron repetidos reiteradas veces por periodistas “militantes” y funcionarios del gobierno.

Los datos son falsos. Cablevisión brinda servicio a través de 158 licencias en doce provincias, mucho menos que su principal competidor, DirecTV que llega a todo el territorio nacional y lo hace con una sola licencia nacional (pero cubriendo las 2200 localidades del país), lo que resulta discriminatorio. Respecto al crecimiento de Cablevisión durante la década de los 90, es importante recordar que en ese momento la compañía no pertenecía al Grupo Clarín, de modo que resulta absurdo sostener que pudo haber sometido o intentado fundir a los pequeños cables del interior, como sostuvo el Vicegobernador. En ese entonces Multicanal, que sí pertenecía a Grupo Clarín, era un cableoperador de menor escala que la actual Cablevisión. El crecimiento de Multicanal tiene un espaldarazo en 1998 con la compra del 50% de VCC y se consolida en el 2006 con la adquisición de Cablevisión. De los cableoperadores más pequeños comprados por Multicanal en esa época, ninguno estaba ni fundido ni cerca de fundirse. Es más, la compañía pagó por ellos altos precios en dólares producto de la puja competitiva entre la Cablevisión de entonces, VCC y Multicanal para ganar market share. Los precios que se pagaron en ese momento fueron récord histórico en valores por abonados. Los cableoperadores decidieron vender frente a la disyuntiva entre invertir de cara a la inevitable convergencia o monetizar el bien que poseían. Muchos optaron por vender y otros como Multicanal eligieron invertir y creer en el desarrollo del país. Nunca el Grupo Clarín presionó a ningún cableoperador para que vendiera. Es más, muchos de ellos ofrecían una y otra vez sus empresas tentados por las cifras millonarias en dólares en las que cotizaban. No hubo nunca una sóla denuncia por presiones en relación a este tema. Recién en el 2006 se lleva adelante la fusión entre Multicanal y Cablevisión, operación que fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y ratificada luego por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Es a partir de esa instancia que Grupo Clarín ingresa como propietario del 60 % de Cablevisión; el 40% restante pertenece al fondo de inversión Fintech. Operación similar a la que hicieron los principales cables del mundo, desde Estados Unidos hasta Chile, desde Colombia hasta Brasil. En relación con la venta del fútbol televisado (en la cual el Grupo Clarín participaba en un 50%), cabe destacar que jamás se le negaron estos derechos a nadie. De hecho, TyC Sports, el canal que televisaba el campeonato argentino, está presente en el 95% de los cables de nuestro país, más que ningún otro canal nacional. Los escasísimos cableoperadores que en determinado momento no ofrecieron fútbol en su grilla, no quisieron adquirirlo por una decisión comercial propia. La propia CNDC determinó que no había posición dominante en la venta del mismo.


  El 14 de mayo de 2012 Víctor Hugo Morales es entrevistado por Matías Martín en su programa “Basta de Todo”. Morales intentó instalar una especie de complot por parte del Grupo Clarín contra la sociedad argentina en su conjunto y sin ningún fundamento ni pruebas lo acusó de “robar”: “Roba a los clientes de Cablevisión a los cuales tendría que cobrarles muchísimo menos porque tiene una cuestión de control monopólico. Roba todos los meses, todos los días, miles de millones de dólares a su clientela. Roba en el negocio de la Ciudad de Buenos Aires cuando se queda con una licitación hecha a medida por el gobierno de Macri para poder ser el que vende las computadoras. Roba siempre en lugares donde ni siquiera tendría que estar presentándose a negocios, porque tendría que ser el control de los negocios”.

Las declaraciones del relator son calumniosas. Lejos de ser un monopolio, como las empresas de telefonía fija, Cablevisión compite siempre, en cada una de las localidades que opera, con una o dos opciones más de televisión paga y con servicios de video como los que lanzaron las telefónicas y otros proveedores internacionales, como Netflix. De hecho, tras la fusión con Multicanal en 2007, perdió participación de mercado pasando del 51% al 47%, fruto de la dinámica competitiva. En cuanto al precio del servicio de video que menciona el Sr. Morales el mismo está calculado en base a los costos de la programación, la tecnología y la mano de obra intensiva que implica brindar servicios de telecomunicaciones. Su evolución siempre ha sido menor a la inflación y está por debajo del promedio de valor de América Latina. No actualizarlo implicaría reducir la cantidad o calidad de nuestros productos. Respecto del precio forzoso y arbitrario que le quiere imponer desde hace años –sólo a Cablevisión- el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el mismo fue dejado sin efecto por fallos de Cámara de la Justicia Federal, por ilegal y discriminatorio. Respecto del Plan Sarmiento, la empresa Prima S.A. (una subsidiaria de Cablevisión) resultó ganadora de una licitación pública de la cual participaron las principales empresas de telecomunicaciones del país. El proyecto dura 5 años, y los valores son menores a los que, por un servicio análogo, brinda el Gobierno Nacional a través del programa Conectar Igualdad. La compañía brinda servicios de conectividad tanto en las escuelas como en los hogares de los alumnos y docentes, proporcionó netbooks para los alumnos y notebooks para los docentes, ofrece soporte técnico con un call center especializado y da garantía en caso de robo, extravío, rotura o reposición.


  El 5 de marzo de 2012 en su programa de radio La Mañana, Víctor Hugo Morales aseguró que luego del accidente de trenes en Once “el nombre Cirigliano (propietario de TBA) no aparecía en Clarín” y daba a entender que existía un acuerdo entre Clarín y TBA para que el diario no hablara de los directivos de la empresa a cambio de que el diario La Razón pudiera repartirse sin problemas en los trenes.

La afirmación se desploma con sólo leer el diario. El 23 de febrero, un día después de que sucediera el accidente, el diario Clarín publicó un informe titulado “Promesas incumplidas en una línea con vías y vagones de más de 50 años” y otra nota titulada “La Cámara define si Cirigliano va a juicio oral por las dádivas a Jaime”. Ambas notas hablan de la empresa TBA y de sus directivos. La primer nota, está ilustrada con una foto de Cirigliano y está acompañada por un perfil de la empresa. Lo llamativo es que desde el accidente de Once hasta el día en que Morales hizo esta afirmación salieron publicadas en Clarín numerosas notas sobre la empresa TBA y sus dueños. Estás notas siempre fueron acompañadas de perfiles y fotos de los directivos. Sólo por dar algunos ejemplos se pueden resaltar las siguientes notas: “Dueños de un emporio” publicada el 24 de febrero, “Los Cirigliano un grupo que creció con Menem y con Kirchner” publicado el 27 de febrero o “Los vecinos del Oeste “presos” de los micros de los Cirigliano” publicada el 28 de febrero.


  El 20 de octubre del 2011 Víctor Hugo Morales aseguró que recibió de parte del AFSCA un documento en el que se aseguraba que el Grupo Clarín tiene 800 medios en todo el país: “No podía salir de mi asombro. Había 34 carillas y pongan cada línea que, que iba sobre las carillas es un medio. Después supe que son 800 los medios y empresas, yo creí que eran 300”.

La afirmación está muy lejos de la realidad. Todos los medios que pertenecen al Grupo Clarín son de público conocimiento. El Grupo posee 11 licencias de radiodifusión, de las cuales 4 son de televisión abierta y 7 de radio, menos que gran parte de los grupos que hoy deberían adecuarse a la ley. Estas son las únicas licencias que usan un bien limitado, como el espectro radioeléctrico. El cable no es radiodifusión porque no usa espectro. Las licencias de cable no tienen restricciones físicas y cualquiera puede acceder a ellas. Cablevisión brinda servicio a través de 158 licencias en 12 provincias, muchas menos que DirecTV o Telefónica-Telecom, por ejemplo, que llegan a 2.200 localidades en las 24 provincias, con televisión, telefonía e Internet en paquetes combinados, cosa que a nosotros no nos permiten. Y lo hacen con una sola licencia nacional, lo que resulta discriminatorio. En el mundo, tanto el cable como Internet tienen licencias nacionales. Además, el Grupo produce 6 señales de cable y edita 7 diarios y 4 revistas, mucho menos que la mayoría de los multimedios alineados y subvencionados por el Gobierno.


  Ante la visita al país de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el 2 de agosto de 2011, el periodista Victor Hugo Morales sostuvo que en el mundo no existe ninguna fábrica de papel que pertenezca a empresas editoras de diarios y que el caso de Papel Prensa, cuyos socios mayoritarios son Clarín y La Nación, es un caso único en el mundo.

La tesis no se corresponde con la realidad. El caso de Papel Prensa no es un caso único en el mundo. Existen varias fábricas de papel para diario cuyos dueños son al mismo tiempo editores de diarios. Sin ir más lejos, comencemos por Argentina. Incluso antes de que Clarín, La Nación y La Razón ingresaran a la compañía, ya existía Papel del Tucumán, empresa cuyos dueños originales fueron diarios del interior agrupados en COOPAL y ADIRA. Papel del Tucumán fue creada con el único fin de producir papel para diarios. Tuvo el mismo esquema regulatorio e impositivo que Papel Prensa y fue pensada para producir 105 mil toneladas. Sin embargo nunca logró funcionar con eficiencia, fue vendida a otros socios como el Grupo Bridas, dejó de fabricar papel para diarios (para lo que fue promocionada) y lo reemplazó por papel obra (más rentable). Y finalmente quebró, dejando deudas impositivas y con el Banade por montos superiores a los 400 millones de dólares. Finalmente fue comprada por el Grupo Pierri en 14 millones de dólares y ya no produce nada de papel para diarios. Pero además, existen otros casos en Latinoamérica que refutan dicha aseveración. De las 7 plantas de papel para diarios que hay en esta zona, hay 2 que estuvieron o están en una situación similar a la de Papel Prensa:

  • En Brasil: Pisa, que hoy es de Norske, originalmente pertenecía a editores de diarios junto con el Estado de ese país.
  • En México: Pipsa, hoy del grupo editorial Organización Editorial Mexicana, y originalmente era del Estado mexicano.

Esta situación, no se limita a América Latina. Existen varios casos más:

  • The New York Times Company, editora del New York Times y el Boston Globe, posee acciones en dos empresas productoras de papel para diarios: Donohue Makbaie y Madison Paper Industries.
  • En 1974 la empresa Dow Jones Co., editora del diario de mayor circulación y ventas en los Estados Unidos, el Wall Street Journal, crea la papelera F.F. Soucy Inc., capaz de imprimir aproximadamente 250.000 metros de papel para diario.
  • El 70% del papel para diarios utilizado en Australia, es producido en las papeleras de Albury NSW y Boyer Tasmania. En 19990 las papeleras fueron adquiridas por la Australian Nesprint Mills que pertenecía en igual medida a la editora de diarios News Limited y a Fletcher Challenge Limited. Luego Fletcher compra su parte a News Limited y se la termina vendiendo a Norske.
  • En Estados Unidos está el caso de SP Newsprint Co., compañía que fue fundada y operada por las empresas Cox Enterprises, Knight Ridder y Media General (editores de diarios). SP Newsprint Co. opera en las ciudades de Dublin, Georgia y Newberg, Oregon. Por otro lado, Media General también tuvo otra planta para diarios: Garden State Paper´s.
  • Bowater Mersey Paper Company Limited pertenece en un 51% a Bowater Canadian Limited y en un 49% a Daily Herald Company, una subsidiaria perteneciente a Washington Post Company, empresa editora del Washington Post.

 


  El 8 de junio del 2011 el periodista Victor Hugo Morales intentó vincular la adopción de los hijos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, con crímenes de lesa humanidad y acusó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, de haber oficiado como cómplice de esos delitos. Morales fue más allá y se animó a arriesgar la pena que le caerían a los directivos de Clarín: “esos chicos vienen de espantosos asesinatos y de una apropiación indebida que de concretarse como un dato cierto significaría nada menos que 15 o 20 años de cárcel para Ernestina Herrera, para sus cómplices, entre los cuáles estaría fundamentalmente Magnetto”.

Las acusaciones de Victor Hugo Morales son calumniosas e injuriosas. La Justicia ratificó que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble no eran hijos de desaparecidos y que todas las conjeturas que se habían realizado sobre un supuesto delito eran falsas.


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